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Otro round en la guerra por el agua: Mendoza denunció que en La Pampa embotellan y venden el agua que roban de un arroyo

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”La Pampa se roba el agua de un arroyo que Mendoza le da”, denunció el Departamento General de Irrigación de Mendoza, en medio de la puja por el caudal del Río Atuel.

El superintendente General de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli, denunció el drama de los habitantes del distrito de Punta del Agua. Y elevó las pruebas a disposición del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para que instruya la denuncia ante el máximo tribunal que regula el recurso hídrico entre las provincias.

El uso comercial del acueducto implica el incumplimiento de un convenio firmado entre Mendoza y La Pampa en 1992, cuando la provincia cuyana acordó entregarles el agua de forma gratuita para consumo público a los 6 mil habitantes de dos localidades pampeanas. Según los datos aportados por el consejero del Río Atuel, Gustavo Villegas, la venta del agua embotellada llega hasta Neuquén.

«El 6 de marzo pasado fuimos convocados por vecinos de Punta del Agua a una reunión por la escasez de agua del arroyo que lleva el mismo nombre. Y nos mostraron capturas de pantallas en las que aparece una empresa radicada en Santa Isabel, La Pampa, que se dedica a envasar agua proveniente del acueducto Punta del Agua-Santa Isabel. Y la venden», explicó el funcionario mendocino.

«Comenzamos a realizar distintas averiguaciones y visitas a la provincia pampeana donde encontramos dos empresas que vendían agua. Una empresa pampeana denominada “Desierto Pampa”, que se dedica al embotellado del agua proveniente del distrito de Punta del Agua y su posterior venta en diversas localidades de La Pampa, como 25 de Mayo y la localidad de Senillosa en la provincia de Neuquén”.

Conflicto entre Mendoza y La Pampa por la venta de agua envasada y una de las empresas denunciadas.

La segunda empresa denunciada es Santa Isabel, agua de mesa, ubicada en calle 20 de junio, Santa Isabel, La Pampa. Según el gobierno de Mendoza, también comercializa agua proveniente de Punta de Agua y envasada en Santa Isabel.

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La denuncia dice que La Pampa controla y avala esas empresas. “Desierto Pampa es de propiedad de Fernanda Belén Romero, con domicilio en calle Mariano Moreno N°21 de la localidad de Santa Isabel, departamento Chalileo, Provincia de La Pampa, la misma se encuentra habilitada con el número 11000431 de Registro Nacional de Establecimiento y el número 11003324 de Registro Nacional de Productos Alimenticios por el Ministerio de Salud del departamento de Bromatología del Gobierno de La Pampa, bajo las resoluciones N°603 y N°532”, según el reclamo.

Y detalla que la sucursal y punto de venta “tiene domicilio en calle Avenida Santa Rosa 4528 de 25 de Mayo, La Pampa”.

Y la sucursal y punto de venta en la localidad de Senillosa, “tiene domicilio en calle Paso de los Andes 130, Senillosa, provincia del Neuquén”.

La empresa Desierto Pampa, según figura en los expedientes de habilitación N° 19391/18-MGES y N°8721/19-MGES, cuenta con una planta de embotellado de agua, que publicita en la red social Facebook y que envasa agua para su posterior comercialización en bidones de 20 litros.

En las visitas realizadas, los inspectores de Irrigación mendocinos compraron bidones en las sucursales de Santa Isabel y 25 de Mayo.

“Este hecho implicaría que la provincia de La Pampa está violando el convenio suscripto entre Gobierno nacional y las provincias de La Pampa y Mendoza, que es la poseedora de ese agua por ley provincial N° 5826/1992, abusando de la buena fe de Mendoza”, sostuvo Marinelli.

Y concluyó: “Si Mendoza le entrega agua, en forma gratuita y para satisfacer el consumo humano a La Pampa en el marco de un convenio, consideramos que la acción del gobierno de La Pampa contradice el objeto de dicho convenio y es incompatible con la postura que esa provincia argumenta en la demanda de 2014, por lo cual le solicitamos al gobernador Cornejo que tome las medidas que por derecho corresponda para la defensa del recurso hídrico mendocino”.

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El pueblo de Punta del Agua está en una zona semidesértica, en el límite del sur de Mendoza con La Pampa.

Este distrito mendocino pertenece a San Rafael, pero el acceso más directo es a través del municipio de General Alvear. La pequeña población se encuentra muy cerca de otro paraje lejano, Agua Escondida, en el municipio de Malargüe.

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Un mes del juicio por la muerte de los bebés en Córdoba: qué se sabe del potasio y las inyecciones que los habrían matado

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Este jueves se cumple un mes del inicio de las audiencias en el juicio por la muerte de bebés en el hospital Materno Neonatal de Córdoba. Será un juicio largo, que está previsto finalice en junio, y en los primeros 30 días ocurrieron ya declaraciones importantes: dieron su testimonio las madres de los cinco recién nacidos fallecidos y los ocho que se salvaron milagrosamente, y también los peritos que debatieron sobre un tema central en la causa: qué fue lo que les provocó la muerte a estos bebés, todos sanos.

La causa surgió a partir de la denuncia de un particular, un ingeniero casado con una médica anestesióloga del hospital que había escuchado versiones sobre situaciones extremas, con muertes de bebés en el centro de salud entre marzo y junio de 2022. Fue también, con su esposa, uno de los testigos que compareció frente a los tres jueces técnicos y los ocho jurados. El juicio se lleva adelante en la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba.

La principal acusada es la enfermera Brenda Agüero, quien fue detenida a fines de 2022 y llegó a juicio imputada de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado. Además, se está juzgando a 10 funcionarios, entre ellos, el ex ministro de Justicia, Diego Cardozo y la ex directora del centro de salud, Liliana Asís. Hasta ahora, el principal foco de las audiencias estuvo puesto, justamente, en Agüero.

