POLITICA
Discutir el pasado, esquivar el futuro
Lejos de la deseada continuidad que debería primar por sobre el color partidario de las sucesivas gestiones de gobierno, los argentinos nos hemos acostumbrado a una suerte de subibaja violento que nos catapulta de un extremo al otro.
Bajo el mínimo común denominador de la democracia, las dificultades para abrazar al conjunto de las miradas, en un marco de respeto, demostró ser uno de los principales obstáculos al momento de encarar con algún viso de éxito el ansiado desarrollo. Hay una suerte de regodeo faccioso en el enfrentamiento. Una necesidad de agrandar las ya de por sí importantes diferencias artesanalmente construidas a lo largo de décadas, posando la mirada en el pasado, a través del espejo retrovisor.
En estos días, recrudecieron las críticas para aquellos que, desde su mirada de la historia, expresan activamente una posición considerada controvertida. Seis diputados del bloque La Libertad Avanza visitaron el penal federal de Ezeiza para reunirse con condenados por delitos de lesa humanidad. La comitiva, integrada por el diputado por Entre Ríos Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo (Capital Federal), Lourdes Arrieta (Mendoza), Rocío Bonacci (Santa Fe), Guillermo Montenegro (Buenos Aires) y Alida Ferreyra (Capital Federal), visitó a Alfredo Astiz y Ricardo Cavallo, ambos con prisión perpetua, y a Raúl Guglielminetti, condenado a 25 años, entre otros.
“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó Benedit. Otros integrantes del bloque se diferenciaron lamentando la iniciativa y aclarando que solo visitaron una cárcel, en general, y no a personas en particular. Arrieta incluso refirió insólitamente después haber asistido “engañada”, ya que, por su edad, “no tenía idea de quiénes eran”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que se trató de la agenda personal de los diputados, mientras que el Presidente se desentendió comentando que él “no lo hubiera hecho”. La UCR lo consideró “una afrenta a las víctimas, sus familiares y a todo el pueblo argentino”. El bloque de Unión por la Patria presentó un absurdo proyecto para sancionar a los diputados. El Frente de Izquierda denunció “complicidad con el genocidio”. A las críticas se sumaron la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A) y la CGT, junto con agrupaciones de derechos humanos y organizaciones de familiares de desaparecidos durante la dictadura militar, estas últimas pidiendo la expulsión de los diputados por “inhabilidad moral”.
La ministra Patricia Bullrich, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal, argumentó que los diputados piden entrar a las cárceles todo el tiempo, siempre dentro de la ley, y que cuando pedían visitar a Lázaro Báez o a Julio De Vido nadie cuestionaba el porqué.
La opinión de Benedit no tendría por qué coincidir con la del resto de los argentinos; apenas un puñado de causas como Malvinas o el Mundial de fútbol concitan apoyos masivos. El resto, solo división. ¿Puede ser tomada como una provocación? Frente a las visitas humanitarias a las cárceles de Ezeiza y Campo de Mayo que se organizan, muchos parados ideológicamente en la vereda de enfrente así lo entienden; sin espacio para sentimientos misericordiosos siendo el odio su único motor. Tal vez, una suerte de alegato, habida cuenta de que el debido proceso no alcanzó a muchos presos, con tantos de ellos que llevan años sin condena firme, algunos en edad avanzada y con derecho de cumplirla en domicilio como establece la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, con jerarquía constitucional. Demasiados también fallecieron.
Hoy hay muchas personas dispuestas a pagar el costo político de defender sus convicciones como antes lo hicieron otros con el discurso opuesto, integrantes de organizaciones armadas revolucionarias que recibieron millonarias indemnizaciones e incluso ocuparon cargos oficiales. Son los mismos que hoy se escandalizan mientras sus víctimas fueron silenciadas.
La Justicia no puede montarse en un subibaja. Garantizar su independencia es asegurar el respeto por el debido proceso y la igualdad ante la ley sin expresiones pendulares. La memoria debe ser completa y capaz de terminar con odios, revanchismos y violencias de cualquier bando. ¿Tiene sentido seguir discutiendo para atrás? Creemos claramente que no. Con el futuro en juego, son tantas y tan variadas las cuestiones que demandan atención y que deben acordarse que seguir empantanados en las viejas divisiones del pasado es condenarnos al fracaso y al estancamiento. Los cultores del pasado le temen al futuro y amenazan con arrebatárnoslo.
