En el marco de la presentación y envío al Congreso por parte de Gobierno del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) se pronunció en contra en un comunicado que destacó “las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los adolescentes sujetos a procesos judiciales”.

El pasado 28 de junio, el Gobierno presentó por intermedio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el proyecto de Ley Penal Juvenil, que entre los puntos más importantes contempla la baja de la edad de imputabilidad de 16 años a 13, según el tipo de delito.

“Desde la SAP somos enfáticos en que bajar la edad de imputabilidad no resolverá el flagelo de la violencia y de la inseguridad: solo el 2,6% de los delitos son cometidos por menores de 18 años”, afirmó Javier Indart de Arza, médico pediatra y psiquiatra infanto juvenil y presidente de la entidad.

El comunicado, elaborado por las Subcomisiones de Humanidades y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la SAP, afirma que los menores de 18 años “son víctimas de numerosas y sistemáticas agresiones físicas y emocionales desde los primeros años de su vida”.

“Sus expectativas de un futuro mejor son muy limitadas. En esta situación, su participación en hechos delictivos está organizada y programada, en su gran mayoría, por grupos de delincuentes adultos. En otras, su libre campo de autodeterminación se encuentra totalmente limitado por su realidad social, cultural, familiar, educativa o económica”, señalaron.

El informe resalta que “las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos y que las penas a niños, niñas y adolescentes no deberían ser homologables a las de los adultos”.

El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la SAP, en convenio con Unicef, y el del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, presentó en agosto un informe que señaló que pobreza infantil en el tercer trimestre de 2023 se estimó en 55% (con jurisdicciones que superan el 80%) y la indigencia en 15,7% con cifras estimadas en aumento para 2024. Más de la mitad (51,4%) de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años son pobres.

Ese mismo mes, los pediatras también difundieron una dura carta, a propósito de la búsqueda del pequeño Loan Peña, en la que, fuera de su tono habitual, reclamaba la acción del Estado en ese caso y advertía por el creciente escenario de desapariciones en el país.

El proyecto del Poder Ejecutivo detalló que los menores de entre 13 y 18 años que delinquen pueden ser privados de la libertad en «establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo» y que se debe comunicar a sus padres de la imputación y los actos procesales.

Si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, como «asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes».

Ante ello, la Sociedad Argentina de Pediatría desarrolló recomendaciones para el abordaje de adolescentes no punibles donde pide, por ejemplo, que se diseñe “un sistema por el cual el Estado esté permanentemente presente para promover el desarrollo personal, educativo y social del niño”.

“Garantizar la protección de los derechos del niño, en todas sus etapas de desarrollo, dotándolo de las herramientas educativas, sociales y económicas para fortalecer su autonomía y visualizar la responsabilidad penal de un niño o adolescente teniendo en cuenta su realidad social, cultural y personal», son otros de los puntos que resaltaron en el documento.

En otros de los puntos presentados señalaron que la vinculación de adolescentes con las armas y drogas “está relacionado casi directamente con amparo de ‘capangas’ marginales y connivencia policial”, a la vez que pidieron promover actividades intramuros “con alto contenido social” para la reinserción.

Y plantearon la necesidad de fomentar lo que se ha dado en llamar «justicia restaurativa», que consiste en evaluar la posibilidad de interactuar el autor del delito con la víctima -si ésta así lo acepta- para «reconocer humanidad e identidad a quien ha sufrido por causa de él y pueda sinceramente arrepentirse y comprometerse a enmendar las consecuencias de su conducta».

Por otra parte, pidieron «abordar -con carácter fuertemente preventivo- determinantes como la violencia familiar y de género, las organizaciones delictivas de adultos y de agentes de seguridad que utilizan niños para delinquir, los adultos que son agentes de tráfico de drogas, la deserción escolar, la precariedad laboral de los adultos a cargo, el acceso a estupefacientes y sustancias psicoactivas (paco, solvente, nafta, kerosene, etc.), psicotrópicos y drogas ilegales”.

También recomendaron tener en cuenta de manera imprescindible el “respeto absoluto de sus derechos, contemplados en la Convención de los Derechos del Niño, la preservación y promoción de su salud física y mental, y la continuidad y el refuerzo de su educación regular, entre otras.

A su vez, entre las acciones más destacadas para la reinserción social de los menores de edad se encuentran la realización de actividades sociales, creativas, recreativas y solitarias, la atención pediátrica durante la internación, la promoción al estudio, el acceso a actividades culturales y a la información y acciones sobre las familias.

“Desde la Sociedad Argentina de Pediatría, a través de este trabajo de las Subcomisiones de Humanidades y Derechos de la Niñez y Adolescencia, estamos convencidos de que no existen medidas que resuelvan el delito, ni medidas cortoplacistas que puedan abordar con profundidad y seriedad un problema tan complejo. La violencia en niños y adolescentes requiere de una política estatal amplia, completa y sostenible en el tiempo”, concluyó el pediatra Omar Tabacco, expresidente de la SAP y actual presidente de su Subcomisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.