Como se sabe, los movimientos sociales surgieron en los años 90 del siglo pasado como agrupaciones espontáneas de personas desesperadas que iban quedando al margen del sistema. Con la crisis de 2001 estos fenómenos asociativos de los excluidos hicieron eclosión. Pero paulatinamente mudaron su razón de ser, dejando de funcionar como mediadores visibles de una demanda social para pasar a ser, primero, intermediarios de la ayuda del Estado y luego, protagonistas activos de la política, al servicio o en contra del gobierno de turno según los intereses del momento. Este proceso de sucesivas mutaciones, disimulado tal vez por la permanencia de la denominación “movimientos sociales”, pasó inadvertido para muchos.

En ámbitos católicos hubo otro factor que impidió advertir adecuadamente la relevancia de estos cambios. Los marginados, y no ya los trabajadores asalariados y sindicalizados, se presentaban como la nueva encarnación del pueblo pobre, cuya irrupción pública habría de significar la regeneración de la vida social y política del país. Algunos tempranos signos que inducían a la cautela fueron soslayados, como el caso de Milagro Sala y su movimiento Tupac Amaru, que fueron objeto de una defensa apasionada, la cual sólo menguó cuando las evidencias de corrupción y violencia quedaron demasiado expuestas por las investigaciones judiciales.

Con insuficiente sentido crítico, se relativizó la falta de transparencia y las prácticas abusivas de muchos de estos grupos como “desprolijidades” propias de cualquier fenómeno social surgido “desde abajo”, el costo casi inevitable de los servicios que efectivamente prestaban a su gente. Así tomó fuerza, en sectores del mundo católico, la idea de “institucionalizar” estas nuevas formas asociativas, e incluso integrarlas en el marco de la constitución. Una “democracia de los movimientos sociales” sería capaz de superar la crisis de representatividad de la democracia clásica. La inclusión de “referentes sociales” como funcionarios del área respectiva fue interpretada como un primer paso en esa dirección, aunque implicara responsabilidades en la asignación de recursos públicos a sus propias agrupaciones, con evidente conflicto de intereses.

El proyecto merecía graves objeciones. Los movimientos sociales, producto de la emergencia social, carecían de objetivos permanentes y de normas internas que regularan su funcionamiento; sus “referentes” no eran elegidos sino autoproclamados; no estaban sometidos a ningún control formal en su actuación ni en el manejo de los recursos públicos. Una vez “institucionalizados”, ¿no se convertirían, por fuerza, en otra cosa? ¿Y qué cosa que no fuera intrusiva o redundante? Lo que se presentaba como el camino de la inclusión de los postergados parecía estar proponiendo para ellos un estatuto diferente e inferior al de los ciudadanos comunes.

De hecho, hoy sabemos que muchos de los miembros de estos movimientos eran objeto de explotación económica y de “sanciones” en caso de negarse a participar en marchas y cortes. Bastó con desbaratar el negocio de la intermediación para que sus mismos integrantes les dieran la espalda, al menos en número suficiente para desalojarlos de las calles, mientras que varios de sus dirigentes fueron llevados a la justicia. No parece que éste pudiera ser el camino de la regeneración social, la inclusión y la nueva democracia.

Lo sucedido debe movernos a una profunda reflexión. La explotación de los pobres puede llegar de muchos lados, incluso desde dentro de los mismos “sectores populares”. El afán de justicia social no debe privar del sentido crítico y la imparcialidad, a riesgo de alinearse del lado equivocado. De hecho, las denuncias de los abusos mencionados no surgieron, como cabría esperar, de quienes pretendían ser la voz de los pobres, sino, sobre todo, de los mismos afectados. Cuando se les dio la oportunidad, miles de víctimas reclamaron no una nueva democracia, sino ser tratados como simples ciudadanos. Nada más y nada menos.

Pbro. Consejo Consultivo Instituto Acton Argentina