En un largo hilo publicado por el superintendente Gabriel Oriolo en la red X, la Superintendencia de Servicios de Salud apuntó contra la gestión del organismo durante el gobierno de Alberto Fernández y denunció que en el primer semestre del año encontraron incumplimientos administrativos en el 40% de las prepagas, además de afirmar que “terminaron” con las obras sociales que “únicamente existían para cobrar subsidios” o funcionaban como “sellos de goma”. Acá, la respuesta de las prepagas y una dura denuncia de la Súper contra una obra social en particular.

Oriolo se expresó a lo largo de un hilo con 14 posteos que realzan la gestión del Gobierno de Javier Milei (y puntualmente de la “Súper”) en los últimos seis meses. Si bien repartió observaciones a los prestadores de salud y a la gestión anterior, el texto es general: da pocas precisiones sobre los problemas encontrados. Clarín pidió más detalles al organismo que, conviene aclarar, tiene como función controlar el funcionamiento de las prepagas y las obras sociales nacionales.

Con respecto a las prepagas, respondieron algo parecido a lo que decía el tuit: “En cuanto a las empresas de medicina prepaga se detectó que 280 tienen algún tipo de incumplimiento administrativo. Esto significa que las empresas en cuestión no presentaron ante el organismo algún tipo de información de carácter obligatorio. Estamos hablando de balances, padrones, planes, cartillas, etc (N. de la R.: en el posteo sumaban irregularidades en los contratos con las obras sociales)”.

Sumaron que, “ante estos incumplimientos, la Superintendencia exigió a las empresas que se pusieran al día y presentaran la información adeudada, que es de carácter obligatorio y hace a la función fiscalizadora del organismo”.

En cuanto a las obras sociales, el tuit decía que avanzaron “contra las obras sociales que funcionaban como ‘sellos de goma'» y que actualmente están “auditando todas las obras sociales e interviniendo aquellas que tenían incumplimientos administrativos y no brindaban prestaciones a los afiliados”.

Al cierre de esta nota se recibieron algunas respuestas a nuevas repreguntas enviadas por este medio. La intención era saber qué prepagas tuvieron incumplimientos administrativos y al menos en qué lapso fueron las auditorías. De lo último dijeron que no se centraron en «ningún periodo en particular sino su estado actual y funcionamiento en general».

En cuanto a las prepagas, explicaron que van a tener detalles próximamente y que lo que están haciendo «es pedirles que cumplan con la información que deben presentar en el organismo. Esto, en algunos casos, no sucedía hace años«.

Además de sumar que «hay casos de obras sociales que están en regla, brindan prestaciones y funcionan muy bien, mientras que otras cuentan con muchas irregularidades», se refirieron a una obra social en particular.

En el tuit, Oriolo enfatizó que terminaron con las “triangulaciones”, en alusión a que se eliminó el mecanismo que hasta el decreto 70/2023 de Milei obligaba a los afiliados de las prepagas a derivar sus aportes de seguridad social a una obra social de convenio con la prepaga en cuestión.

Además, se jactó de haber derogado el decreto de Cristina Kirchner 1609, de septiembre de 2012, que daba un beneficio económico diferencial a las obras sociales de menos de 5.000 afiliados, “cuyo ingreso mensual promedio por afiliado resulte inferior al ingreso mensual promedio por afiliado de todo el sistema”. La novedad fue plasmada a fines de fines de abril pasado en el decreto 355/2024, y resultó tan rechazada por unos como celebrada por otros en el sector de la salud.

Desde el punto de vista del superintendente, “muchas obras sociales recibían recursos en perjuicio de otras y se beneficiaba injustamente a aquellas con menos de 5.000 afiliados, las cuales no tenían incentivos para crecer y sólo servían como sellos de goma para triangular con las entidades de medicina prepaga”.

Cuando Clarín pidió más detalles sobre las aparentes irregularidades en las entidades, desde la Súper comentaron “se están auditando entre dos y tres obras sociales por semana”.

Señalaron que “ya se intervino una obra social (OSPIF) por irregularidades”. Se refirieron, así, a la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, que, hasta su fallecimiento en enero pasado, estaba presidida por el conocido líder sindical Clay Jara Toledo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines.

Desde la Superintendencia aseguraron que OSPIF “no brindaba prestaciones y cobraba más de 130 millones de pesos en subsidios mensuales”. Clarín no logró establecer comunicación con esa entidad.

El largo posteo de Oriolo difunde el reordenamiento que la gestión considera que hasta ahora hizo del sistema de salud y la recuperación “del rol fiscalizador que el organismo nunca debió perder”. Se refiere a la gestión del ex superintendente Daniel López en términos de “desidia”.

Consultadas por este tema, fuentes ligadas a la gestión de salud del Gobierno de Alberto Fernández consideraron que durante esos años “se cumplió con todos los objetivos y que la SIGEN aprobó toda la gestión”.

Oriolo, no obstante, enfatiza en su posteo que ahora promueven un mercado “más transparente”, con “libre competencia” entre los actores y sin control de precios. “Terminamos con los controles de precios que eran la principal distorsión del mercado de empresas de medicina prepaga. Ahora, las entidades compiten libremente, lo que genera más y mejor oferta para todos los beneficiarios”, subraya.

Sin embargo, como esto último generó consecuencias realmente negativas en los afiliados (dejando de lado un sinnúmero de acciones judiciales), también se jacta de cómo -en sentido opuesto- repararon el problema: “Defendimos a la clase media ante los aumentos abusivos y la cartelización de las prepagas. Exigimos que se devuelva lo cobrado de más y la Justicia falló a favor del organismo. Hoy la mayoría de los aumentos están por debajo del índice de IPC”.

En cuanto a las “inconsistencias administrativas en 280 prepagas”, desde el sector de la medicina privada le bajaron el tono al comentario publicado por Oriolo.

El propio Hugo Mangoza, director de la Unión Argentina de Salud (UAS), transmitió a Clarín que le parecía «correcto» que hubiera un ordenamiento y mayor control, algo que en gestiones pasadas pudo haber sido menos incisivo, reconoció.

Pero enfatizó que ninguna entidad que apelara a los subsidios que se dieron desde el Estado en distintas oportunidades pudo haber tenido fuera de norma la presentación de sus balances y otros documentos.

«En todo caso, alguna demora, lo que no constituye una irregularidad«, opinó. “Si te notifican que incumpliste, cumplís y entregás lo que debés”, cerró.