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ECONOMIA

La suspensión de los beneficios impositivos para desarrollos residenciales en el Microcentro tendrá un impacto negativo

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Consumado el anuncio por parte del Gobierno porteño acerca de la suspensión de los incentivos impositivos que promovía el plan de reconversión del microcentro para los proyectos que se llevaran a cabo en esa área de la Ciudad, distintas cámaras empresariales y desarrolladores de la industria que habían encarado emprendimientos inmobiliarios por esos lares difundieron sus opiniones al respecto. Y aunque todavía se desconoce qué sucederá con estos desarrollos, muchos aseguran que el impacto negativo de esta medida será realmente grande.

Con 22 propuestas presentadas, la suspensión de la normativa frena todos los proyectos que estaban por lanzarse, «sin dudas, algo contraproducente, habida cuenta del delicado momento en términos de la actividad del sector», resalta Carlos Spina, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), en representación de la mesa directiva.

Los desarrollos ya iniciados, comprometidos por el Gobierno de la Ciudad, «sin el subsidio cambian completamente la ecuación económico-financiera«, apunta Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Argentina (CEDU). El tema será «saber bajo qué formato renegociar esta desgravación suspendida. Veremos qué ofrece la Ciudad». Por consiguiente, «cada desarrollador lo negociará por su cuenta y sacará su propia conclusión».

Como contrapartida, otros protagonistas del mercado creen que el impacto solo recaería sobre un pequeño grupo de empresas más interesadas en aprovechar beneficios fiscales que en lanzar proyectos inmobiliarios. Lo cierto es que, «en una zona de baja demanda, la oferta subsidiada no contribuye demasiado a ninguna transformación», asevera Santiago Levrio, director institucional de Alianza Urbana. Y, de todos modos, «los proyectos iniciados ya absorbieron el beneficio», destaca.

Microcentro sin reconversión: las consecuencias a corto plazo

Si bien la ausencia de inversiones extranjeras viene de larga data en el mercado de bienes raíces local, «el incumplimiento o la necesidad de reformular contratos firmados es una mala noticia en términos de mostrar qué sucede con los contratos en el país en general y con el microcentro, en particular. Porque, de por sí, no tenemos mucha reputación al respecto», se lamenta Tabakman.

Por lo visto, en este caso «existen cuestiones de fuerza mayor vinculadas con el esfuerzo fiscal tan significativo en términos económicos que implicaría esta medida, y en base a eso están decididos a renegociarlo, aunque sea un contrato firmado que se vaya a poner en tela de juicio», agrega el presidente de la CEDU.

Hay 22 proyectos de reconversión ya presentados

Ante la ausencia de reglas claras, la incertidumbre aleja a los inversores extranjeros. En este caso, «una ley cambiada por una resolución ministerial es justamente lo contrario al escenario deseado para el inversor«, asiente Spina.

No obstante, Levrio considera que esta ley «no era para mejorar la rentabilidad de las empresas, sino para el desarrollo del microcentro, el cual, claramente, ahora tendrá que esperar». Además, ningún inversor serio «especula con beneficios temporales provistos por el sector público. Las inversiones extranjeras se basan en esquemas de largo plazo», diferencia.

Por otro lado, como se trata de una normativa que, en su momento, salió por ley de la Legislatura porteña, el resultado para algunos podría ser una afección radical de la seguridad jurídica. «Mientras esté en suspenso, es más bien una cuestión subjetiva, sobre todo si es suspenso no es de muy largo plazo. Y en este plazo de suspensión lo que nos están diciendo es que están abriendo un espacio de renegociación con cada uno de los desarrolladores afectados», confía Tabakman.

La otra campana va por el lado de los que afirman que «este esquema de beneficios apuntados a un grupo determinado de empresas siempre estuvo cuestionado por su impacto y alcance». Por ello, hablar de seguridad jurídica para beneficios exclusivos destinados a ciertas empresas es un uso inexacto del concepto«, según el director institucional de Alianza Urbana. Aparte, este beneficio siempre «se supo que expiraba el 31 de enero de 2024. Hubiera afectado la seguridad jurídica haberlo extendido».

