POLITICA
Empleados bonaerenses se movilizan contra las promesas incumplidas de Axel Kicillof
En el marco de la negociación colectiva sectorial, los trabajadores de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, agrupados bajo la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) -que incluyen Contaduría General, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Asesoría General y Junta Electoral-, han decidido convocar a una asamblea general el próximo martes 13 de agosto para discutir la falta de cumplimiento del decreto 1531/23 por parte del gobierno K.
Este decreto, promulgado en 2023, estableció un nuevo régimen de cuarenta horas semanales para los trabajadores de estos organismos, incrementando sus bonificaciones del 9,9 por ciento. Sin embargo, a más de un año de su implementación, dicho incremento no se ha hecho efectivo en su totalidad, afectando a numerosos empleados, especialmente a aquellos en las categorías superiores a la 24, quienes han sido excluidos de manera injustificada de este beneficio.
Una lucha por la justa retribución
La situación ha generado un creciente malestar entre los empleados, quienes señalan que la ampliación de la carga horaria no ha sido acompañada por una compensación económica adecuada: falta el incremento del 3,3 por ciento, lo que sumaría un 13,2 total para el régimen de cuarenta horas. Según denuncias que llegaron a REALPOLITIK, la retribución recibida es muy inferior a la que correspondería por ley, generando una situación de injusticia e ilegalidad.
Considerando el sueldo básico publicado en forma mensual por la provincia de Buenos Aires, hay un 33,3 por ciento de diferencia salarial entre el sueldo de un régimen de treinta horas con un régimen de cuarenta horas.
El abogado especialista en derecho administrativo, Gonzalo Permuy Vidal, ha estado liderando los reclamos administrativos y judiciales que buscan corregir esta situación. Los trabajadores exigen que se les pague el incremento del 3,3 por ciento adicional en sus bonificaciones, para alcanzar un total del 13,2, y que se les otorgue el 125 por ciento del salario básico, como corresponde al nuevo régimen de cuarenta horas, tal como se implementó en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), donde la mayoría del personal optó por el nuevo régimen debido a la significativa mejora salarial.
Medidas de fuerza y reclamos judiciales
La falta de respuesta por parte del gobierno de Axel Kicillof ha llevado a los trabajadores a iniciar una serie de reclamos formales. Los trabajadores ya han comenzado a presentar reclamos administrativos en la Contaduría General y se espera que otros organismos sigan el mismo camino. De no resolverse la situación, se tomarán medidas de fuerza que afectarán el normal funcionamiento de todos los organismos afectados por el decreto 1531/23.
Además, se ha señalado que las autoridades de la Contaduría General han preferido mantener una postura que ha sido interpretada como explotadora por los trabajadores, quienes sienten que su trabajo no está siendo debidamente valorado. La falta de consideración y respuesta a sus demandas ha generado un clima de descontento generalizado.
Un llamado a la unidad y a la lucha
La asamblea convocada por APOC el 13 de agosto será un momento clave para que los trabajadores de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires hagan oír su voz y exhorten a Kicillof a resolver esta cuestión sin la necesidad de profundizar las medidas de fuerza.
El sindicato ha subrayado la importancia de la unidad en este momento crucial, instando a todos los empleados, independientemente de su cargo o condiciones laborales, a participar activamente en la defensa de sus derechos y bonificaciones.
Es un momento decisivo para los trabajadores de estos organismos, quienes están dispuestos a luchar por el respeto y la justa retribución que merecen por las horas adicionales de trabajo que se les han impuesto. La resolución de este conflicto será fundamental para asegurar que los derechos laborales sean respetados y que las promesas hechas por el kirchnerismo se cumplan en su totalidad, reclamando el pago del 3,3 por ciento adicional al 9,9, en forma mensual y retroactiva con sus intereses, al momento de cambio de régimen horario, más el 125 por ciento del básico, e incorporando a las categorías mayores a la 24 a este nuevo régimen horario y al pago correspondiente. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
Quién es Robert Kennedy Jr., el activista antivacunas y heredero de la dinastía Kennedy al que Trump elige para dirigir el área de Salud
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó este jueves como secretario de Salud y Servicios Humanos de su gobierno al polémico Robert F. Kennedy Jr.
Este abogado de 70 años de edad es uno de los descendientes de la dinastía Kennedy y, según señaló Trump en un mensaje en X, buscará “garantizar que todos estén protegidos de los productos químicos nocivos, los contaminantes, los pesticidas, los productos farmacéuticos y los aditivos alimentarios que han contribuido a la abrumadora crisis de salud en este país”.
