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Sturzenegger desembarca en el Gabinete: enviará al Congreso un proyecto para profundizar las desregulaciones

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El Gobierno quiere enviar al Congreso una ley para eliminar más de cien regulaciones luego del tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Según pudo saber TN, la mesa chica del Ejecutivo la llama “Ley Hojarasca”.

El proyecto es del expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger y sería su primer medida como futuro funcionario. Javier Milei le encomendó llevar a cabo la reforma del Estado, pero no está claro todavía si tendrá a cargo un ministerio o una secretaría de Estado.

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En la Casa Rosada sostienen que el nombramiento de Sturzenegger tendría que aparecer en los próximos días en el boletín oficial. La cartera que administrará se basa en el concepto de “Modernización y desregulación de la economía”.

Mantienen además que se encargará de lanzar reformas por decreto -más allá de enviar proyectos de ley- y que no tendría a cargo el manejo de las empresas públicas, que estaban bajo el organigrama del exjefe de gabinete Nicolás Posse.

El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, junto al futuro funcionario Federico Sturzenegger (Foto: Gobierno).

El nuevo titular del gabinete, el exministro del Interior Guillermo Francos, quiere desconcentrar algunas dependencias que tenía acumuladas Posse para poder profundizar en un rol más político y no administrativo. Es el encargado de llevar adelante las negociaciones con gobernadores.

Es por eso que en Balcarce 50 circula la posibilidad de que Sturzenegger concentre en su nueva dependencia secretarías y subsecretarías que dependen de jefatura de gabinete, como la cartera de Transformación del Estado y Función Pública.

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El futuro integrante del gabinete es el jefe de la mesa técnica del Ejecutivo, donde trabaja con el vicejefe de gabinete, José “Cochi” Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, para avanzar en la reestructuración del Estado.

Es una de las prioridades del Gobierno, que pone la mira en las facultades delegadas a Milei que se votarán dentro de la Ley Bases el 12 de junio en el Senado. El presidente estaría habilitado para modificar y eliminar organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o por decreto en caso de sancionarse.

El Gobierno pone la mira en las facultades delegadas a Milei que se votarán dentro de la Ley Bases el 12 de junio en el Senado (Foto: X @nachoviale).
El Gobierno pone la mira en las facultades delegadas a Milei que se votarán dentro de la Ley Bases el 12 de junio en el Senado (Foto: X @nachoviale).

El oficialismo ya tiene una lista de más de 80 organismos que quiere eliminar -como el INADI, el INAI, Télam y el INJUVE, entre otros- que buscará disolver si le habilitan la derogación de competencias, funciones, estructura jurídica y responsabilidades de cada ente.

La Casa Rosada espera además la sanción del capítulo que trata las normativas del empleo público en la Ley Bases. El artículo 52 propone que los empleados estatales puedan quedar un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados o finalmente indemnizados en caso de que su área quede desafectada.

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Otra reforma en la que trabaja Sturzenegger es el proyecto de la Ley Anticasta, que el oficialismo enviaría al Congreso en julio. Contiene la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente junto con la prohibición de la presentación a elecciones nacionales de personas condenadas por corrupción en segunda instancia.

Incluye además la penalización por ley al presidente, ministro de Economía, funcionarios del Banco Central, diputados y senadores que voten “aprobar un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria”, entre otros puntos.

Gobierno, Ley, Federico Sturzenegger, Javier Milei

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Guerra de negocios en Nacion Servicios y el BNA

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En abril se anunció hasta por el vocero presidencial la evolución del sistema SUBE, sin embargo, la empresa aún no conformó ni siquiera una mesa de trabajo para ejecutar el proyecto. Fuentes internas aseguran que no saben ni por dónde empezar y, mientras esperan, irían proyectando algunos negocios non sanctos.

“Están pensando seriamente en entregar SUBE a los bancos, tarjetas y billeteras, básicamente por esa idea libertaria de que el privado hace todo bien y el público es un inútil. Y de paso hacerse de grandes negocios”, deslizó una alta fuente local a REALPOLITIK.

El negocio de evolución -por no decir de entrega- de la SUBE es del orden de los 50 millones de dólares, aunque el potencial posterior es inmenso: esos dólares estarían comprometidos por empresas privadas a cambio del negocio, quienes además usarían a Nación Servicios SA como instrumento para evitar las licitaciones. Arrepentidos aseguran también que en el BNA utilizarían a los gerentes actuales de la empresa para que firmen y luego serían parte de una drástica reducción de autoridades. Se habla de por lo menos quinientas personas a despedir luego del casi cierre de SUBE.

En ese marco, siguen profundizando la desvalorización de Nación Servicios SA con casi todos sus negocios dando pérdidas. Hasta han perdido los beneficios de la ley de Economia del Conocimiento por errores administrativos, lo que significaría 1.500 millones de pérdida si no logran revertirlo con el recurso presentado ante el ministerio de Economía. 

En junio presentaron resultados en la empresa y pierden dinero casi todas las unidades de negocio, y las que no pierden en realidad constituyen una transferencia de recursos del estado a la empresa.

Ahora, en el mes de julio, el gerente General, Nicolás Callegari, intenta desesperadamente hacer ingresar a WorldPay SA en Nación Servicios como proveedor estratégico. La maniobra es tan polémica que puertas adentro del organismo deslizan que ni siquiera ha informado a los directores del negocio. De este modo, buscaría evitar un conflicto con otra empresa, que tampoco habría sido informada del tema. Se trata de un negocio de 20.000 millones de pesos o más para los próximos años de gestión. Sin facturas, sin órdenes de compra..

Para que ingrese la empresa que quiere Callegari, tienen que sacar a Global Processing SA y es casualmente en este punto donde se complican las cosas. Solo basta con analizar las referencias de los directores del BNA. Uno de ellos, Alejandro Henke, confirma en su CV que es socio de esa empresa. Otra autoridad del BNA, muy importante, también es accionista pero por lo menos no lo dice públicamente.

Los interrogantes son varios: ¿Por qué pasa esto? ¿Se trata de fuego amigo entre autoridades del BNA?  ¿Quién lo mandó a Callegari a sacarle el negocio de Global Processing? Todo es llamativamente extraño, aunque la explicación pareciera muy sencilla: el negocio es muy grande y los intereses de los directores del BNA no serían los mismos.

Finalmente, lo más caliente. Ya comenzaron los reclamos formales de Global Processing, ahora por la suma de 67 millones de pesos -aunque podría ser por muchísimo más- por incumplimiento de contrato a Nación Servicios. Contrato que, dicho sea de paso, firmó el mismo Callegari que hoy no lo cumple. 

Esta es una batalla que promete más conflictos en el seno libertario. Al parece, habrá varias batallas más, y ésto recién comienza. Lo que está claro es que ninguna batalla será para mejorarle la vida de la gente ni para ampliar derechos, sino para engrosar bolsillos propios. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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