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Revés para Kicillof: intendentes bonaerenses se suman al RIGI que propone el Gobierno nacional

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En su guerra contra el Gobierno nacional, el titular del Ejecutivo bonaerense, Axel Kicillof, empieza a perder la batalla por el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), ya que pretende armar su propio proyecto y aprobarlo en la Legislatura, pero algunos de los intendentes ya anunciaron que se pliegan al sancionado por Javier Milei.

Así es el caso de los jefes comunales de Bahía Blanca y Mar del Plata, el primero de origen peronista Federico Susbielles, busca que la planta de GNL, con una inversión con un piso de 30 mil millones de dólares, se instale en su ciudad y no en la localidad rionegrina de Punta Colorada, por lo que inició conversaciones con el Gobierno nacional.

El Gobierno aseguró que no se usaron fondos públicos para la construcción de los caniles de los perros de Milei

Tenemos estudios que compartimos con YPF y Petronas, que marcan que el Puerto de Bahía Blanca puede albergar perfectamente el mayor movimiento de barcos y tiene los metros suficientes para que los buques de GNL puedan operar. También hay dos temas importantes, que tienen que ver con la licencia social y ambiental”, reveló el líder municipal en una entrevista con el diario Clarín.

A lo que sumó: “Nosotros nos sentimos patagónicos y creemos que tiene que haber un desarrollo más federal de la Argentina. Río Negro, Neuquén y Bahía Blanca tienen que generar un nodo logístico con radicaciones industriales que potencien la actividad económica. Estamos con muchas ganas de trabajar en equipo, pero para esta etapa el Puerto de Bahía Blanca es una mejor opción”.

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Por su parte, el jefe comunal del partido de la costa, Guillermo Montenegro, realizó una conferencia de prensa para anunciar su adherencia al RIGI de Milei, al enfocarse en la importancia de captar inversiones para la región. “Hace mucho empezamos un camino muy claro para ser la ciudad del sí: que busca y abre las puertas a las inversiones, que ofrece facilidades para que el privado pueda crecer y que apuesta por la generación de empleo genuino”, sostuvo.

“También le pedí a mi equipo que comience a diseñar un régimen de incentivos propio con ventajas locales. Incluso estamos pensando que la barrera de inversión para aplicar sea menor a los 200 millones de dólares que establece la ley nacional. Y, si el gobierno nacional trabaja en lo que llaman un Mini RIGI para las Pymes, también lo vamos a acompañar”, explicó el referente del PRO.

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POLITICA

Jujuy: Continúa la crisis en ADEP y la Lista Naranja inició una semana de protestas

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La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) atraviesa un período de incertidumbre y vacío institucional tras los comicios del pasado 11 de diciembre, que fueron anulados en medio de denuncias y sospechas de irregularidades. La Lista 5 Naranja, autoproclamada ganadora de las elecciones, ha decidido intensificar su plan de lucha con una serie de medidas que incluyen movilizaciones, denuncias y acciones judiciales contra la ex comisión directiva.

A 26 días de las elecciones, la Secretaría de Trabajo de la Nación aún no ha emitido una resolución definitiva, lo que ha generado un clima de tensión creciente. Según denuncian los miembros de la Lista Naranja, la sede gremial permanece prácticamente cerrada, aunque la ex secretaria general Silvia Vélez niega esta situación.

Desde una carpa instalada frente al edificio de calle Lamadrid, el referente del Hormiguero Docente y secretario electo, Guillermo Duarte, explicó que la asamblea celebrada recientemente definió una serie de acciones para visibilizar el reclamo. “Vamos a dirigirnos a la Agencia de Trabajo de calle Otero para exigir celeridad en el expediente presentado el 26 de diciembre ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Además, convocaremos a referentes sindicales de todo el país para que se sumen a una movilización y organizaremos una radio abierta con conferencia de prensa el viernes”, expresó Duarte.

Entre las medidas anunciadas también se incluye una olla popular frente a la sede gremial y un llamado a los afiliados para que realicen denuncias penales particulares contra la ex comisión directiva, a quienes acusan de «sospecha de defraudación».

El conflicto, que comenzó como una disputa electoral, ha escalado hacia un escenario de protesta y judicialización que amenaza con prolongarse si no hay una resolución clara por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, la falta de representación gremial efectiva deja a los educadores provinciales en un limbo institucional que afecta directamente sus derechos y condiciones laborales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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