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SOCIEDAD

El dilema de Mendoza: en la tierra del vino, se disparan los niveles de alcoholemia al volante y hay trágicos accidentes

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MENDOZA.– En la principal provincia productora de vino de la Argentina, hay una realidad que inquieta a toda hora: la presencia de conductores con niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos no para de crecer, lo que implica también altas probabilidades de provocar tragedias. Entre los siniestros más graves y resonantes ocurridos este año, está el caso de un sommelier que atropelló y mató a dos agentes de seguridad que se encontraban en la banquina de la ruta haciendo controles de tránsito, los cuales paradójicamente suelen ser esporádicos, según pudo observar LA NACION en una recorrida durante semanas en las principales vías de acceso de la región.

Tragos, cerveza y vino antes de manejar parecen reiterarse a la hora de circular por las calles cuyanas, y no solo los fines de semana. Así lo indican los incidentes viales que se reportan cada jornada. Una vez llegada la policía al lugar del hecho, hay un preocupante patrón que se repite en las pruebas de alcoholemia: conductores que superan ampliamente la medida de 1 gramo de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido por ley es 0,5 g/l (Mendoza decidió no adherir a la Ley Nacional de Tolerancia Cero). Ya se registran incluso sorprendentes e insólitos casos en los que el aparato de medición reporta “error”, lo que indica que se rompió la barrera de 3 g/l.

Esta situación se convirtió en un problema no solo para las autoridades locales, que prometen endurecer las sanciones y los puestos de vigilancia, sino para quienes sufren los siniestros de tránsito. Los datos hablan por sí solos: en lo que va del año ya ocurrieron casi 100 muertes, de las cuales más del 70% tienen vinculación con el consumo de alguna sustancia y el exceso de velocidad.

Entre los siniestros más graves y resonantes ocurridos este año, está el caso de un sommelier que atropelló y mató a dos agentes de seguridad Ministerio de Seguridad de Mendoza

En una recorrida que realizó LA NACION por las principales rutas de acceso a esta provincia y en las inmediaciones de bodegas, restaurantes y boliches se pudo observar no solo falta de toma de conciencia ciudadana a la hora de conducir bajo los efectos del alcohol, sino la escasa presencia policial. “Los controles son muy escasos, faltan muchos recursos humanos y tecnológicos también. En cuanto al consumo en realidad no es tanto el vino, hay mucho consumo de bebidas blancas; muchas mezclas también. Es correcto el permitido de 0,5 g/l, ya que no hay antecedentes de accidentes con esa cantidad de alcohol; la mayoría está por arriba de 1 g/l, e incluso los 2 g/l”, expresó el especialista en seguridad vial Hugo Fiorens, coordinador del Observatorio de Seguridad Vial de la ONG Voluntarios en Red Mendoza y exdirector de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza.

Asimismo, el experto indicó que la provincia no es ajena al resto del país en cuanto a consumo de alcohol al volante, pero tiene la complejidad del transporte de carga internacional. “Conducen a exceso de velocidad, consumen alcohol y otras sustancias también”, indicó. Además, el profesional puso el foco en las zonas rurales. “Allí son mucho más frecuentes los incidentes, y todos los días”, advirtió.

En la industria vitivinícola también analizan la dramática situación. “El alcoholismo en exceso sigue bajo estudio en sus causas; nosotros apuntamos a una tolerancia lógica en el consumo. El vino es una bebida que se comparte, en una mesa; no es solitario, o en una barra, como suele pasar con los destilados de alta graduación. No somos los causantes de esta situación, pero sí hay que tener moderación. Hace falta educación, prevención, sanciones y controles: es un cambio cultural”, expuso Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA). “La noche, los jóvenes, los fines de semana y la madrugada es lo que más preocupa. Hay que educar, dando libertad y enseñando el peligro, no solo medidas restrictivas. Aunque a muchos en la industria no les simpatiza, nosotros incluso pregonamos tomar el vino con soda. Es un trabajo a largo plazo, hay países desarrollados que han logrado reducir el consumo de bebidas blancas”, completó.

Guaymallén, escenario de otro siniestro vialMinisterio de Seguridad de Mendoza

En contacto con LA NACION, desde una reconocida bodega plantearon; “El mayor consumo problemático vinculado a los accidentes se da con bebidas blancas, cerveza y otras sustancias, pero también hay irresponsabilidad a la hora de tomar vino. Por eso, para nosotros, por ejemplo, es difícil seguir haciendo sunsets o eventos especiales; no solo porque muchos toman de más, sino porque, dependiendo de la bodega, te ponen un control policial cerca y nos complica el negocio y la reputación”, expuso el dueño.

