Es muy probable que dentro de tu teléfono móvil haya una minúscula cantidad de un metal que comenzó su viaje enterrado en el subsuelo del este de la República Democrática del Congo, donde actualmente se libra una brutal guerra.

Incluso es posible que esté directamente relacionado con el grupo rebelde M23, que ha saltado a los titulares de todo el mundo esta semana.

El tántalo que contiene tu dispositivo pesa menos de la mitad de una arveja, pero es esencial para el funcionamiento eficiente de un teléfono inteligente y de casi todos los demás dispositivos electrónicos sofisticados.

Las propiedades únicas de este metal raro, azul grisáceo y lustroso, como la capacidad de mantener una carga elevada si se compara con su tamaño y funcionar a distintas temperaturas, lo convierten en un material ideal para los diminutos condensadores que almacenan energía temporalmente.

También se extrae en Ruanda, Brasil y Nigeria, pero al menos el 40% -y quizá más- del suministro mundial de este elemento procede de la República Democrática del Congo, y algunas de las principales zonas mineras están ahora bajo el control del M23.

Esta milicia está liderada por miembros de la etnia tutsi, víctima del genocidio ruandés de 1994, que aseguran que tomaron las armas para proteger los derechos de esta minoría.

La actual oleada de combates se ha prolongado durante meses, pero los rebeldes acapararon la atención con el asalto del domingo a Goma, centro esencial de comercio y transporte. La ciudad, fronteriza con Ruanda y con un millón de habitantes, es un centro regional para el negocio minero.

Los enfrentamientos entre esta milicia y las fuerzas gubernamentales han dejado escenas dantescas, con miles de muertos y cadáveres tirados por las calles.

El caos que se apoderó de la ciudad cuando fue tomada por el M23 propició una fuga masiva de la cárcel de Munzenze, en la que más de 100 mujeres fueron violadas en la sección femenina de la prisión y posteriormente quemadas vivas al incendiarse la misma, según un informe de la ONU.

En el último año, el M23 ha avanzado rápidamente por el este de la República Democrática del Congo, una zona rica en minerales, ocupando territorios en los que se extrae coltán, el mineral del que se extrae el tántalo o tantalio.

Como muchos otros grupos armados que operan en la zona, el M23, creado en 2012, comenzó defendiendo los derechos de un grupo étnico que se consideraba amenazado. Pero a medida que su territorio se ha ido expandiendo, la minería se ha convertido en una fuente de ingresos crucial para pagar combatientes y armas.

Según la ONU y grupos como International Crisis Group, Ruanda apoya a los milicanos del M23, los entrena y respalda con armamento sofisticado e incluso con soldados sobre el terreno.

“No cabe duda de que hay tropas ruandesas en Goma apoyando al M23″, dijo el jefe de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix.

El pasado abril, el M23 se apoderó de Rubaya, una ciudad situada en el corazón de la industria del coltán del país.

La extracción de minerales en esta región no está en manos de conglomerados multinacionales, sino que miles de personas trabajan en minas a cielo abierto que se extienden por el terreno, o bajo tierra, en condiciones sumamente inseguras e insalubres.

Forman parte de una compleja red informal que extrae las rocas del suelo con palas, las saca a la superficie, las tritura, las lava, las grava, las vende y las exporta para su posterior purificación y fundición.

Cuando el M23 se instaló en Rubaya, los rebeldes establecieron lo que un grupo de expertos de la ONU describió como una “administración similar a la de un Estado”, expidiendo permisos a los excavadores y comerciantes y exigiendo una tasa anual de US$25 y US$250 respectivamente. El M23 duplicó los salarios de los excavadores para asegurarse de que siguieran trabajando.

El grupo gestiona la zona como un monopolio y se asegura -con la amenaza de arrestos y detenciones- de que sólo los comerciantes autorizados puedan ejercer su actividad.