Qué dice el comunicado del Gobierno porteño

El plan para reconvertir al centro de la Ciudad de Buenos Aires ˗a través de una norma sancionada el 9 de diciembre de 2021˗ en una zona de viviendas quedó en pausa tras ser anunciado días atrás en el Boletín oficial.

A través de la resolución, «se suspendieron los efectos de los actos administrativos de preaprobación y aprobación de proyectos de reconversión en el marco del régimen previsto en la Ley N°6508 y toda tramitación relacionada al otorgamiento o reconocimiento de beneficios enmarcados», conforme hizo saber el comunicado.

Desde el sector aseguran que la medida tendrá un fuerte impacto

Asimismo, se informó que se llevará adelante «una revaluación integral de los proyectos en función de criterios que tengan que ver con una mayor focalización geográfica, las necesidades de la zona y que generen una mayor inversión privada. Y evaluar caso por caso en función de los criterios que fijen».

En concreto, este plan otorgaba beneficios impositivos que tenían «un costo fiscal de unos $215.000 millones (…) «es considerado excesivo por la actual gestión, que busca priorizar la participación mayoritaria privada».



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ECONOMIA

Con el avance del Presupuesto, el Gobierno anticipa más transferencias a provincias

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La presentación del «Avance sobre la Elaboración del Proyecto de ley de Presupuesto 2025» deja en evidencia el propósito del Gobierno nacional de ganar un mayor apoyo de las administraciones provinciales, si se tiene en cuenta que prevé que los recursos de origen nacional a transferir a los 24 distritos subnacionales tendrán un crecimiento mayor a los destinados a la propia Administración Nacional en más de trece puntos porcentuales.

El adelanto de lo que será el proyecto definitivo a presentarse no más allá del 15 de septiembre, se da a conocer en momentos en el que el presidente Javier Milei convoca a todos sus predecesores y a los gobernadores a la firma del Pacto de Mayo el próximo 8 de julio en San Miguel de Tucumán, en un contexto marcado por la continuidad de los recortes en las transferencias no automáticas a las provincias y una caída en términos reales tanto de los recursos de Coparticipación Federal como en las recaudaciones provinciales.

Presupuesto 2025: el mensaje a Federico Sturzenegger

El documento girado al Congreso por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene también un mensaje de respaldo a Federico Sturzenegger, al asegurar -aunque sin mencionar expresamente al futuro ministro- que en 2025 «se prevé fortalecer el área de ‘desregulación económica’, con el objetivo de implementar un proceso de simplificación y desregulación que simplifique la acción privada».

Pero otros de los destinatarios serán los trabajadores en relación de dependencia y, a través de ellos, las organizaciones sindicales, ya que se proyecta un incremento de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social del 74,3%, veinte puntos porcentuales más que la recaudación tributaria total, «como resultado de los aumentos estimados en los salarios nominales imponibles y de la recuperación de los puestos de trabajo».

Asimismo, ratifica el sendero de desaceleración de la inflación, al indicar que al comenzar la redacción del «Avance» se preveía llegar a fin de año con un índice del 139,7%, pero en base a datos oficiales «publicados con posterioridad al cierre de esta etapa de elaboración del presupuesto» el alza de precios minoristas se ubicaría «por debajo del 130% interanual a diciembre de 2024».

Con una inflación acumulada del 71,9% en los primeros cinco meses, la marca establecida en un 130% para todo 2024 deja una proyección de un IPC promedio mensual del 4,25% para los últimos siete meses del año.

El Gobierno espera una inflación del 139,7% interanual para diciembre de este año, según estimó en el avance del Presupuesto 2025

El mensaje a las provincias no solo procura el apoyo de los gobernadores para la firma del Pacto de Mayo sino precisamente para la misma sanción del proyecto de ley, para lo que será necesario el voto de la mayoría de diputados y senadores, en un marco de dificultad para el Gobierno nacional al que la aprobación de la ley de Bases le demandó seis meses de negociaciones y modificaciones del texto original.

