Por estos días el juez federal Sebastián Casanello trabaja en la resolución judicial a través de la que podría procesar, sobreseer o dictar la falta de mérito al líder de la Asociación Civil Polo Obrero Eduardo Belliboni, investigado por el desvío de millones de pesos del Potenciar Trabajo hacia una red de empresas que se habrían usado para justificar gastos inexistentes y ocultar el destino final del dinero.

El magistrado, junto con el fiscal federal Gerardo Pollicita, reunió varias pruebas que podrían demostrar que Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero utilizaron parte de los $360 millones que recibieron como unidad de gestión del Potenciar Trabajo para financiar al Partido Obrero que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda.

Para lograr este objetivo, el Polo Obrero usó seis empresas: la imprenta Rumbos; Coxtex; RicoPrint; UrbanGraphics; Carlos Monfrini y Miniso Trade. La Justicia probó que al menos $40 millones fueron a este grupo de firmas.

En algunos casos estas compañías hacían facturas truchas para que el PO luego las presente ante el exMinisterio de Desarrollo Social para justificar la plata del Potenciar Trabajo y en otros, las empresas después de cobrar el dinero que les enviaba la organización de Belliboni le endosaban cheques a la imprenta Rumbos, que tiene domicilio fiscal en la sede del Partido Obrero. La Justicia ya probó que esta firma hizo aportes electores al Partido Obrero por $18 millones y hasta contrató a una empresa de publicidad para que trabaje en la campaña del espacio.

TN accedió a los cheques que complican a Belliboni y reconstruyó una de las maniobras. En abril de 2022, el Polo Obrero contrató con la plata que el Estado le envió como unidad de gestión del Potenciar Trabajo a Carlos Osvaldo Monfrini para que le provea el servicio de handies. Se le pagó $1.473.456. Un día después este hombre le endosó cheques a la imprenta Rumbos. En los documentos se puede ver cómo terminan acreditados en las cuentas de la empresa. Los investigadores creen que esa plata luego se usó para financiar políticamente al Partido Obrero.

En una entrevista que Monfrini le concedió a TN, sostuvo que pueden haber existido pedidos de “donación” por parte del Polo Obrero.

En el cheque se ve que la empresa que cobra el dinero es Ediciones E Impresiones Rumbos SRL, cuyo socio gerente es Roberto Adrián Albornoz, uno de los imputados en la causa que ya prestó declaración. El otro creador de Rumbos fue Christian “El Colo” Rath, un histórico dirigente del Polo Obrero que ya falleció.

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Cuando llamó a indagatoria a Belliboni y otros 20 dirigentes y voluntarios más del Polo Obrero, el juez Casanello aseguró que “lo público se confundió con lo privado”. El magistrado justamente hacía referencias a estas maniobras en las que los millones del Estado terminaron en la cuenta de una empresa vinculada al PO. La empresa de publicidad que contrató Rumbos para que haga campaña digital para el Partido Obrero es Makosen.

Impresiones Rumbos también se habría usado para hacer facturas truchas. El Polo Obrero desvió a esta firma otros $20 millones. A modo de ejemplo, a los investigadores les llamó la atención que esta compañía emitió 25 facturas en un día, todas por el mismo valor aunque por conceptos diferentes. Para Rumbos costaba lo mimso un kit de seguridad que la impresión de papel.

Los investigadores también detectaron que el Polo Obrero presentó facturas hechas por una firma llamada Coxtex, que para la AFIP es una empresa trucha. A esta firma supuestamente se le compraron computadoras por un valor de $5 millones. La organización de Belliboni recibió plata del Estado en el marco del Potenciar Trabajo para comprar elementos de trabajo de los beneficiarios, ropa y asistirlos con diversos cursos. La Justicia cree que esas computadoras nunca se entregaron y que Coxtex hizo la factura solo para que el PO desvíe el dinero.

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Coxtex fue fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega. El escribano que firmó la escritura de constitución de esta compañía es Juan Bautista Darrasaga, que ya fue investigado por el caso Ricardo Jaime y Lázaro Báez, tal como contó La Nación.

El juez federal Sebastián Casanello también detectó que la Asociación Civil Polo Obrero presentó rendiciones ante la excartera de Desarrollo Social por unos $10.000.000 con facturas realizadas por dos firmas que luego hicieron cheques en favor de Rumbos, lo que podría configurar un autofinanciamiento con dinero del Estado. Estas compañías son Urban Graphics S.A. y Rico Print.

TN pudo saber que después de cobrar el dinero del PO, Urban Graphics emitió un cheque en favor de la imprenta Rumbos por $1.800.000. En tanto que Rico Print hizo lo propio por otros $269 mil. Se trata de dos datos llamativos si se tiene en cuenta que la Justicia ya tiene probado que Rumbos hizo aportes electores al Partido Obrero, que compite dentro del Frente de Izquierda.

La historia de empresas con facturación sospechosa continúa. El juez Casanello detectó que el Polo Obrero le compró siete computadoras y un software a una empresa llamada Miniso Trade SRL. Son varios los datos llamativos. La empresa se fundó en 2017, pero su primera factura se emitió en junio de 2022. ¿A quién? Al Polo Obrero. El detalle de la factura marca que es la 0001. El total de la compra fue por $3 millones. Ese año, el 2022, el Polo Obrero le había comprado computadoras a otra firma, que incluso se las vendía más baratas. ¿Por qué entonces decidió hacer esta compra?

Cuando los investigadores allanaron Miniso Trade se encontraron con una oficina vacía que no funcionaba desde 2020. Pero el dato más inquietante es que se trata de una factura casi idéntica a la que Coxtex le había hecho al Partido Obrero unos meses antes, en 2021. Tanto Miniso Trade como a esta última firma, dijo haberles comprado computadoras Lenovo y softwares.

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