El empresario kirchnerista Lázaro Báez recibió su tercera condena judicial este miércoles, esta vez, a 3 años y 6 meses de prisión por haberse apropiado ilegalmente de aportes jubilatorios de su firma insignia Austral Construcciones y de otras compañías del emporio que el santacruceño montó al amparo del poder de los Kirchner.

Según supo Clarín, el fallo fue del Tribunal Oral en lo Penal Económico, en un juicio unipersonal llevado a cabo por el juez Jorge Zabala por evasión previsional, por el que también resultaron condenados Martín Báez -hijo del empresario K- y otros cinco ejecutivos de las firmas del patagónico, entre ellos, el abogado Jorge Chueco.

El hijo mayor de Lázaro Báez recibió 2 años y 6 meses de condena, mientras que Chueco, 2 años.

El dictamen representa la tercera condena judicial contra el empresario emblema de la obra pública sospechada de corrupción. Báez también fue hallado culpable en el caso conocido como la Ruta del Dinero K -por el que recibió una condena de 12 años, luego bajada a 10 en otra instancia- y por la causa Vialidad, condenado a 6 años de prisión en un juicio que también halló culpable a la expresidenta Cristina Kirchner.

Esta causa fue iniciada en 2016 y abarcó a siete empresas del emporio patagónico, como Alternativa SA, Austral Agro, Austral Construcciones, Diagonal Sur Comunicaciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto Construcciones y Sucesión Adelmo Biancalani, según constató el portal Infobae.

Este fallo apunta a un delito común entre los empresarios vinculados al kirchnerismo, como Cristobal López y Sergio Szpolski. De hecho, cuando estalló el escándalo, Báez responsabilizó al gobierno de Cristina Kirchner por el atraso en pagos de obra pública, una situación que -dijo- lo obligó a «priorizar» el pago de las quincenas de los sueldos por sobre otras obligaciones.

«Dado el exiguo presupuesto que a cuentagotas otorgaba el Estado, en muchas oportunidades se tuvo que decidir priorizar las quincenas de los sueldos de los empleados a otras obligaciones, entre ellas, las cargas sociales, lo que motivó que no estuvieran en orden las cuentas en este sentido», argumentó en 2016 Báez, con quien el Estado no tenía ninguna deuda hasta fines de 2015.

El empresario fue procesado a fines de ese año. Se estimaba por entonces que la deuda trepaba a los 33 millones de pesos.

El contratista está detenido desde abril de 2016, en ese caso por la causa de la ruta del dinero K, por pedido del juez Sebastián Casanello.

Cumple domiciliaria en un lugar secreto de la Provincia de Buenos Aires desde 2020. Aquel año salió del penal de Ezeiza y trascendió que se dirigió a una propiedad ubicada en Pilar. Su llegada fue repudiada por los vecinos, lo que obligó a reubicarlo.

Desde entonces su paradero es un enigma, salvo para su círculo cercano y un selecto grupo de funcionarios judiciales. En febrero pasado, su abogado, Juan Villanueva, solicitó que le dejaran trasladarse a Río Gallegos.

En la capital de Santa Cruz ya se encuentra su hijo, Martín Báez, quien se vio beneficiado al argumentar que en esa ciudad patagónica residen sus hijos y su esposa. El hijo del gran contratista del kirchnerismo recibió luego la libertad condicional, ya que la Justicia entendió que pese a que no estaba firme su condena en la Ruta del Dinero K, ya había cumplido dos tercios de la misma. Ahora se mueve libremente con tobillera electrónica.

La prisión preventiva que cumple Lázaro Báez, bajo la modalidad de arresto domiciliario, corresponde al expediente donde, ya en instancia de juicio oral, se juzga la compra del campo El Entrevero.

En la causa principal, que le valió una acusación a diez años de cárcel por haber lavado 55 millones de dólares a través de Austral Construcción su nave insignia, Báez se encuentra excarcelado. Incluso en la causa Vialidad, donde recibió otra pena a seis años de prisión al igual que Cristina Kirchner, por administración fraudulenta a través de los contratos viales que el gobierno kirchnerista le adjudicó de forma irregular, nunca estuvo detenido.

Cuando quede firme la condena de Vialidad (sean 6, 10 u otro número), el juez de la última sentencia deberá hacer “una unificación y composición” de condenas, que no es una suma aritmética. Si fueran 6 más 10, podría ser 15 años de prisión, explicó una fuente judicial a Clarín.

El aumento de las condenas es clave tanto la libertad condicional (se da a los dos tercios de cumplida la condena) o para las salidas transitorias (a mitad de la condena si tiene buena conducta).