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POLITICA

Colectivos: Jorge Macri va contra Javier Milei y le echará la culpa si hay un paro por los subsidios

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La ciudad de Buenos Aires no aceptará que la Nación le transfiera las 31 líneas de colectivos que circulan solamente en su territorio y responsabilizará al presidente Javier Milei y sus funcionarios si el conflicto económico por los subsidios y las tarifas deriva en un paro durante los próximos meses.

Así, escala la tensión entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el mandatario nacional, en un tema que también toca al gobernador kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afectado por las decisiones de la Rosada en materia de subsidios al transporte.

Pero en el caso del Gobierno porteño, se trata del segundo asunto caliente que los enfrenta con Nación, ya que está abierta la discusión por los fondos de coparticipación que debe recibir la Ciudad, de acuerdo al fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia en 2022 y que el Ejecutivo viene incumpliendo desde entonces, tanto durante la gestión de Alberto Fernández, como ahora la de Javier Milei. La Ciudad volverá a reclamar en el máximo tribunal por ese incumplimiento, que motivó una deuda de $ 4,8 billones.

Línea 140 de la empresa ERSA. Foto: ERSA.

La discusión por los subsidios al transporte

El ministro de Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartúa, le envió el miércoles una carta al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para advertirle que los colectivos tienen jurisdicción nacional, que tiene a su «exclusivo cargo las compensaciones tarifarias y subsidios, y el mantenimiento del normal funcionamiento del sistema».

Y recordó que tiene bajo su órbita la regulación, incluyendo las tarifas, los mecanismos de control y fiscalización, y el establecimiento de recorridos, frecuencias y horarios, entre otras competencias que la Nación no transfirió a la Ciudad Autónoma, por la falta de un acta acuerdo, en la que se trabaja desde 2018.

«Mediante la presente se informa que, en el caso de que el Estado Nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor«, completó la carta la Ciudad.

Los paros desatan la furia sindical y de los usuarios.Los paros desatan la furia sindical y de los usuarios.

Como telón de fondo, subyacen cuestiones económicas y políticas del conflicto. El sistema de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene unas 18.100 unidades, con 387 líneas y nueve millones de pasajeros transportados por día.

El costo reconocido por la Secretaría de Transporte es de $ 200.000 millones por mes, de los cuales unos $ 140.000 millones los aporta el Estado con subsidios y el resto, los usuarios con sus tarifas.

La Nación aporta el 40% ($ 56.000 millones mensuales); la Ciudad, un 10% ($ 14.000 millones) y la provincia, el 50% restante, con unos $ 70.000 millones.

Según cuentan en los despachos oficiales, la Nación se seguirá haciendo cargo de la tarifa social (descuento de un 55%) en todo el país -para unos 5,3 millones de pasajeros-, de las líneas que cruzan el Riachuelo o la avenida General Paz y de la red SUBE en esos colectivos, que no pertenecen ni a la Ciudad ni a la provincia.

Pero plantean que desde septiembre la Ciudad se deberá hacer cargo de las 31 líneas -como hicieron todas las otras jurisdicciones a partir de 2019, con el pacto fiscal-, así como la provincia tendrá que aportar para el boleto integrado (descuentos de 50% en el segundo viaje y de 75% en el tercer viaje dentro de las 2 horas de iniciado el ciclo). Actualmente, la Ciudad aporta el 55% del costo de las 31 líneas. La diferencia serían unos $ 5.000 millones por mes.

En la Provincia, en tanto, el traspaso de la red SUBE costaría unos $ 6.000 millones mensuales, aunque fuentes oficiales remarcan que de los $ 70.000 millones que tenían que pagar hasta julio, ahora serán $ 56.000 millones tras el reciente aumento de tarifas este mes y $ 62.000 millones con la transferencia del boleto integrado.

Pero fuera de eso, también está lo político: cualquier problema con el funcionamiento del transporte es muy sensible a los usuarios y hace pagar al Gobierno un enorme costo, que nadie quiere asumir.

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POLITICA

Revés judicial para una maniobra del condenado exgobernador Urrribarri y su abogado Burlando

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Condenado por corrupción, el exembajador ante Israel y exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri recibió un nuevo revés en la Justicia. Con su abogado Fernando Burlando habían planteado en los tribunales federales de Comodoro Py que en su provincia funcionaba una “mesa judicial” para perjudicarlo y acusarlo en causas penales, pero la jueza federal María Servini se declaró incompetente y mandó el caso a la justicia local entrerriana.

La estrategia es conocida y fue usada en otras causas en el pasado: abrir un expediente paralelo, de preferencia en otra jurisdicción, para desde allí conseguir la nulidad del expediente principal. Pero en esta ocasión no funcionó.

Urribarri fue contra la Procuración de la provincia y los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, así como contra la exfiscal Cecilia Goyeneche y el periodista Daniel Enz, que viene publicando desde hace décadas investigaciones que sacaron a la luz actos de corrupción del exgobernador.

La jueza Servini pidió informes a la justicia de la provincia sobre las causas contra el exgobernador, mientras el fiscal Carlos Stornelli postuló la incompetencia de la justicia federal porteña para investigar el asunto. También pidió informes a Burlando sobre la actualización de las causas “URRIBARRI, Sergio y otros s/ peculado s/ recurso de queja” y “URRIBARRI, Sergio y otros s/ negociaciones incompatibles” del Juzgado de Garantías N°4 de Paraná. Y si había recursos en la Corte Suprema de la Nación. Pero la querella nunca respondió.

Con esos datos, si bien los informes requeridos tuvieron respuesta parcial, Servini resolvió que “con meridiana claridad (más ante el silencio de la querella) Sergio Daniel Urribarri es objeto de un proceso jurisdiccional en la Provincia de Entre Ríos y que no media en su sustanciación intervención alguna de cualquier órgano judicial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la hipótesis planteada por el acusador particular, que no fuese, obvia e hipotéticamente, la Excma. Corte”.

Por eso, la jueza concluyó que “considerando que los hechos aquí denunciados habrían acontecido en la Provincia de Entre Ríos dentro del marco de un procedimiento judicial local, sin que medie además ningún otro acontecimiento que excite la intervención de jurisdicción de excepción, estimo corresponde de conformidad fiscal, declarar la incompetencia en razón de materia y territorio” en favor de la justicia entrerriana.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso de queja presentado por los defensores del exgobernador Urribarri y dejó firme la condena a ocho años de cárcel. La sentencia lo había olbligado en su momento a renunciar a la Embajada en Israel, donde había sido designado por Alberto Fernández.

Urribarri fue encontrado culpable de “delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado” en cinco casos que se juzgaron en conjunto en un proceso que se denominó “Megacausa”.

Se trata de una causa en la que se probó que Urribarri dispuso de forma ilegal de fondos públicos que en algunos casos terminaron financiando sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.

Ahora Urribarri pelea porque la Corte revierta esta decisión. Su libertad está condicionada y puede perderla si es que el fallo queda firme la decisión de la Corte Suprema.

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