Este martes, un grupo de destacadas organizaciones civiles y personalidades vinculadas a la Justicia y la lucha por la ética y la transparencia presentaron ante el Poder Ejecutivo y la Presidencia del Senado una declaración en la que se denuncian supuestas irregularidades en el trámite de la propuesta del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se solicita al Poder Ejecutivo el retiro su pliego para darle el tratamiento debido en sede administrativa y se hace saber al Senado de ese reclamo.

La presentación destaca que según el decreto 222/2003, el trámite previo a la elevación de una propuesta de designación en la Corte a exige máxima transparencia y participación ciudadana para la cobertura de uno de los cargos públicos más importantes del país.

«Con relación al doctor Ariel Lijo -dice el texto- se ha incumplido con algo tan esencial como dar a publicidad la declaración jurada patrimonial del candidato, que debe además incluir su participación en sociedades o asociaciones, los bienes suntuarios que posea o goce y los bienes o deudas tanto propias como de su grupo familiar, todo conforme al artículo 4 de esa norma.»

Lo mismo ocurre con el artículo 5 referido a los conflictos de interés, lo que involucra “cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses”.

El «recurso de reconsideración» presentando ante el Poder Ejecutivo está firmad por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Será Justicia, Acción Conjunta Republicana, Asociación Civil Usina de Justicia, Entre Ríos Sin Corrupción, Profesores Republicanos y los abogados Alejandro Fargosi, Daniel Sabsay, Pablo Pirovano, Gerardo Vega, Alberto Cohan, Ezequiel Nino, Alejandro Drucaroff, Marcelo de Jesús, y Marcelo Camerini. Además de todos ellos, la impugnación de la candidatura de Lijo entregada en el Senado también tiene las firmas de la Asociación Poder Ciudadano y FORES.

Las entidades y profesionales le recuerdan al presidente Milei que «todas esas cuestiones no sólo son fundamentales para determinar la viabilidad de la propuesta del candidato sino que, en el caso del doctor Ariel Lijo, han sido materia de cientos de impugnaciones de las más prestigiosas Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la materia y de muchos relevantes profesionales y académicos especializados.»

Las presentaciones dirigidas a Presidencia y el Senado remarcan que «los centenares de fundadas impugnaciones no han merecido evaluación ni respuesta alguna por parte del Poder Ejecutivo al resolver, pese a todo, elevar el pliego de Lijo al Senado. En paralelo, la resolución que así decide menciona un supuesto descargo del candidato que tampoco se dio a publicidad.»

«Tales graves irregularidades se complementan con la actuación, en la dirección del trámite administrativo, del actual Ministro de Justicia de la Nación, a pesar de su conocida actuación como letrado del candidato propuesto a la Corte en causas donde se sustanciaron serias acusaciones en su contra, lo que impedía al funcionario a cargo de la tramitación actuar en ella dado el visible conflicto de intereses que debió llevarlo a apartarse del mismo», dice el texto en referencia al patrocinio de Mariano Cúneo Libarona en casos penales en los que Lijo había sido acusado.