El M23 cobra además una tasa de US$7 por cada kilogramo de coltán. El grupo de expertos de la ONU estimó que, como resultado, el M23 obtiene unos US$800.000 al mes de los impuestos sobre el coltán en Rubaya. Es casi seguro que ese dinero se utiliza después para financiar la rebelión.

Existe un interrogante sobre la forma en que el mineral extraído de las zonas controladas por el M23 entra en la cadena de suministro mundial.

La vecina Ruanda, que se cree que apoya al M23, está en el centro de la respuesta, dicen los expertos de la ONU.

En teoría, un sistema de trazabilidad -conocido como la Iniciativa Internacional de la Cadena de Suministro del Estaño (ITSCI, por sus siglas en inglés)- debería garantizar que lo que se utiliza en la fabricación de teléfonos y otros aparatos electrónicos procede de fuentes responsables y evita la financiación de conflictos y las violaciones de los derechos humanos.

La Ley Dodd-Frank de EE.UU., aprobada en 2010, y una norma similar de la Unión Europea pretenden garantizar que las empresas que compran estaño, tántalo, wolframio y oro -los llamados “minerales de conflicto”- no financien involuntariamente la violencia.

Pero la trazabilidad no es sencilla, e ITSCI ha recibido algunas críticas. La dispersión de las pequeñas minas dificulta a las autoridades locales el control exacto y, según Ken Matthysen, experto en seguridad y gestión de recursos del grupo de investigación independiente IPIS, existe un problema de corrupción.

ITSI dijo a la BBC que cubren 3.000 minas y que estas comunidades remotas se han beneficiado de su apoyo.

En el caso de Rubaya, ITSCI suspendió sus operaciones allí poco después de que el M23 entrara en la ciudad, pero el grupo ha conseguido seguir exportando coltán a través de Ruanda, según los expertos de la ONU.

Ruanda tiene sus propias minas de coltán, pero los expertos afirman que el mineral no certificado se mezcla con la producción ruandesa, lo que provoca una “importante contaminación de las cadenas de suministro”.

“Gran parte del comercio de estos minerales pasaba por la zona controlada por el M23 en dirección a Ruanda. Así que, incluso entonces, Ruanda se estaba beneficiando de la inestabilidad en el este de la República Democrática del Congo y vimos que los volúmenes de exportación a Ruanda ya estaban aumentando”, dijo a la BBC.

Las cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos muestran que las exportaciones de coltán de Ruanda aumentaron un 50% entre 2022 y 2023. Matthysen afirmó que no es posible que todo esto proceda de Ruanda.

La portavoz del gobierno ruandés, Yolande Makolo, reiteró a la BBC que en su país había minerales y capacidad de refinado, y que era cínico “tomar lo que está ocurriendo en el este de la RDC, donde una comunidad perseguida lucha por sus derechos… y convertirlo en una cuestión de beneficio material”.

El presidente ruandés, Paul Kagame, también ha rechazado los informes de los expertos de la ONU, desdeñando su “profesionalidad”.

Gran parte del este de la República Democrática del Congo lleva muchos años sumida en el conflicto, lo que plantea interrogantes sobre quién se ha beneficiado y si los grupos armados sacan provecho de lo que allí se extrae de la tierra.

Para poner de relieve el problema y su relación con la industria de los teléfonos inteligentes, el gobierno congoleño presentó a finales del año pasado demandas penales en Francia y Bélgica contra filiales del gigante tecnológico Apple, acusándolas de utilizar “minerales de conflicto”.

Apple ha rebatido la acusación y ha señalado que, desde principios de 2024, debido a la escalada del conflicto y a las dificultades de la certificación, dejó de abastecerse de tántalo, entre otros metales, tanto de la República Democrática del Congo como de Ruanda.

Otras empresas no han sido tan claras, lo que significa que, a medida que el M23 se apodera de más territorio, esos pequeños trozos de tántalo de las minas que controlan podrían seguir llegando a los dispositivos en los que hemos llegado a confiar.