El Gobierno cubano va a aplicar nuevas medidas de ajuste fiscal, recortando partidas del presupuesto de este año y asignando recursos mensualmente en función de los ingresos reales, dentro de otro paquete para estabilizar la economía del país.

Según informó este lunes el diario oficial Granma, el último Consejo de Ministros incluyó «la presentación de un nuevo grupo de medidas» que viene a sumarse al severo plan de ajuste anunciado en diciembre pasado. La noticia, que no aporta muchas concreciones, apunta a que estas decisiones ya están aprobadas.

A nivel fiscal destaca la decisión de «ajustar» el presupuesto estatal de este año a las condiciones de «economía de guerra», según dijo en la presentación la viceministra primera del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Mildrey Granadillo.

También sobresale la decisión de «reducir las partidas del presupuesto con el objetivo de disminuir el déficit fiscal de 2024 (estimado por el Gobierno en un 18,5 % del producto interno bruto, PIB), partiendo de las inejecuciones».

Asimismo, agregó Granadillo, se aprobó «asignar mensualmente los recursos financieros en correspondencia con los ingresos reales del mes», así como «definir requisitos» para «el uso del presupuesto aprobado», y «centralizar» su «aprobación».

Se anunciaron asimismo medidas que afectan al incipiente sector privado, como el establecimiento de una «política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía», la conclusión del sistema tributario para el comercio electrónico y el cálculo del «impacto fiscal de las importaciones de las formas de gestión no estatal».

De forma paralela, EFE confirmó este lunes que las autoridades cubanas están comunicando al sector privado su decisión de poner topes a los precios de seis productos básicos: pollo, aceite, salchicha, pastas alimentarias, leche en polvo y detergente.

El kilo de pollo costaría como máximo 680 pesos (5,6 dólares al cambio oficial para personas físicas); el litro de aceite vegetal, 990 pesos (8,25 dólares); el kilo de salchicha, 1.130 pesos (9,4 dólares); el litro de leche en polvo, 1.673 pesos (13,9 dólares); el kilo de pasta alimenticia, 836 pesos (6,97 dólares); y el kilo de detergente, 630 pesos (5,25 dólares/kilo).

En comparación, el salario estatal medio se sitúa en los 4.300 pesos y las pensiones, en 1.500 pesos.

Se desconoce por el momento cuándo se empezarán aplicar los topes. En algunas de estas reuniones con mipymes se había avanzado que la medida entraría en vigor el 1 de julio, aunque por el momento no ha habido anuncio oficial.

Las mipymes privadas son legales en Cuba desde 2021, pero habían estado prohibidas desde 1968. En la actualidad son más de 10.000 las que han recibido licencia para operar del Ministerio de Economía y Planificación (MEP).

Desde sectores y medios oficialistas se ha apuntado a las mipymes cuando se habla de inflación en el país. Si bien tienen precios habitualmente muy elevados para el cubano medio, su peso económico es inferior al del sector estatal.

La inflación es uno de los principales problemas de la economía cubana, que se encuentra sumergida desde hace cuatro años en una grave crisis. La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las fallidas políticas económicas y monetarias en el país han evidenciado problemas estructurales de la economía.

Según datos oficiales, la inflación formal repuntó más de un 77 % en 2021 y desde entonces oscila entre el 30 y el 40 % interanual, mientras los salarios estatales y las pensiones permanecen sin cambios.

Granadillo aseguró que estas medidas buscan «corregir desequilibrios macroeconómicos, incrementar la captación de divisas al país por diferentes vías y conceptos, incentivar la producción nacional, con énfasis en la producción de alimentos, y ordenar el funcionamiento de las formas de gestión no estatal», según citó Granma.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró en esta reunión que reducir el déficit presupuestario es una «prioridad» y abogó por «tener más control sobre los gastos» e, incluso, «cancelar un grupo de ellos que hoy no se pueden ejecutar», según recogió Granma.

En diciembre pasado el primer ministro, Manuel Marrero, anunció un severo plan de ajuste que incluyó el aumento del 400 % de los combustibles, incrementos en las tarifas del transporte estatal y la subida de algunos impuestos.

Además se avanzó que se quería reformar el tipo de cambio (el fijo formal está cada vez más alejado del informal) y que se estudiaba el fin de los subsidios universales a productos para pasar a las ayudas selectivas a colectivos vulnerables.