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Salta: En San Lorenzo suspendieron las castraciones gratuitas

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En un movimiento que ha desatado una ola de indignación entre los vecinos, los concejales de San Lorenzo han aprobado una ordenanza que suspende las castraciones gratuitas de mascotas, profundizando así el ajuste y recorte del gasto público en la ciudad. Esta decisión, tomada por sorpresa, ha sido duramente criticada por la comunidad y defensores de los derechos de los animales.

Julieta Valencia, una vecina y dirigente social, expresó su repudio. Valencia recordó que es obligación del municipio garantizar el control de enfermedades zoonóticas y que la castración es un derecho animal fundamental. Ahora, con la nueva ordenanza, cada propietario deberá asumir el costo de la castración de sus mascotas, lo que podría agravar el problema de animales abandonados y su reproducción descontrolada.

«Cuando surgieron los derechos del animal, se estableció que se controlaría la población a través de castraciones», explicó Valencia. «Es una obligación del intendente garantizar estas castraciones en San Lorenzo». La dirigente también subrayó que los insumos necesarios para las castraciones, como la anestesia, son imprescindibles y no pueden ser cubiertos por los animales de la calle, ironizando sobre la absurda expectativa de que estos «tuvieran un ahorrito» para pagar sus propios insumos.

Además, Valencia advirtió sobre el riesgo de favoritismos hacia ciertas protectoras amigas del municipio, dejando al ciudadano común en desventaja, obligado a asumir el costo de estos procedimientos por su cuenta. Esta medida no solo representa un golpe a los derechos de los animales, sino que también evidencia una profunda desconexión entre las autoridades locales y las necesidades de la comunidad.

La suspensión de las castraciones gratuitas en San Lorenzo pone de manifiesto las consecuencias del ajuste en los servicios públicos esenciales, afectando incluso a los más indefensos. La comunidad exige una revisión de esta ordenanza y soluciones que no sacrifiquen el bienestar de los animales ni carguen a los vecinos con gastos adicionales en medio de una crisis económica. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Se complica la situación de Edgardo Kueider: una de sus empresas compró tres departamentos de lujo

Betail, la compañía en cuestión, figura como dedicada a la comercialización de ganado, pero podría no tener actividad real.

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La Justicia avanza en la causa por enriquecimiento ilícito contra el exsenador Edgardo Kueider y confirmó que la empresa Betail, de la que el exlegislador posee el 50%, compró tres departamentos en una torre exclusiva de Paraná, Entre Ríos. El fiscal José Emiliano Arias accedió a los boletos de compraventa que demuestran la adquisición de las unidades 13 “A”, 6 “D” y 6 “E” del complejo “Live”. Los montos declarados en 2021 oscilan entre 4 y 10 millones de pesos, valores muy por debajo del precio de mercado actual.

Kueider, quien no presentó sus declaraciones juradas de 2022 y 2023, nunca informó estos inmuebles. Las expensas de los departamentos y de dos cocheras se emitieron inicialmente a nombre de Betail, pero luego de las investigaciones, pasaron a nombre de Iara Gilsen Costa, secretaria del exsenador. Costa, detenida junto a Kueider en Paraguay con 200 mil dólares sin justificar, declaró ser la dueña del dinero en cuestión.

Kueider volvió a pedir que se lo restituya en el Senado y utilizó los dichos de Milei en su defensa

Betail, fundada en 2018, figura como dedicada a la comercialización de ganado, aunque no tendría actividad real. El otro 50% pertenece a Rodolfo Daniel González, socio de Kueider y propietario de la camioneta en la que fueron detenidos. A su vez, la Justicia investiga otra firma del exsenador, llamada Edekom, que carece de actividad comprobable. Esta empresa, dedicada a consultoría en tecnología, está registrada junto a Iván Haidar Kueider, hijo del exlegislador, y podría haber sido utilizada para ocultar su patrimonio.

La causa también involucra a José Carlos Nogueras, el contador señalado por avalar los balances de Betail. La Justicia allanó un domicilio vinculado a él en busca de documentación clave sobre las empresas bajo sospecha. La investigación apunta a determinar el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias, ya que en su última declaración jurada Kueider aseguró tener solo U$S8.500 en efectivo, un monto incompatible con sus recientes adquisiciones.

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