Así, parecen ya incontables los accidentes en los que se tiene participación el consumo de alcohol. Para graficar la preocupante tendencia basta observar lo que ocurre cualquier día de la semana, cuando se reporta públicamente al menos un siniestro con alcoholemia positiva. Peores son los datos entre viernes y domingo. Tras la presión social y mediática por el crecimiento de los accidentes vinculados a la presencia de alcohol en sangre, durante un operativo de control realizado durante el fin de semana de mitad de junio seis conductores fueron detenidos por alcoholemia positiva de más de 1 g/l.

Sobre el puente del río Mendoza, Luján, se registró un siniestro vial con una camioneta Ford Ranger que chocó con un colectivo y luego con un guardarraílMinisterio de Seguridad de Mendoza

Hay otro caso llamativo, entre los últimos ocurridos en la tierra del vino, que muestra la gravedad de una problemática que atraviesa todas las edades y clases sociales: el fin de semana XXL, un padre que se dirigía a buscar a su hijo fue detenido con una alcoholemia de 1,69 g/l, más de tres veces el límite permitido por la ley. Otro hecho más, de los últimos días, con ribetes insólitos: un grupo de jóvenes manejaban borrachos, chocaron contra un poste y culparon a un perro; al realizársele el control de alcoholemia al conductor del vehículo, se comprobó que tenía 1,19 gramos de alcohol en sangre.

Desde el gobierno provincial, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, acusó recibo de esta realidad y consideró que se deben agravar las penas, sobre todo luego del trágico hecho protagonizado en mayo por el sommelier Hugo Martín Rodríguez, de 44 años, quien atropelló y mató al agente de tránsito Santiago Velázquez y al policía Leonardo Alarcón en el Acceso Sur de Godoy Cruz, después de reconocer haber tomado vino en una cena con un amigo. Las pruebas determinaron que tenía 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre.

“Es ciencia ficción creer que una persona con cinco veces más de alcohol que el límite permitido no pensó en el resultado”, expresó la funcionaria mendocina, quien pidió que en este tipo de casos “el derecho esté al servicio de la justicia que la sociedad reclama y quiere”. Por eso, Rus opina que existió “dolo homicida” y que se debe actuar judicialmente en consecuencia, bajo la figura del homicidio con dolo eventual, además de aumentar las sanciones para quienes se exceden en el consumo. Rodríguez permanece en prisión, a la espera del juicio, imputado por homicidio simple con dolo eventual, arriesgando desde ocho hasta 50 años de cárcel, aunque sus abogados presionan para cambiar la calificación a homicidio culposo, por lo que piden su liberación o, en su defecto, la prisión domiciliaria. En ese sentido, Rus hizo hincapié en la necesidad de modificar normativas a nivel nacional para aumentar la amenaza punitiva en casos de homicidio culposo y lesiones gravísimas.

También afirmó que es necesario aumentar los controles, al tiempo que indicó que más del 90% de los ingresos a las comisarías mendocinas son por conducir con más de 1 gramo de alcohol en sangre. En estos casos, la normativa provincial establece multas de entre $508.000 y $1.143.000, inhabilitación para conducir vehículos de 90 a 365 días, retención del rodado y arresto de hasta 30 días.

Advierten que los controles de tránsito son escasos y es necesario aumentar los operativosMinisterio de Seguridad de Mendoza

En diálogo con LA NACION y al borde del llanto, Eugenia Graciela Fernández, familiar de uno de los agentes fallecidos, fue contundente. “Los borrachos que matan al volante tienen que pagar con prisión, y muchos años, no con privilegios de estar como en su casa, ya que las familias no pueden hacer su duelo, no pueden sufrir sus pérdidas”, expresó la mujer. Y agregó: “Lloramos mucho de tan solo pensar en la injusticia que se vive cada día. Sabemos que no va haber alcohol cero en una provincia que es la tierra del vino, pero si cambiamos las leyes, una persona que maneja alcoholizada deberá pagar mucho y no manejar más en su vida. Y si mata a otra persona, que directamente le den perpetua. Así la gente va a pensar si maneja borracha”.

Fiorens profundizó sobre este flagelo que afecta a Mendoza, más allá del vino u otra bebida. “Lo más grave es el consumo de drogas lícitas e ilícitas, ya que no hay forma de detectar en los controles oficiales. Otro tema es la edad en el consumo de alcohol: antes eran los más jóvenes, en estos tiempos son las edades intermedias y las mujeres”, aportó el especialista, quien hizo hincapié en la toma de conciencia, ya que considera que hay “anomia social, la falta de respeto a las normas y leyes”.

