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POLITICA

Descubren una caja política vinculada al Ministerio de Justicia que maneja más de $100 mil millones sin supervisión

El ministro Mariano Cuneo Libarona aseguró que quiere desmantelar la controvertida caja de ACARA, un ente de “cooperación técnica y financiera” que emplea a la mitad del personal del Ministerio.

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En medio de la serie de escándalos de corrupción que sacudieron los medios recientemente, existe un caso en particular que se viene dando desde hace más de tres décadas y que está amparado por las leyes 23.283 y 23.412: se trata de los “entes de cooperación técnica y financiera”, creados para agilizar trámites ante los registros del automotor, pero que terminaron siendo una fuente millonaria de fondos para la política.

Uno de los más relevantes surgió a partir de un convenio firmado durante la gestión de Raúl Alfonsín entre la Secretaría de Justicia y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Según reveló Clarín, este acuerdo sostiene actualmente el funcionamiento del Ministerio de Justicia, que, seis meses después de asumir, el ministro Mariano Cúneo Libarona afirma querer desmantelar.

A pesar del deseo del Gobierno, esta no parece ser una tarea sencilla debido a que el Ministerio de Justicia depende en gran medida de los fondos administrados por ACARA. En este sentido, más de la mitad de los empleados en el área son contratados por el Ente Cooperador Acara y otros convenios, cuyos fondos provienen de los argentinos al realizar trámites de compraventa de vehículos.

Además de los gastos de personal, ACARA cubre viáticos, servicios de consultoría, alquileres, adquisición de bienes de consumo y otros gastos importantes, todo ello sin control ni rendición de cuentas más allá de la supervisión de una comisión fiscalizadora dependiente del Ejecutivo.

“Es un agujero negro, nadie sabe realmente en qué se gasta”, explica una fuente familiarizada con los manejos del ente, que también realiza contrataciones con cooperativas para servicios, universidades para cursos y productores para seguros. “Sin ACARA hoy el Ministerio no existe, no podría funcionar, pero lo vamos a desmontar”, aseguran fuentes cercanas a Cúneo Libarona.

De los 6.107 empleados en total, apenas 2.100 forman parte de la planta permanente del Sistema Nacional de Empleo Público. El resto se divide de la siguiente manera: 2.483 agentes (en marzo eran 3.042) bajo el régimen de ACARA y poco más de mil por convenios con otros entes.

Otro aspecto polémico relacionado con ACARA son los sobresueldos. Cuando Milei asumió el cargo, 113 empleados del Ministerio de Justicia de la gestión anterior recibían un extra en concepto de “incentivos”, sumando un total de $71.933.344,52. Es decir, fondos que se destinan discrecionalmente para aumentar los ingresos de empleados que ya reciben un salario del sector público.

En enero, durante la actual gestión, el número de beneficiarios se redujo a 69 empleados, con un total de $32.544.168. Sin embargo, en marzo, la cifra se mantuvo estable: $59.402.600 distribuidos entre 70 agentes. 

A raíz de esta situación, la Coalición Cívica, liderada por la diputada Victoria Borrego, presentó un proyecto para que los fondos de los entes cooperadores sean incorporados al Presupuesto y, en consecuencia, estén sujetos al control estatal, además de proponer derogar el artículo que permite el pago de “incentivos”.

Si bien el debate sobre la titularidad de las 1.558 oficinas de registros del automotor ha puesto al descubierto los negocios políticos, la significativa recaudación del Ente explica en gran medida por qué el sistema se ha mantenido durante las gestiones de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, los Kirchner e incluso Mauricio Macri.

La fuente de los fondos, principalmente, proviene de la venta de cada vehículo. Desde que Milei asumió el cargo el 10 de diciembre de 2023 hasta febrero de 2024, los ingresos del Ente ascendieron a cerca de 14.000 millones de pesos. Esta cifra exacta proviene de un pedido de acceso a la información pública al que tuvo acceso Clarín: $13.546.185.209,37. 

