Poco más de un año después de descubrir que había sido robado tras su nacimiento, el marino chileno-estadounidense Jimmy Thyden González demandó el lunes al Estado chileno por el presunto delito de sustracción de menores que se extendió “por décadas” e impactó a miles de familias.

El año pasado, a sus 42 años, Thyden González conoció sus orígenes, que se remontan a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) durante la que a miles de mujeres chilenas les habrían robado sus bebés recién nacidos para ser dados en adopciones ilegales.

De acuerdo con datos a los que The Associated Press tuvo acceso, el Poder Judicial de Chile cifra en aproximadamente 20.000 los casos de adopciones forzadas o ilegales, mientras que organizaciones de la sociedad civil como Nos Buscamos calculan que son más de 50.000 las familias afectadas.

«Ante todo queremos empezar por reconocerlo. Que el gobierno reconozca que esto sucedió, que se cometió un error. Y a partir de ahí podemos empezar a pensar en cómo deben ser las reparaciones”, dijo Thyden González, quien adoptó el apellido de su madre biológica el año pasado, en una entrevista con AP en Santiago.

Hace 43 años los trabajadores de un hospital de la capital chilena tomaron al hijo de María Angélica González de sus brazos inmediatamente después de que nació. Más tarde le dijeron que había muerto y que ya se habían hecho cargo de su cuerpo.

Pero en realidad el bebé fue dado en adopción a una familia de Estados Unidos, un caso enmarcado en una sombría trama de adopciones ilegales que, aunque no sean exclusivas de ese periodo, proliferaron bajo el régimen militar de Pinochet.

Aunque no es la primera la querella presentada por Thyden González ante el Tribunal de Apelaciones de Santiago llega en un momento que podría suponer un giro en las pesquisas sobre estas adopciones ocurridas décadas atrás. Ello porque el mismo lunes el magistrado Guillermo de la Barra asumió las riendas de la investigación judicial sobre la sustracción de menores.

Si bien hay otras demandas en curso, el abogado Ciro Colombara, penalista especialista en casos de derechos humanos que involucran al Estado y abogado al frente de la querella, explicó que las anteriores fueron acciones penales dirigidas a situaciones puntuales, mientras que la denuncia de Thyden González tiene una estrategia global ya que denuncia una “situación sistémica que duró décadas”.

“Aparte de las responsabilidades individuales, nos interesa determinar la responsabilidad del Estado de Chile”, entonces “ésta será una discusión tanto en los tribunales locales, tribunales nacionales, como los tribunales eventualmente de derechos humanos a nivel internacional”, señaló Colombara.

La investigación judicial en Chile inició en 2017 y, al día de hoy, tramitan en la Corte de Apelaciones de Santiago más de 1.200 denuncias de robos de bebés y adopciones ilegales, la mayoría en Estados Unidos y Suecia, indicaron a AP fuentes del Ministerio de Justicia.

Hasta ahora nadie ha sido condenado.

El tráfico de niños en Chile coincidió con muchas otras violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante los 17 años de dictadura Pinochet, quien el 11 de septiembre de 1973 encabezó un golpe de Estado para derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Durante el régimen de facto al menos 3.095 personas fueron asesinadas, según cifras del gobierno, y decenas de miles más fueron torturadas o encarceladas por motivos políticos.

En 2017 el entonces magistrado Mario Carroza puso en marcha la investigación judicial sobre el robo y venta de bebés, aunque desde entonces no hubo avances. Sin embargo, tras la llegada del izquierdista Gabriel Boric al poder en 2022 el caso ganó impulso en medio de los compromisos del mandatario en avanzar e intensificar los esfuerzos para esclarecer las circunstancias de esas adopciones.

El asunto marcó el reciente encuentro de Boric y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, quienes sellaron un acuerdo de cooperación para «avanzar en compartir la información y además iniciar un trabajo conjunto para abordar el tema de adopciones irregulares” durante una gira del mandatario chileno por Europa.

Con el pacto, firmado por los cancilleres de ambas naciones, se admite por primera vez la intervención estatal en los delitos, ya que el documento establece que “quienes suscriben, reconocen que se cometieron adopciones irregulares, que tuvieron graves consecuencias en las vidas y los derechos humanos de las víctimas y sus familias, en especial, en el derecho de identidad”.