Por eso, se apunta a la necesidad de optimizar y potenciar la tarea de vigilancia desde el Estado. “Lo mejor que le puede pasar a un conductor ebrio es que lo detecten en los controles; lo peor es que se convierten en suicidas o asesinos. Pueden terminar muertos, presos, discapacitados y también perder trabajo y cosas materiales. No toman conciencia de la magnitud del problema”, aportó el experto, y expuso otro punto crítico: el millonario costo de atención de heridos en los hospitales públicos. “Ni hablar de las personas que quedan con discapacidad y son único sustento de familias, genera un tema social tremendo”, concluyó.

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Ahora el Gobierno dice que no tendrá políticas de género: las excusas

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«No vamos a tener política de género. La violencia no tiene género. Nuestra política está orientada a ayudar y proteger a todas las personas que estén en situación de violencia y riesgo sin importar su sexo», dicen desde el área de prensa del Ministerio de Justicia de la Nación. Días atrás, el ministro Mariano Cúneo Libarona había asegurado a Clarín en una entrevista que «el área de género tendrá prioridad absoluta».

«En el nuevo esquema voy a crear un centro en la ex ESMA, donde van a trabajar entre 70 y 100 personas, que van a estar full time y exclusivamente para género«, dijo entonces el ministro horas después de saberse que el gobierno había despedido al 85% de las personas que trabajaban en el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad. En diciembre había sido degradado a Subsecretaría hasta que finalmente se disolvió.

Durante el fin de semana llegaron miles de mails de despidos a trabajadoras y trabajadores del Estado. Muchas pertenecientes al área de género y a la Línea 144, que atiende llamadas de urgencia, sobre todo de mujeres que están sufriendo situaciones de violencia de género. La línea -que cumplió 10 años-, recibió unos 90 mil llamados en el primer trimestre de 2024. Habían llegado a ser 148 personas. El 80% fueron despedidas.

«Retroceso de más de 30 años»

En este marco de la incertidumbre generada por el desmantelamiento de la Subsecretaría, y el despido del 85% de los trabajadores, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) presentaron una acción judicial colectiva ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1que exige al Poder Ejecutivo certezas.

«¿Cómo se cumplirán las obligaciones legales asumidas local e internacionalmente para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres? ¿Cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes?», preguntaron.

«Con ‘la eliminación definitiva’ del organismo, las mujeres, adolescentes y niñas se enfrentarán a un retroceso de más de treinta años en la protección de sus derechos. Además, Argentina pasaría a ser el único país en Latinoamérica sin institución a cargo de las políticas de equidad de género. El accionar del PEN y el Ministerio de Justicia no solo vulnera derechos individuales sino que además afecta gravemente la calidad democrática de nuestras instituciones, por cuanto estas medidas se han tomado desconociendo las obligaciones legales que rigen en la materia y los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben guiar todo el accionar estatal», plantearon las ONGs.

«La Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, ambas dependientes del Ministerio de Justicia, asegurarán el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por la República Argentina y se ocuparán de garantizar los derechos existentes«, respondieron desde el área de prensa del Ministerio de Justicia.

«La línea 144 va a continuar operativa y pasará a llamarse ‘de atención a personas en situación de violencia y riesgo’. También seguirá funcionando la línea 149 del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), que atiende las 24 horas», agregaron.

«La Dirección a cargo de la ejecución de los programas específicos que el Gobierno y este Ministerio definan su continuidad se llamará Dirección Nacional de Protección a la Familia. Nuestras políticas están orientadas siempre a favor de las víctimas y en contra de cualquier tipo de violencia».

«Es importante no olvidar como la administración anterior utilizó este problema de nuestra sociedad para crear una nueva caja de la política. El ex Ministerio de la Mujer, el genero y la diversidad, contaba con mas de 1100 empleados, tenía un presupuesto anual de mas de 85 mil millones el cual gastaban mas del 90% en sueldos. Después de cuatro años y miles de millones gastados, terminamos con más mujeres asesinadas. Para erradicar la violencia creemos que hay que se implacables con los violentos, los asesinos y los violadores sin importar su sexo y/o su ideología», dicen a Clarín desde el área de prensa.

-¿Por qué el gobierno niega la violencia de género con un femicidio cada 28 horas? No ocurre lo mismo con los varones: ellos mueren más pero porque son asesinados por otros varones, no hay violencia de género ahí. ¿Cómo se va a prevenir la violencia de género? ¿Cómo se va a promover la igualdad de género? ¿Con qué políticas o ya no habrá? ¿Qué va a pasar con las mujeres que denuncian violencia y no tienen a dónde ir tal vez con 3 o 4 hijos? ¿Por qué a días de asegurar que el «género será prioritario» en Argentina hoy se dice todo lo contrario?

-Entiendo que (el ministro) debe de haberse expresado mal.

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