Se estima que la cifra superará ampliamente los 140 millones de dólares en el año, considerando que el Ente recaudó $52.179.397.106,17 en los dos años anteriores, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2023.

El sistema funciona como un verdadero monopolio: el ente suministra a registros de todo el país formularios, cédulas, sellos, emite chapas patentes, carpetas, hojas, placas y stickers, todo ello al precio fijado por el Ministerio de Justicia. Además, por ley, ACARA también puede establecer acuerdos con provincias y municipios para administrar bases de datos de infracciones, conexión en línea y recaudación en los registros automotores.

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ACARA, que agrupa a los concesionarios oficiales que optan por afiliarse (no es obligatorio), recibe una porción importante de los ingresos en concepto de administración: el 5 por ciento de todo lo recaudado. Aunque esta cifra es considerablemente menor que lo establecido por ley (10%), representa un aumento respecto al 3,5% fijado durante la gestión de Germán Garavano.

Esta cifra explica por qué ACARA asume un riesgo considerable al contratar a miles de empleados, cuando solo cuenta con unos 60 para gestionar su negocio principal.

Un amplio pedido de informes sobre el manejo de ACARA, solicitado por la Coalición Cívica y respondido por el Ministerio de Justicia, reveló que al asumir Javier Milei la Presidencia, 3.080 empleados del Ministerio de Justicia trabajaban bajo contratos con ACARA. Este número se ha mantenido relativamente estable en comparación con dos años antes, cuando había 3.281 empleados en esa situación.

Según Ricardo Salomé, ex presidente de ACARA, durante su gestión la entidad llegó a emplear “4.800 personas” exclusivamente para trabajar en el Ministerio de Justicia, en una intensa disputa de poder con el actual titular, Sebastián Beato.

Durante la gestión de Macri, un pedido de acceso a la información realizado por Clarín reveló que en julio de 2018 había 3.816 personas asignadas a pedido del Gobierno.

Es notable que incluso la Oficina Anticorrupción, encargada de velar por la ética y la integridad en la gestión, dependa en gran medida de ACARA para su funcionamiento: muchos de sus empleados son contratados a través de esta entidad.

A pesar de la controversia sobre la contratación de trabajadores privados en el sector público, esto puede tener un doble impacto negativo en las finanzas públicas: según fuentes oficiales, ha habido casos de personal despedido que recibió indemnización tanto de ACARA como del Estado.

POLITICA

La verdadera historia de Abdala, el senador de «la casta» que llegó al Congreso criticando prácticas que él mismo ahora defiende

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Feliz cumpleaños, Bartolomé Abdala. “Bartolo”, así apodan en su San Luis natal al senador nacional por La Libertad Avanza (LLA), presidente provisional del Senado, es decir, el tercero en la sucesión del Poder Ejecutivo, nació el 2 de septiembre de 1964. No celebró aún sus 60 años. Su familia le organizó un festejo sorpresa que empezará este domingo a las 13:30 en Granja María Luis, Las Chacras, San Luis. “Cumple sorpresa de BARTOLO, TE INVITAMOS”, dice el flyer enviado a no pocos amigos. Clarín no está arruinando la esencia del evento, la sorpresa para el agasajado. Ocurre que esa invitación, que debía ser “secreta”, se terminó viralizando. Desde que Abdala admitió esta semana en TN que tenía “15 asesores” con contratos pagos por el Senado de la Nación que trabajaban “en San Luis” porque “mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio”, se desató el escándalo en el oficialismo, y el enojo llegó al propio presidente Javier Milei, que intenta mantener el relato de que su Gobierno sobre su principio de combatir el despilfarro de “los políticos de la casta”, cada uno de los movimientos y los detalles de la vida de “Bartolo” tomaron dimensión nacional.

Los contratos de los asesores en el Senado de Abdala, en realidad, son veinte.

Su “sincericidio” provocó nuevas internas, que existían pero que permanecían “dormidas”, y las fuentes de información se multiplicaron respecto a la carrera del puntano.

