El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reclamado que el Gobierno israelí rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por su «genocidio» y «crímenes de guerra» durante meses contra el pueblo palestino, dado que su ofensiva en Gaza en modo alguno puede asemejarse «lo más mínimo» a una intervención en defensa propia. Así lo ha desgranado durante su intervención en el acto ‘Palestina. Paz y seguridad para garantizar los derechos humanos y el cumplimiento de la Agenda 2030’ celebrado en la Casa Árabe de Madrid, en el que han participado también el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, y su homóloga de Sudáfrica, Sankie Mthembi-Mahanyele. «Lo que contemplamos desde hace meses en Palestina es un genocidio, son crímenes de guerra, son crímenes contra la humanidad y las palabras importan y estas son las palabras que han adoptado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la causa abierta en la Corte Internacional de Justicia», ha enfatizado Bustinduy. Es más, ha remarcado que lo que se presencia en Gaza no es solo un acto de agresión «indescriptible» y ha proclamado que la normativa internacional del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, así como la directiva europea sobre Diligencia de Vida, pauta que todos los actores económicos «tienen la obligación de tomar las medidas que sean necesarias para asegurarse de que su actividad no contribuye, directa o indirectaéticamente, a las violaciones de derechos humanos que se están dando en los territorios palestinos ocupados, incluyendo la Franja de Gaza». De esta forma evocaba el requerimiento que realizó a las empresas españolas con intereses en Israel para que garantizaran que su actividad no contribuía al «genocidio». «Si aceptamos con indiferencia esta masacre, si enmudecemos ante las atrocidades que hoy sufre el pueblo palestino, estas solo se multiplicarán alimentándose unas a otras (…) La causa palestina es la causa del mundo libre «, ha remarcado el ministro para poner en valor que el Gobierno de España reconociera el Estado de Palestina el pasado mes de mayo. Bustinduy también ha denunciado la «ocupación ilegal» que sufre Palestina y a la construcción de asentamientos ilegales en su territorio, para exhortar a cada administración pública a hacer «todo lo posible» en el ámbito de sus competencias para poner fin a «las atrocidades que sufre el pueblo palestino». ISRAEL APLICA POLÍTICAS DE «APARTHEID2 Por su parte, el embajador de Palestina en España ha remarcado que la solución de los dos Estados es una propuesta que formuló en su día Estados Unidos y que, una vez validada por parte de la ONU, no hay nada más que negociar y dialogar sino que es necesario que la comunidad internacional, que afronta con «pasividad» la situación que padece Gaza, debe hacer que Israel lo acepte. En el caso de España, Husni Abdel Wahed, ha apuntado que la ciudadanía española apoya mayoritariamente la causa palestina y ha cargado contra la actitud del Gobierno israelí, que ejerce el «apartheid» y la «discriminación» aunque la comunidad internacional se «niega a aceptarlo». Es más, ha apuntado que diversos mandatarios internacionales dieron un «cheque en blanco» al Gobierno hebreo e incluso han rendido «pleitesía al fascismo israelí», que cuenta con «apoyo y aplauso» de gran parte de la comunidad internacional a sus «políticas genocidas». El embajador ha manifestado que solo dos actores pueden hacer que Israel acepte el Estado palestino, aludiendo a Estados Unidos y a la Unión Europea. En ambos casos, ha admitido que «no puede esperar mucho» en ambos casos y ha aludido al avance de la extrema derecha en Europa. Por su parte, Sankie Mthembi-Mahanyele ha puesto de relevancia la iniciativa sudafricana que inició el procedimiento por riesgo de genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), país que ha solicitado al tribunal que tome medidas contra Israel.