La situación será diferente a la que afrontó Milei al asumir, ya que el Presupuesto del año en curso es una prórroga de la ley del año pasado, lo que le permitió recurrir a modificaciones a través de un decreto de necesidad y urgencia y varias decisiones administrativas sin necesidad de debatirlo en un Congreso en la que el oficialismo es minoritario en ambas cámaras.

La ley 24.156 de Administración Financiera establece al 15 de septiembre como fecha límite para la presentación del proyecto de ley de Presupuesto en la Cámara de Diputados, pero el cronograma previo a ese acto tiene su inicio a mediados de abril, con la conformación del GAEP (Grupo de Apoyo a la Elaboración del Presupuesto), encargado de recopilar la información necesaria de todas las dependencias de la Administración Pública Nacional.

Cuáles son los principales puntos del Avance del Presupuesto 2025

Si bien el «Avance» presentado aún no cuenta con los aspectos principales del proyecto de ley (autorización de gastos, estimación de recursos, inflación proyectada, entre otros) algunos adelantos permiten configurar el plan de gobierno para 2025 (y lo que resta de 2024) en materia económica:

  • «La inflación proyectada al inicio del proceso de elaboración del presupuesto se ubicaba en un 139,7% interanual para diciembre de 2024«, se señaló al abordar los escenarios macroeconómicos, pero seguidamente se advirtió que «los datos oficiales sobre inflación publicados con posterioridad al cierre de esta etapa de elaboración del presupuesto sugieren que la inflación estará situada por debajo del 130% interanual a diciembre 2024». Con una inflación acumulada del 71,9% hasta mayo, para alcanzar esa meta se requiere de un promedio de inflación mensual no superior al 4,25%, en línea con los resultados de mayo.
  • El IVA volverá a ser la «columna vertebral» de la estructura tributaria, a raíz del fin de la vigencia del impuesto PAIS (vence el 31 de diciembre de 2024), y una menor participación tanto de los derechos de exportación (por una base de comparación en la que incidió la devaluación de diciembre de 2023) como de Ganancias (por el impacto que la misma devaluación tuvo en la recaudación de mayo de este año).
En cuanto a la recaudación, el IVA volverá a ser la

En cuanto a la recaudación, el IVA volverá a ser la «columna vertebral» de la estructura tributaria

En ese sentido, con un aumento previsto del 54,4% para la recaudación tributaria total, el IVA tendrá un incremento del 62,5% contra un 47% en Ganancias y 52,8% en retenciones.

El principal incremento en la recaudación impositiva vendrá de la mano de Combustibles líquidos y Dióxido de Carbono (136,1%), debido a los ajustes que aún se siguen aplicando, pero con un impacto menor en la recaudación total.

  • Luego de un 2024 en el que la inflación afectó los ingresos de los asalariados, el mensaje del Poder Ejecutivo adelantó que en 2025 los ingresos por contribuciones a la Seguridad Social (aportes personales y contribuciones patronales de los trabajadores en relación de dependencia, de los autónomos y personal activo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), crecerían un 74,3%.

Esa mejora, sostuvo el Gobierno, se dará «como resultado de los aumentos estimados en los salarios nominales imponibles y de la recuperación de los puestos de trabajo».

  • Con los cambios en la composición de la estructura tributaria, las provincias experimentarán una mejora en sus ingresos de origen nacional, debido a que dos tributos no coparticipables (el impuesto PAIS y los derechos de exportación) perderán importancia relativa en favor del IVA, que se coparticipa. Según el Avance del proyecto de Presupuesto, los ingresos de origen nacional a las provincias aumentarán un 63,1%.

Por último, el documento puntualiza la importancia de avanzar en «la simplificación y racionalización de la estructura estatal», así como «la reducción de fondos fiduciarios», en «saneamiento, concesión y/o privatización de empresas públicas» y el fortalecimiento del «área de desregulación económica», tareas que se prevé asignar a Federico Sturzenegger una vez que sea designado ministro, tal como adelantó Milei. «Continuar y sostener esta política de desregulación, modernización y simplificación del Estado,beneficiando a todos los ciudadanos argentinos, será una de las prioridades de esta gestión para brindar mejores servicios públicos a un menor costo», se subraya en el «Avance».



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