POLITICA
El kirchnerismo, una parte de la CGT, la izquierda y organizaciones sociales se movilizan contra la Ley Bases
El ala dura k, la pata combativa de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, columnas de izquierda y organizaciones sociales, marcharán este miércoles a la Plaza de los Dos Congresos, en rechazo de la Ley Bases y el paquete fiscal que comenzarán a debatirse en el recinto del Senado.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabeza durante la noche una vigilia en la plaza, con radio abierta y espectáculos musicales, en busca de presionar a los senadores aliados al Gobierno para que voten en contra de los proyectos de ley que impulsa el Poder Ejecutivo.
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“Comenzamos la Vigilia en la Plaza de los Dos Congresos. Acá tendría que haber una Radio Abierta del Gobierno Nacional explicando esta ley, pero no pueden porque es oscura y está llena de negocios. Pretenden sacarla cambiando votos por embajadas, y eso está muy mal. Si sale, la Argentina va a estar peor”, dijo Katopodis al iniciar la protesta.
El oficialismo llegará al recinto con la certeza de que la Ley Bases avanzará en general, por eso, parte de la estrategia del peronismo es apuntalar la opción de mínima, que es incorporar cambios en temas clave, en los que habría acuerdo con parte del radicalismo y de otras fuerzas. Las negociaciones no cesaron en toda la noche.
La CGT, dividida, irá al Congreso
Si bien la CGT convocó a dos paros generales contra el plan de ajuste del presidente Javier Milei y rechaza la Ley Bases y el DNU, la convocatoria a la movilización de este miércoles no se realizó en forma orgánica, sino que fue traccionada desde el sector combativo, que encabeza el líder de Camioneros, Pablo Moyano.
Cuando la mayoría de la cúpula de la central obrera estaba en Ginebra, denunciando el plan de Milei ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Moyano reunió a un plenario de regionales para definir la convocatoria a la movilización al Congreso.
Según pudo saber TN, la decisión no contó con el aval del ala dialoguista de la CGT, aunque todos rechazan los dos proyectos oficiales.
“Se movilizarán todos los sectores de la sociedad el miércoles 12 de junio a las 10 a Plaza Congreso en rechazo a la Ley Bases y el DNU que atenta contra el pueblo y los derechos laborales y sociales”, dijo Moyano en la conferencia de prensa donde confirmó la marcha.
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En la plaza se encontrarán con las dos CTA y los gremios estatales, además de todo el gabinete del gobernador bonaerense, Axel Kicillof; La Cámpora y agrupaciones de izquierda.
“Si somos cientos de miles de argentinos y argentinas con banderas celestes y blancas, esta es la plaza que puede frenar a Milei”, concluyó Katopodis.
Ley Bases, Congreso de la Nación, Senado, movilizacion
POLITICA
El Gobierno eliminó una exigencia para habilitar centros y servicios de salud mental y adicciones
El Gobierno modificó el procedimiento para habilitar y fiscalizar instituciones, centros y servicios de salud mental publicado en diciembre del año pasado, pocos días antes de que finalizara la gestión de Alberto Fernández. A través de una resolución de las autoridades sanitarias, se eliminó una consulta vinculante con una comisión especial –que pasará a tener un rol consultivo– para agilizar esos trámites, de acuerdo con el texto publicado hoy en el Boletín Oficial.
“La resolución precedente (4107/23) provocaba demoras o imposibilidad de habilitaciones, ya que establecía que para la habilitación y fiscalización de los establecimientos debía realizarse una consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos”, señalaron desde el Ministerio de Salud. “Esta situación –continuaron– no se correspondía con lo establecido por la norma superior vigente, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Por lo tanto, la modificación obedece no solo a ubicar la resolución acorde al artículo 34 [de la ley de salud mental], sino a efectivizar el procedimiento de forma eficiente y expeditiva”.
Por ese artículo de la legislación sancionada por el Congreso en 2010, la cartera sanitaria, como autoridad de aplicación, es responsable de fijar “en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones” los requisitos de habilitación y fiscalización de los servicios de atención de salud mental en el sector público, privado y las obras sociales.
Para el Gobierno, la Resolución 6155/2024 también adapta ahora esas tareas a la simplificación de procesos en el Estado prevista en la Ley Bases. “Adecua el procedimiento de habilitaciones de estos dispositivos [por los lugares de atención especializada] a fin de garantizar un procedimiento administrativo ágil, dinámico y diligente”, plantean en Salud. Y consideran, a la vez, que “fortalece la red de servicios” al crear “los dispositivos comunitarios necesarios”. La definición de esos servicios incluye la atención de las adicciones y a los equipos interdisciplinarios “para la continuidad de cuidados y la externación sustentable”.
Este conjunto de “normas mínimas” para la habilitación y el control de los establecimientos y los servicios de salud mental y consumos rige para los lugares de atención ambulatoria (consultorios o gabinetes, centros, hospitales de día con/sin internación o comunitarios, emprendimientos de inclusión sociolaboral y servicios de atención domiciliaria), dispositivos residenciales (con apoyo bajo, moderado o alto y estancia transitoria o prolongada) y lugares con internación (servicios de salud mental en hospitales, clínicas o sanatorios).
Dictamen consultivo
De acuerdo con la resolución de diciembre del año pasado firmada por la exministra Carla Vizzotti, el trámite de habilitación empezaba –como en la nueva resolución– con la solicitud de habilitación del administrador de la institución, centro o servicio vía la plataforma online de trámites a distancia oficial.
Pero si bien la autorización para funcionar también la tramitaba la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, dentro del Ministerio de Salud, la evaluación inicial de las solicitudes debía ser “en conjunto” con la Comisión Permanente de Trabajo y Asistencia Técnica para la Implementación de los Estándares de los Servicios de Salud Públicos y Privados. Ahora, de acuerdo con los fundamentos publicados en el Boletín Oficial, esa intervención deja de ser vinculante y pasa a ser consultiva cuando así sea requerida.
Esa comisión permanente de trabajo se formó por una resolución de 2022 con tres representantes designados por Salud y otros tres por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Quedaban exceptuados de su intervención solo los consultorios de salud mental, en cuya habilitación participaba únicamente la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.
Con la modificación publicada hoy, sus miembros intervendrán “en caso de que existan incongruencias con los estándares fijados” en un anexo de la resolución y a requerimiento de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos para “asistencia técnica, colaboración e intervención”.
En esos casos, una vez finalizada la inspección del lugar a habilitar, la comisión tendrá que emitir opinión “sobre el cumplimiento de los estándares normados” en 30 días hábiles para la administración pública a contar desde la llegada del expediente. Cumplido ese plazo sin esa opinión, regirá el silencio de la administración como en el resto de los procedimientos administrativos del Estado nacional.
Lo mismo se aplica para la fiscalización de los establecimientos y servicios de salud mental y consumos problemáticos, como lo define la nueva resolución, que reemplaza a la 4107 de diciembre del año pasado.
Antes, ese dictamen pasaba a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos para remitir el expediente de nuevo a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras para continuar el trámite de habilitación.
“Esta nueva normativa promueve una respuesta adecuada por parte del Estado a la demanda de atención en materia de salud mental, lo que hace necesario avanzar en la habilitación de dispositivos y servicios acordes al modelo de abordaje basado en la comunidad, con el objetivo de alcanzar la inclusión socio-comunitaria de las personas y garantizar una atención de calidad, integral, interdisciplinaria, intersectorial y con enfoque de derechos”, argumentan en el ministerio a cargo de Mario Lugones.
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