POLITICA
Corrupción con los alimentos: ya hallaron 26 comedores irregulares que recibieron comida
Un listado de 26 comedores y merenderos que no estaban validados pero recibieron alimentos por parte del ministerio de Desarrollo Social de Alberto Fernández, fue adjuntado al expediente que investiga diversas irregularidades en la distribución de alimentos secos como también en las transferencias bancarias realizadas para comprar comida.
Cuando el fiscal federal Ramiro González citó a prestar declaración testimonial al responsable de auditar el registro donde se inscribían los comedores y merenderos que recibían asistencia de comida y dinero, el funcionario reveló que un gran número de lugares que no contaban con la validación requerida obtuvieron ayuda económica y mercadería.
En el RENACOM se registraban los comedores que solicitaban alimentos secos. Según explicó el responsable de la auditoría ante la fiscalía, se detectaron aproximadamente 51.000 comedores preinscriptos, de los cuales sólo 4.000 estaban matriculados. Así, unos 47.000 quedaron para ser relevados, pero de ese universo se confirmó que a 20.000 comedores y merenderos se les venció la preinscripción.
Con la primera depuración de números realizada, el auditor puso otro recorte en el documento entregado a la fiscalía: cerca de 28.000 comedores son los que se continúan auditando y en muchos de los cuales se hallaron diversas irregularidades.
Como se dijo en estas semanas, muchos “no existían. Eso nos llevó a pensar que tal desorden, más que desorden era un sistema que no se debía controlar para que este tipo de asistencia continúe vigente”, señalaron desde el ministerio de Capital Humano.
La tarea que continuó fue el entrecruzamiento de las rendiciones de las entregas de alimentos secos que se remitían a las organizaciones sociales. “Así detectamos comedores que aparecen como inexistentes o no válidos, y que habían recibido alimentos secos”.
No fue lo único: “También hemos encontrado comedores que nos aparecen como inexistentes de organizaciones que recibían asistencia vía transferencia bancaria. Esto significa que cuando la organización suscribía un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social informaba comedores a los que asistía y en algunos casos nos han aparecido como inexistentes o no válidos en las auditorías”, dijo Héctor Calvente ante el fiscal González.
Lomas de Zamora, Quilmes, Moreno y José C. Paz
El ministerio aportó un listado -al que accedió Clarín– de 26 comedores que no están validados por diversos tipos de irregularidades pero que, durante el 2023, recibieron asistencia por parte del extinto ministerio de Desarrollo Social.
El espacio denominado “Alberdi”, recibió en agosto del año pasado 75 unidades de mercadería. Cuando el equipo dedicado a la auditoría fue a constatar el lugar, les informaron que hace dos años se encontraba cerrado.
A otro comedor ubicado en Ensenada, se le enviaron 543 unidades de mercadería en agosto pasado y los vecinos informaron al personal de Capital Humano que nunca funcionó un comedor en la dirección registrada en el RENACOM.
Otro de los ejemplos que consta en la planilla de Capital Humano es el de un comedor en Florencio Varela receptor de 2.400 unidades de mercadería. Los datos registrados -como la persona a cargo del lugar y la línea telefónica- resultaron inexistentes.
En José C. Paz ocurrió algo similar: un comedor recibió 2.851 unidades de mercadería el año pasado, “no se encontró la dirección, no contestan los llamados telefónicos”, se volcó en las observaciones.
Entre los casos consignados, se dio cuenta de otro comedor que responde a Libres del Sur en La Matanza. El ministerio de Desarrollo Social le envió 7.660 unidades de mercadería. Cuando las autoridades de la actual gestión fueron a corroborar el lugar les dijeron que “organización decidió que no funcionara el lugar mientras su referente esté embarazada y hasta el momento no tiene noticias de su reactivación”.
También en Lomas de Zamora, uno de los comedores recibió 1.110 unidades de mercadería, y la única referencia que les dieron al equipo que realizó el trabajo de campo es que el “lugar no funciona más”. En la misma localidad otro comedor recibió 850 unidades de mercadería y el referente dijo que no estaba en funcionamiento hace poco más de un año.
En ese mismo municipio, consta en la documentación que es parte del expediente judicial, que otro comedor recibió 1.200 unidades de mercadería, cuando el referente del lugar fue contactado por Capital Humano, expresó que el comedor cerró durante la pandemia “por falta de recursos”. Sin embargo, el año pasado remitieron alimentos al lugar.
