POLITICA
Ricardo Gil Lavedra asumió en el Colegio Público de Abogados con críticas al gobierno de Milei por la postulación de Ariel Lijo: «Profundiza la desconfianza»
Ricardo Gil Lavedra, ex juez y ex viceministro de Raúl Alfonsín, asumió su segundo mandato como presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires con un fuerte discurso plagado de críticas al gobierno de Javier Milei, y también a la postulación del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema, sin nombrarlo.
En su discurso, Gil Lavedra apuntó contra la postulación de la Casa Rosada de Ariel Lijo para la Corte Suprema. «Hemos sostenido que los jueces de la Corte Suprema tienen que poseer una trayectoria y antecedentes personales y académicos incuestionables, que los pongan a cubierto de objeciones y sospechas, en una palabra: personas intachables. El proceder del Poder Ejecutivo no ayuda a recuperar la credibilidad en la Justicia, profundiza la desconfianza«, afirmó Gil Lavedra.
«No compartimos la decisión del Presidente de nominar a dos varones para integrar la Corte y en no dar debida respuesta a la gran cantidad de cuestionamientos que se han formulado en el procedimiento establecido en el decreto 222/2003. Es una regresión inaceptable tener una Corte integrada solo por varones», afirmó el exdirigente radical ante el público entre los que estaban el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, el exjuez Carlos Arslanian, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Inés Weinberg, el presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso; y la consejera de la Magistratura de la Nación Jimena de la Torre, entre otros.
«No es bueno que en la Argentina esté en discusión nada menos que quién hace la ley, uno de los presupuestos del régimen republicano. Tiene que quedar claro cuál es el alcance de esa potestad presidencial de dictar decretos con contenido legislativo. Lamentablemente, esta cuestión permanece irresuelta», destacó Gil Lavedra.
«La confianza en la justicia no esta bien en la Argentina. Los jueces son los guardianes de la vigencia de la Constitución. Los custodios de la existencia o no de una republica. pero su legitimidad depende exclusivamente de la confianza de los ciudadanos de que resolverán imparcialmente de acuerdo a la ley. Las decisiones de jueces sospechados siempre suscitaran suspicacias», destacó sobre la Justicia.
En otro pasaje de su discurso, Gil Lavedra sostuvo: «A los abogados no nos resulta indiferente que la Constitución Nacional se respete o no. Somos operadores del derecho, nuestra herramienta de trabajo es la ley. Somos auxiliares de la justicia. Los principios básicos de las funciones de los abogados de naciones unidas establecen que somos agentes fundamentales de la administración de justicia y que debemos velar por el funcionamiento del orden jurídico».
Y remarcó: «Hemos jurado fidelidad a la Constitución. Nos hemos comprometido a ser leales a ella, a custodiarla, a defenderla si es preciso».
Las críticas de Gil Lavedra a las facultades delegadas a Milei
«No es bueno que en la Argentina este en discusión nada menos que quien hace la ley, uno de los presupuestos del régimen republicano. Digo todo esto a propósito de la polémica acerca de las excepcionales facultades legislativas del Presidente de la Republica. Tiene que quedar muy claro cual es el alcance de la limitada potestad presidencial de dictar decretos con contenido legislativo», dijo Gil Lavedra.
«Lamentablemente esa cuestión permanece irresuelta hasta la fecha, lo que extiende un manto de incertidumbre en las relaciones jurídicas, perjudica la actividad de los abogados, la vigencia de la Constitución nacional y la seguridad jurídica», remarcó el presidente del Colegio Público de Abogados.
POLITICA
El Gobierno oficializó la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima
El Gobierno oficializó este lunes la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima, bajo la denominación de Carboeléctrica Río Turbio S.A., y habilitó la participación de capitales privados en su administración. La medida, dispuesta mediante un decreto del Poder Ejecutivo que se publicó esta medianoche en el Boletín Oficial, mantiene el control mayoritario del Estado Nacional, aunque allana el camino para una eventual privatización.
La flamante sociedad anónima estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y absorberá la operación del yacimiento carbonífero, los servicios ferroviarios y portuarios asociados, y la usina termoeléctrica de Río Turbio. Según se desprende de la publicación oficial, identificada bajo el decreto 115/2025, el Estado retendrá el 95% de las acciones a través de la Secretaría de Energía, mientras que el 5% restante quedará en manos de la Secretaría de Minería.
Reducción de subsidios y reestructuración laboral
Uno de los principales objetivos de la reforma, que lleva las firmas de Luis Caputo (Ministro de Economía) y Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) es reducir la carga que YCRT representa para el Tesoro Nacional. En ese sentido, se establece un plazo de 60 días para la presentación de un presupuesto 2025 que contemple una disminución progresiva de los aportes estatales, así como un plan de inversiones que garantice la operatividad del complejo minero y energético.
En el plano laboral, el decreto determina que los trabajadores de la empresa pasarán a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, lo que implica un cambio en las condiciones actuales de empleo. Además, en un plazo de 180 días deberá negociarse un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. A pesar de esta transición, el Gobierno aseguró que se respetarán los derechos adquiridos por los empleados.
El Estado absorbe pasivos y exceptúa a la empresa de controles administrativos
Como parte del proceso de transformación, el Estado Nacional asumirá la totalidad de las deudas acumuladas por YCRT hasta la fecha de conversión en sociedad anónima. Asimismo, el decreto establece que Carboeléctrica Río Turbio S.A. estará exceptuada de los procedimientos de contratación pública y normas administrativas, aunque seguirá sujeta a los controles de la Ley de Administración Financiera N° 24.156.
En diciembre, se conoció un informe lapidario de la Sindicatura General de la Nación sobre el funcionamiento de YCRT. Al cierre del tercer trimestre de 2024, YCRT tuvo un resultado económico negativo de $8728 millones pese a haber recibido fondos nacionales por $53.837 millones. Según la SIGEN, su déficit operativo fue de $62.565 millones en los primeros nueve meses del año. Según estimaciones del Gobierno, el déficit final de 2024 se ubicará entre los 80 y 100 millones de dólares.
Lugar para una eventual privatización
Si bien el decreto no implica una privatización inmediata, sí sienta las bases para que ello ocurra en el futuro. La Ley N° 27.742, aprobada recientemente, incluyó a YCRT dentro del listado de empresas estatales sujetas a privatización. En caso de que el Gobierno decida avanzar en la venta total o parcial de la compañía, deberá negociar previamente con la provincia de Santa Cruz. Con esta decisión, el Ejecutivo busca reducir el peso de la empresa sobre las cuentas públicas y hacerla más atractiva para la inversión privada, en un contexto de reestructuración del sector energético y de ajuste fiscal.
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