La Justicia está investigando nuevas prácticas fraudulentas en las que se sospecha que el Polo Obrero desvió millones de pesos del programa Potenciar Trabajo hacia diversas empresas que emitían facturas falsas para justificar gastos ficticios y encubrir el destino final de los fondos.

Inicialmente, se había constatado que el Polo Obrero utilizaba facturas presuntamente falsas de dos empresas, Coxtex (considerada apócrifa por la AFIP) y la imprenta Rumbos, esta última estrechamente vinculada al grupo liderado por Eduardo Belliboni, para desviar $25 millones de fondos del Estado destinados al programa social de trabajo.

Ahora, el juez federal Sebastián Casanello descubrió que la Asociación Civil Polo Obrero también había presentado rendiciones ante el ex Ministerio de Desarrollo Social con facturas sospechosas por otros $10 millones, emitidas por dos nuevas empresas del sector gráfico e impresión. Estas empresas luego transferían fondos a la imprenta Rumbos, canalizando así dinero estatal hacia el Polo Obrero.

De esta manera, el Partido Obrero es objeto de investigación por presunta defraudación al Estado, al haberse apropiado de fondos destinados a la compra de herramientas, ropa y equipos para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Además, la situación de la imprenta Rumbos se complica aún más, dado que fue fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un exdirigente histórico del partido fallecido, y Roberto Adrián Albornoz, quien ha sido citado a declaración indagatoria para el próximo 25 de junio. 

Según registros de la Cámara Nacional Electoral, Rumbos habría realizado contribuciones al Partido Obrero por un total de $18 millones entre 2020 y 2023, lo cual refuerza la sospecha de autofinanciamiento mediante fondos del Estado.

En esta línea, la investigación judicial avanza en la reconstrucción de la Ruta del Dinero “P”, determinando hasta el momento que al menos $35 millones fueron desviados hacia empresas implicadas en la emisión de facturas falsas o en el ocultamiento de fondos.

En las últimas semanas, la Justicia ha revelado un detalle preocupante sobre Coxtex, una empresa fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega. El escribano encargado de la constitución de esta compañía es Juan Bautista Darrasaga, quien previamente estuvo involucrado en el caso de Ricardo Jaime y Lázaro Báez, según informó La Nación.

Darrasaga también constituyó Clamarán S.A., utilizada por el exsecretario de Transporte para adquirir un departamento de 250 metros cuadrados en Figueroa Alcorta, Ciudad de Buenos Aires, y las empresas “pantalla” Xhoris, Karnika y Karnix, empleadas por Lázaro Báez en actividades de lavado de activos por más de $200 millones.

La Justicia sospecha que Pichuaga y Vega no son los verdaderos propietarios de Coxtex, sino que actuarían como testaferros pagados por otra persona para constituir la empresa. 

Según declaraciones en TN, la hermana de Pichuaga admitió que un tercero les entregó $40,000 mensuales para que figurasen como dueños de la empresa, sin involucrarse en su gestión.

“No sabemos nada de la empresa esa. Como estaba sin trabajo, firmó para un conocido y le daba $40 mil por mes. Mi hermano lo hacía por la plata”, afirmó la mujer y señaló que este pago también cubría la constitución de otras tres empresas similares. “Es todo lo mismo. Todo lo hizo con la misma persona. Y también le pagaron por crear estas empresas. Le pagaron $40 mil por todo”.

Las otras tres empresas mencionadas son Ciriano Shoes CRL, Recinsur S.A. y VSP Consulting S.A., que los investigadores creen podrían estar relacionadas con el posible ocultamiento de fondos que el Polo Obrero habría recibido del Estado Nacional.