En el partido de Moreno se dio otra situación. En los registros del ministerio de Desarrollo Social figura el envío de 1.150 unidades de mercadería en julio del año pasado. Al comunicarse con el teléfono que consta en el registro, “se entrevistó a la abuela de la responsable en el domicilio, quien relató que actualmente no funciona el comedor y que esporádicamente sí reciben alimentos del municipio”.
Los ejemplos siguen. En Quilmes un comedor recibió 1.998 unidades de mercadería pero cuando se buscó constancia del espacio, los propios vecinos refirieron que desconocen la existencia de un comedor o merendero en el lugar. En la misma localidad, se dio el caso de la remisión de 750 unidades de mercadería: al ir al lugar las autoridades actuales, constataron que en el lugar hay un garage y sus dueños dijeron que “no funciona ni funcionó un comedor”.
“El listado detalla 26 comedores y merenderos no validados en la respectiva auditoría que estamos realizando, en los cuales constan que fueron entregados alimentos dichos comedores. A modo de ejemplo, está el caso del comedor “Mi Luz” del municipio de Moreno; según nuestra auditoría no funciona un comedor, pero en julio y agosto del año 2023 recibió alimentos secos”, explicó ante el juez federal el auditor de Capital Humano.
POLITICA
El Gobierno oficializó la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima
El Gobierno oficializó este lunes la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima, bajo la denominación de Carboeléctrica Río Turbio S.A., y habilitó la participación de capitales privados en su administración. La medida, dispuesta mediante un decreto del Poder Ejecutivo que se publicó esta medianoche en el Boletín Oficial, mantiene el control mayoritario del Estado Nacional, aunque allana el camino para una eventual privatización.
La flamante sociedad anónima estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y absorberá la operación del yacimiento carbonífero, los servicios ferroviarios y portuarios asociados, y la usina termoeléctrica de Río Turbio. Según se desprende de la publicación oficial, identificada bajo el decreto 115/2025, el Estado retendrá el 95% de las acciones a través de la Secretaría de Energía, mientras que el 5% restante quedará en manos de la Secretaría de Minería.
Reducción de subsidios y reestructuración laboral
Uno de los principales objetivos de la reforma, que lleva las firmas de Luis Caputo (Ministro de Economía) y Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) es reducir la carga que YCRT representa para el Tesoro Nacional. En ese sentido, se establece un plazo de 60 días para la presentación de un presupuesto 2025 que contemple una disminución progresiva de los aportes estatales, así como un plan de inversiones que garantice la operatividad del complejo minero y energético.
En el plano laboral, el decreto determina que los trabajadores de la empresa pasarán a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, lo que implica un cambio en las condiciones actuales de empleo. Además, en un plazo de 180 días deberá negociarse un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. A pesar de esta transición, el Gobierno aseguró que se respetarán los derechos adquiridos por los empleados.
El Estado absorbe pasivos y exceptúa a la empresa de controles administrativos
Como parte del proceso de transformación, el Estado Nacional asumirá la totalidad de las deudas acumuladas por YCRT hasta la fecha de conversión en sociedad anónima. Asimismo, el decreto establece que Carboeléctrica Río Turbio S.A. estará exceptuada de los procedimientos de contratación pública y normas administrativas, aunque seguirá sujeta a los controles de la Ley de Administración Financiera N° 24.156.
En diciembre, se conoció un informe lapidario de la Sindicatura General de la Nación sobre el funcionamiento de YCRT. Al cierre del tercer trimestre de 2024, YCRT tuvo un resultado económico negativo de $8728 millones pese a haber recibido fondos nacionales por $53.837 millones. Según la SIGEN, su déficit operativo fue de $62.565 millones en los primeros nueve meses del año. Según estimaciones del Gobierno, el déficit final de 2024 se ubicará entre los 80 y 100 millones de dólares.
Lugar para una eventual privatización
Si bien el decreto no implica una privatización inmediata, sí sienta las bases para que ello ocurra en el futuro. La Ley N° 27.742, aprobada recientemente, incluyó a YCRT dentro del listado de empresas estatales sujetas a privatización. En caso de que el Gobierno decida avanzar en la venta total o parcial de la compañía, deberá negociar previamente con la provincia de Santa Cruz. Con esta decisión, el Ejecutivo busca reducir el peso de la empresa sobre las cuentas públicas y hacerla más atractiva para la inversión privada, en un contexto de reestructuración del sector energético y de ajuste fiscal.
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