Para el fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, la prueba es contundente para “sostener una acusación fuerte y seria”. Aún no puede adelantar opinión sobre los pedidos de condena, pero remarcó que “tengo en los elementos que colectó el fiscal de instrucción una base probatoria sólida para mantener la acusación”.

Ruiz Moreno planteó que los peritos científicos dieron pruebas tajantes de que hubo una intencionalidad en las muertes de los bebés.

“En la prueba pericial se desvirtuó toda posibilidad de un virus hospitalario. Inequívocamente se trató de hechos intencionales”, afirmó el fiscal, quien planteó que se puede establecer una relación entre los 13 casos.

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Qué declararon los peritos

La semana pasada, el juicio se centró en el aporte de los peritos que intervinieron en la instrucción y en los que aportaron las distintas partes.

Uno de los testimonios más concluyentes fue el de Luis Ferrari, docente e investigador de la Universidad de La Plata y perito consultor, quien aseguró que nunca vio un caso similar. Aseguró que los niveles de potasio e insulina que se observaron en dos de los bebés fallecidos fueron “tremendamente sugestivos”.

«Los valores de potasio eran extremadamente elevados, incluso después de ser corregidos por los tiempos post mortales. Estamos hablando de niveles de 14, 15 y hasta 18 miliequivalentes por litro, lo que es sugestivo de un ingreso externo de potasio. En cuanto a la insulina, encontramos más de 21.000 micro unidades por mililitro en uno de los bebés. Estos valores no pueden explicarse por una causa natural«, sintetizó luego su presentación el toxicólogo en declaraciones al programa radial Punto y aparte.

En resumen, los peritos que presentó el Poder Judicial de Córdoba plantearon que en los dos casos de los bebés que murieron el 6 de junio encontraron niveles inauditos de potasio que sólo se pueden explicar con la inoculación externa. En los otros 11 casos, encontraron dos casos de niveles altos de insulina en sangre y no dudaron en señalar que alguien se los inyectó.

Los expertos que firmaron el peritaje multidisciplinario sobre los 13 casos también ofrecieron certezas en dos muertes y en tres bebés que sobrevivieron. Según describió La Voz a partir de las declaraciones que expusieron el martes 28, fueron homicidios sin lugar a dudas las muertes de Angeline Cornelio Rojas y de Melody Molina, ambas ocurridas el 6 de junio de 2022, y que son también los únicos dos casos en los que se hicieron autopsia.

“Descartadas todas las posibles causas en la madre o en el bebé, la única explicación que puede tener es que se haya aplicado de manera exógena”, explicó el perito Iván Yuszszyck. También los expertos consideraron que hubo una intención homicida en los casos del hijo de Brenda Leiva y de la hija de Ludmila Torres. Ambos pudieron sobrevivir.

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En el caso de los sobrevivientes, la junta de peritos enfatizó, como Ferrari, que tenían niveles de insulina muy por encima de lo normal, que los bebés recibieron de manera externa –la madre de la beba, por ejemplo, tenía diabetes gestacional y estaba siendo tratada–. Según explicaron los peritos, por efecto de la carga de la insulina el potasio pasa a ser muy bajo.

El perito Yuszszyk señaló que en la mayoría de los casos podían ver elementos comunes, pero que no podía asegurar que en los 13 haya un único patrón.

“La mayoría de los casos, no la totalidad”, aclaró ante las repreguntas. Su colega Mario Quinteros marcó coincidencias, pero también apuntó no todos los casos eran iguales.

Lo mismo había dicho el día anterior Néstor Vaín, jefe de tres servicios de neonatología en clínicas porteñas y otro consultor externo en el juicio: “No estoy afirmando que todos los chicos tuvieron un agente externo, pero hay varios en los que no hay ninguna posibilidad de que no haya un agente externo”.

Qué dijeron los abogados y cómo sigue el juicio

El fiscal dijo que ahora se ingresa en una nueva etapa del juicio que se basa en declaraciones de testigos, enfermeros y médicos del hospital. Y que en la etapa siguiente se llamará a declarar a los investigadores que plantearon la causa en la instrucción.

Para Gustavo Nievas, abogado de la principal acusada, una de las cosas que lo sorprendió fue que las madres de los bebés recién nombraron a Brenda Agüero en el juicio y no en la instrucción.

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El sesgo fue muy marcado y de todas maneras posibles quisieron enmarcar en su relato anterior a una Brenda”, remarcó el letrado. Por otro lado, planteó que los peritos que desfilaron por la sala de audiencia la semana pasada señalaron que “de las cinco muertes, tres fueron por causas naturales”.

“Lo mismo pasó con las descompensaciones ya que hubo cuatro en los que se desactivó la posibilidad de que haya ocurrido a partir del método que el fiscal (de instrucción) le atribuye a Brenda Agüero”, especificó. En otro orden, y refiriéndose a los funcionarios involucrados, afirmó que el centro obstétrico donde ocurrieron los hechos se desmanteló después de que la causa tomara estado público.

Los abogados que representan a los padres de los bebés fallecidos y de los que se descompensaron y lograron sobrevivir insisten en que se está comprobando lo que se planteó en la instrucción del caso. Apuntan a Agüero como acusada principal y a los funcionarios como quienes facilitaron que los hechos sucedan con su omisión de deberes.

En este sentido, tanto Carlos Nayi, que representa a tres familias, como Daniela López Leanza, que es abogada de otras cinco, insisten que pedirán el máximo de la pena que considera el Código Penal para un homicidio calificado reiterado. Esto es la cadena perpetua para Brenda Agüero.

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