Entre los veinte asesores de Abdala hay una mujer que se llevó el foco de la atención, y con razón. Se trata de Mariana Rodríguez Saá, hijo de Adofo Rodríguez, ex gobernador de San Luis, ex presidente efímero durante la crisis del 2001, y ex senador. Abdala es quien reemplazó al “Adolfo” en la Cámara alta tras la elección que llevó a Milei a la Presidencia.

La hija de Rodríguez Saá es solo una de las más decena de asesoras pagos por el Estado que Abdala deja que trabajen en San Luis. ¿Trabaja para Abdala Rodríguez Saá hija? Las fuentes de la política puntana, incluso la dirigencia afín a Abdala, reconocen que es difícil comprobarlo. Mariana Rodríguez Saá es empresaria, dueña de un importante patrimonio, y su paso incluso como empleada de cuerpo presente en el Congreso ahora está puesto en duda. Ella es accionista de la sociedad comercial de su familia llamada “Los Coros”. La firma controlaba una importante bodega de vinos en Mendoza, que fue vendida hace pocos años. Hoy, “Los Coros” es la propietaria de extensos campos en la provincia de La Rioja: uno tendría 40 mil hectáreas y el otro 10 mil.

La hija de Rodríguez Saá es el ejemplo más paradigmático de los asesores que Abdala heredó de quien es su primer jefe político, un representante nato de lo que Milei considera “la casta” que quiere combatir.

Abdala, que no publica su curriculum en la web del Senado, suele ocultar en los medios nacionales algo que en San Luis es imposible de esconder: él trabajó siempre políticamente para “el Adolfo”, fue durante un año su ministro de Deportes en la gobernación de su provincia, y buena parte de sus asesores son una herencia de éste último. Favores.

Javier Milei con el dirigente puntano Bartolomé Abdala.

Abdala insistió en TN en remarcar que consideraba que enviar a sus asesores del Senado a que le manejen “el territorio” para que él pueda llegar a la gobernación recién en las elecciones del 2027 estaba bien. “Pago la mía”, dijo en esas declaraciones que le generaron de inmediato problemas internos y también denuncias en la Justicia. Él explicó que dijo que pagaba los contratos para asesores para su supuesta campaña, algo prematura, con “la mía”, es decir, con su plata, era porque esos empleados son los que le abona con el presupuesto de que la Cámara alta le asigna a cada uno de sus 72 miembros. Cada senador nacional recibe por mes alrededor de 8 millones de sueldo propio, más otros 15 millones de pesos divididos en los llamados “módulos” que cada legislador reparte entre contratados pagándoles sueldos diferentes de acuerdo al número de personas que crea necesarios tener como consejeros legislativos. Para “Bartolo”, esos asesores en cuestiones parlamentarias pueden y deben ayudarlo “en territorio” para ambiciones políticas personales.

La polémica por sus dichos escaló de tal modo que el propio Milei le envió un mensaje velado en una de las tuits publicados en X.

El vocero del Presidente, Manuel Adorni, fue más directo. Cuando le preguntaron por Abdala, lo criticó: “Está mal y lo debe modificar”, dijo por sus multicontratos para campaña electoral en San Luis, y agregó: “Si alguien quiere hacer política, lo debe hacer con su bolsillo”.

Ahora se sabe, también, que Abdala incluso contrató a una de sus hijas como empleada del Senado. María Graciela Abdala. Los documentos a los que accedió Clarín demuestran que esa contratación fue pedida por el propio “Bartolo” en abril de este año. María Graciela Abdala no figura en el listado de asesores del senador porque él la reasignó en otra área de la Cámara alta.

Primero fue asignada a su despacho. Pero el 22 de agosto, en otro expediente interno del Senado, María Graciela Abdala fue “afectada” a la llamada Prosecretaria de Coordinación Operativa. Ese movimiento dentro de la Cámara alta de la hija de Abdala fue firmado por la Secretaria Administrativa.