POLITICA
Santiago del Estero: Le robaron miles de dólares al polémico concejal Ricardo Lovaglio
La localidad de Suncho Corral, en la provincia de Santiago del Estero, se encuentra conmocionada tras un escándalo que involucra al concejal y dirigente sindical Ricardo Lovaglio. Según denunció el propio funcionario, fue víctima de un violento desalojo por parte de los propietarios de la vivienda que alquilaba, quienes, aprovechando su ausencia, ingresaron por la fuerza y le sustrajeron una importante suma de dinero: 6 mil dólares y 300 mil pesos.
El hecho ocurrió el pasado 30 de diciembre, mientras Lovaglio regresaba de Buenos Aires, adonde había viajado debido a una cirugía de su esposa, Antonella López. Según consta en la denuncia, irrumpieron en el domicilio, rompiendo cerraduras y sustrayendo el dinero en efectivo que Lovaglio guardaba en una mesa de luz y en un ropero. Además, habrían desconectado las cámaras de seguridad y reseteado el disco rígido para eliminar cualquier evidencia del hecho.
Sin embargo, más allá del robo, lo que ha despertado mayor controversia en la comunidad no es el crimen en sí, sino el origen del dinero sustraído. ¿Cómo un concejal y dirigente sindical tenía en su poder semejante suma en efectivo? Esta pregunta ha puesto nuevamente bajo la lupa a Lovaglio y a su esposa, quienes ya habían sido denunciados anteriormente por presuntas irregularidades vinculadas a la administración de planes sociales.
Denuncias previas: abuso de poder y extorsión
No es la primera vez que Ricardo Lovaglio y Antonella López se ven envueltos en denuncias por prácticas irregulares. Según testimonios de beneficiarios de planes sociales, la pareja habría obligado a mujeres en situación de vulnerabilidad a realizar trabajos personales a cambio de no perder el beneficio estatal. Según denunció Carla González, una de las damnificadas, López la forzaba a lavar su auto, barrer su casa e incluso limpiar la vivienda de su padre, bajo amenaza de quitarle el plan social que recibía.
Además, en plena campaña presidencial, Lovaglio y López habrían obligado a los beneficiarios de planes sociales a participar en actos políticos en apoyo al entonces candidato Sergio Massa. Tras la derrota electoral, la actitud de la pareja habría cambiado, responsabilizando a los propios beneficiarios por el resultado de los comicios y recrudeciendo las presiones sobre ellos.
Un dirigente con antecedentes de violencia
El historial de Lovaglio no solo está marcado por estas denuncias, sino también por episodios de violencia. En 2021, durante una movilización en Buenos Aires contra el vacunatorio VIP, el concejal fue identificado como uno de los agresores de manifestantes que protestaban frente a la Quinta de Olivos. Testigos aseguraron que participó activamente en los enfrentamientos, llegando incluso a golpear a jubilados que se encontraban en el lugar.
Pese a la gravedad de las acusaciones en su contra, hasta el momento no ha habido consecuencias judiciales significativas para Lovaglio y su esposa, lo que genera sospechas sobre su presunta protección política. Se los vincula con el hijo de la exvicepresidenta, Máximo Kirchner, y con el expresidente Alberto Fernández, lo que podría explicar la impunidad con la que se manejan.
El dinero bajo la lupa
El robo denunciado por Lovaglio no solo dejó al descubierto su conflicto con los propietarios de la vivienda, sino que reavivó las sospechas sobre su patrimonio. En una localidad pequeña como Suncho Corral, donde los ingresos de los funcionarios son de conocimiento público, la posesión de semejante cantidad de dinero en efectivo resulta, como mínimo, llamativa. ¿De dónde proviene ese dinero? ¿Por qué lo tenía en su casa y no en una cuenta bancaria?
Mientras la investigación avanza, la comunidad sigue esperando respuestas. En un contexto de crisis económica y ajuste en el gasto público, el caso de Lovaglio pone en evidencia las irregularidades que persisten en la administración de recursos del estado y el uso político de los planes sociales. Suncho Corral observa con atención, mientras las sombras sobre su concejal no dejan de crecer. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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