Un informe ampliatorio secreto de la ex SIDE brinda, también, datos sobre cómo habría sido la financiación del aparato de inteligencia iraní que contribuyó al atentado a la AMIA, del funcionamiento de las “empresas de cobertura” y de la familia del conductor suicida que vive en El Líbano.

Clarín publicó ayer en exclusiva el informe original de enero de 2003 que desclasificó el juez federal Ariel Lijo y en esta nota revela el contenido de un informe ampliatorio sumado a la causa por el ataque terrorista más sangriento que sufrió la Argentina en toda su historia. Y este miércoles publica el informe y su ampliación en forma completa por primera vez. Ver documento aparte.

En los años 80 Irán “usaba a la Unión de Bancos Suizos para las transacciones legales, y la inteligencia iraní utilizaba el Banque Degroff Luxemborug, sucursal Ginebra, que tenía un convenio con el banco Melli de Teherán”, afirma el documento que era secreto y confidencial.

El contacto iraní con ese banco era Shaoruki Sharif. Este tenía relaciones, a su vez, “con el gerente general del Degroff, Jamblinne de Meux”, dice el informe. De todos modos, «a partir del 2002, el banco empezó a rechazar cuentas a nombres de iraníes», agrega el informe.

El informe original y el ampliatorio fueron usados por el ex fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, en los sucesivos dictámenes que hizo a partir del 2005 cuando quedó a cargo de la causa. Nisman fue asesinado en el 2015 un día antes de presentar su acusación contra la ex presidenta Cristina Kirchner ante el Congreso por el encubrimiento de cinco iraníes que le dieron apoyo al comando del Hezbollah del Líbano que perpetró el ataque bajo la conducción del libanés Samuel El Reda.

De todos modos, distinto es un informe de inteligencia que una prueba en una causa penal. Como en la Argentina no existe una ley antiterrorista los informes de inteligencia sirven para tener un rumbo de investigación y luego tratar de conseguir una prueba que se encuentre en el Código Procesal Penal.

El actual titular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso, quien tomó la conducción del caso en el 2015, pidió el año pasado la detención de cinco libaneses residentes en Paraguay por haber ayudado a la radicación de El Reda en Paraguay, quien había llegado desde Colombia y luego vino a la Argentina para dirigir el atentado.

Luego, la Justicia y el Gobierno de Paraguay aceptaron el pedido de detención y congelamiento de bienes de cuatro libaneses acusados por la Justicia argentina de colaborar con la radicación y nacionalización de El Reda en ese país. Se trata de Hussein Mounir Mouzannar, José El Reda, Farouk Abdul Omairi y Alí Hussein Abdallah.

El mismo Oamiri ya estaba nombrado en el informe de la ex SIDE del 2003. Ahora la Justicia brasileña está investigando a Omairi por ese supuesto respaldo al jefe del grupo terrorista. Los datos para el resto de los acusados de este apoyo, Basso los sacó de un informe de Interpol Paraguay que estaban en la causa desde el 2018.

“Basso sigue en la misma línea que Nisman pero tiene que basarme en pruebas judiciales”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

El informe ampliatorio también tiene datos sobre el conductor suicida que se inmoló en la camioneta Trafic con 300 kilos de amonal que voló la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 y provocó la muerte de 85 personas y cientos de heridos.

De los cuatro hermanos de la familia Berro, Ibrahim, uno de ellos fue el conductor suicida en el atentado a la AMIA. De ellos sobrevivió uno solo. Assad Hussain murió en una operación contra Israel en el sur del Líbano el 9-9-89; Mohamad Usserin falleció en otra operación del Hezbollah en 1994 y Ali Hussein vivía hasta el 2003 y era un miembro destacado de la organización libanesa proiraní. Hezbollah simuló un sepelio del conductor suicida en una tumba que luego se demostró estaba vacía, siempre según el informe.

Después el informe ampliatorio compara el modus operandi del intento de atentado contra la embajada de Israel en Tailandia de marzo de 1994 con el de la AMIA. En ambos casos, se usaron fertilizantes con nitrato de amonio , aceleradores y detonadores en un cochebomba. Los fertilizantes pueden comprarse en ambos países en forma libre pero los detonadores debieron ser contrabandeados.

Un informe de un servicio de inteligencia, que no identifica el informe, “brinda explicaciones y decisiones respecto de las conexiones de la inteligencia iraní, la utilización de las empresas de cobertura para la adquisición, transporte y almacenamiento de explosivos en el caso argentino y los sujetos involucrados en ello”.

Más adelante reitera el rol clave del ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Moshe Rabbani, como el articulador entre el grupo operativo y la inteligencia iraní para adquirir los explosivos usados en el ataque a la AMIA.

Relaciona a Rabbani con Hamil Nagashan, integrante del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán (MOIS), sección militar.

El informe Toma resalta “la demostrada interrelación entre Rabbani y Nagashan y la clara aptitud y capacidad logística que tuvo Rabbani en el ámbito regional como núcleo aglutinante sobre el que giraba la conexión entre los adeptos locales más radicalizados, las empresas de cobertura y la inteligencia iraní”.

Estas relaciones explican “cómo pudo adquirirse e ingresarse ilegalmente el materia explosivo (de alto poder) procedente del exterior, rrealizarse sin mayores esfuerzos ni riesgos, las compras locales (de fertilizantes) y luego proceder a su almacenamiento en el país para su posterior utilización en atentados terroristas”.

El atentado a la AMIA “no representó más que la extensión de la matriz terrorista estructurada a partir de la agresiva política de expansión de la Revolución Islámica cuya causa eficiente fue la acción desplegada por el régimen de Teherán y ejecutada por su brazo armado, Hezbollah”, afirma. En el ataque “las figuras de Nagashan, Pashai y los hermanos Alahband tuvieron un protagonismo esencial para el suministro del explosivo de alto poder en actividades ciertamente concertadas con Rabbani, sus adeptos locales más radicalizados y los “diplomáticos” iraníes destinados en el país”, finaliza el informe ampliatorio.