Desde que habló en TN, “Bartolo” fue denunciado ante la Justicia por supuesta malversación de fondos públicos, y se actualizó además otra denuncia en su contra: un dirigente de San Luis le adjudica haber afiliado a gente fallecida para poder habilitar al partido libertario en la provincia, plataforma desde la que lanzó su candidatura exitosa al Senado.

“Bartolo” es acusado de ser un representante clásico de la “casta política”, un escenario que de acuerdo a su carrera política en San Luis no debería sorprender, al menos a quienes hacen política profesional en el territorio que desde 1983 hasta diciembre del 2023 manejaron con total control los hermanos Rodríguez Saá.

Abdala siempre trabajó junto a ellos, y sigue respondiendo con afinidad y lealtad a “El Adolfo”. Aliado de la vice Victoria Villarruel, cuando ésta última visitó la última vez San Luis, fue “Bartolo” quien la llevó a comer a la casa del ex senador y ex presidente.

Bartolomé Abdala, en una imagen de su cuenta de Facebook, en el Mundial de Qatar.Bartolomé Abdala, en una imagen de su cuenta de Facebook, en el Mundial de Qatar.

Por ahora, desde la Casa Rosada descartan expulsar a Abdala del bloque de LLA del Senado. Acaban de tomar esa decisión con otro senador que dejó de ser parte del oficialismo porque se opone la postulación de juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, y sobre todo, porque fue brutal en sus críticas al principal asesor de Milei, Santiago Caputo.

Abdala es un caso aun de mayor gravedad institucional porque no solo acaba de “hackear” el discurso “anti casta” de los libertarios, con énfasis, si no porque también fue elegido como presidente provisional del Senado.

¿Quién es el responsable de haber sumado a Abdala a LLA? La respuesta es más compleja aun debido a que una vez llegado al Senado desde el poder central se determinó que debía ser él quien ocupe el cargo de presidente provisional del cuerpo.

Abdala, además de militar junto a Rodríguez Saá, se desempeñó durante cuatro años como legislador provincial de Compromiso para el Cambio, y hasta fue el mismísimo Mauricio Macri quien lo eligió también para fundar el PRO en San Luis.

De profesión contador, Abdala fue también presidente de la liga de fútbol de San Luis.

Por orden de los Rodríguez Saá. En ese cargo tomó contacto y formó vínculo con el polémico dirigente Carlos Ahumada Kurtz, ex titular de Sportivo San Luis, cordobés de nacimiento, nacionalizado mexicano, prófugo de la Justicia de aquel país por sus posibles negocios con el narcotráfico, y denunciado en la Argentina en la trama inagotable del tráfico ilegal de la efedrina durante las gestiones presidenciales K.

Abdala dice ser hoy víctima de operaciones políticas en su contra. Se victimiza y deja trascender que él, en realidad, fue sincero y admitió una practica legislativa respecto a los contratados en la Cámara alta para la política que se extiende entre sus colegas como un secreto a voces.

Sus jefes libertarios no creen lo mismo. El funcionario de la Secretaria General de la Presidencia, al mano de Karina Milei, que se encarga de ampliar al partido LLA en las provincias, siempre con miras a las elecciones legislativa del año que viene es Eduardo “Lule” Menem. Fuentes del oficialismo contaron que “Lule” considera inaceptable el “sincericidio” de “Bartolo”. El otro dirigente libertario de San Luis que llegó al Congreso, pero a Diputados, es Carlos D’alessandro.

El espacio del oficialismo en esa provincia quedará ahora bajo mando de este legislador de excelente relación con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Las polémicas judiciales de Abdala llevan años. Siendo legislador provincial, fue también denunciado por una asesora de prensa que lo acusó de quedarse con parte de su contrato e incluso ella declaró que fue despedida porque se negó a tener un vínculo afectivo con él. Abdala lo desmiente.

¿Cómo es el desempeño legislativo de “Bartolo”?

De acuerdo a su propia página web de la Cámara alta, sus declaraciones respecto a los asesores que lo ayudan “en territorio” en San Luis son reales y concretas.

Bien asesorado, “Bartolo” después corrigió el error.

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