Su nombramiento, a falta de confirmación en el Senado, es uno de los más polémicos que ha hecho el presidente electo. Kennedy es sobrino del asesinado presidente John Fitzgerald Kennedy e hijo del senador Robert Kennedy, que también fue asesinado. Pero su popularidad se debe más a sus polémicas posturas antivacunas y a haberse hecho eco de múltiples teorías de la conspiración.
Se presentó como candidato presidencial independiente a las elecciones de 2024, pero pocos meses antes de las votaciones canceló su campaña y pasó a apoyar a Trump. El presidente electo, que iniciará su mandato el 20 de enero, prometió que su secretario de Salud defenderá los intereses de los ciudadanos frente al “complejo industrial de alimentos y las compañías farmacéuticas que han incurrido en engaños y desinformación”.
Aseguró que su meta será “poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y saludable”. Kennedy Jr. agradeció el nombramiento con un mensaje en la red social X en el que prometió “limpiar la corrupción y terminar con las puertas giratorias entre la industria y el gobierno”, con el objetivo de “volver a hacer a los estadounidenses la gente más sana del mundo”.
De rival a aliado de Trump
Nacido en 1954 en Washington, D.C., Robert F. Kennedy Jr. es hijo del exfiscal general y senador Robert F. Kennedy y sobrino del presidente John F. Kennedy. Con fama de rebelde en la familia, Kennedy tuvo problemas con la justicia en su juventud y durante años consumió cocaína y heroína.
Tras más de 40 años de carrera como abogado ambientalista, en los últimos años ha generado polémica por su postura crítica hacia las vacunas y por liderar movimientos que cuestionan la regulación y seguridad de los productos farmacéuticos.
Kennedy se presentó a las elecciones presidenciales como aspirante independiente tras haber presentado inicialmente una candidatura a las primarias demócratas.
Su campaña estuvo plagada de extravagantes historias que generaron titulares, entre ellas la de que en 2014 arrojó en pleno Central Park de Nueva York un cachorro de oso muerto atropellado por un automóvil.
Finalmente suspendió su campaña y apoyó a Trump en agosto tras culpar de su fracaso a la censura en los medios y los esfuerzos de su antiguo partido, el Demócrata, por frustrar su candidatura. Desde entonces ha prometido “hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, tal y como expresa en su lema, bajo la presidencia de Trump.
Activista antivacunas
Kennedy fundó en 2007 la organización Children’s Health Defense, una entidad dedicada a denunciar lo que considera prácticas dañinas en la industria farmacéutica y en la producción de vacunas.
Esta ONG, que promueve la eliminación de ciertos químicos en productos de consumo, es considerada por parte de la comunidad científica como una peligrosa fuente de desinformación sobre las vacunas.
Ha publicado varios libros, incluyendo “The Real Anthony Fauci” (“El verdadero Anthony Fauci”, en referencia a quien fue el máximo responsable de inmunología durante la pandemia) y “A Letter to Liberals” (“Una carta a los progresistas”).
En sus publicaciones, Kennedy expone controvertidos argumentos sobre supuestos efectos negativos de las vacunas y conflictos de intereses en el sistema de salud estadounidense. Una de las afirmaciones falsas que ha repetido durante años es que hay una conexión entre el autismo y las vacunas, lo que ha sido rechazado por numerosos estudios de científicos reputados.
Además de contra Anthony Fauci, Kennedy también ha centrado su atención en figuras públicas como Bill Gates y Joe Biden, a quienes acusa de manipular la información sobre la pandemia de Covid-19 en beneficio de intereses privados.
En 2021, Kennedy fue el productor ejecutivo de “Vaxxed II: The People’s Truth”, la secuela del documental Vaxxed, dirigido por el exmédico Andrew Wakefield y conocido por iniciar el movimiento antivacunas. La postura de Kennedy sobre las vacunas ha generado controversia no solo en el ámbito científico, sino también entre su propia familia.
Algunos de sus familiares han expresado públicamente su desacuerdo, afirmando que sus ideas y actividades en Children’s Health Defense han tenido consecuencias peligrosas para la salud pública.
Pese a estos antecedentes, Kennedy ha negado estar en contra de las vacunas y la semana pasada dijo que, si Trump lo designaba como responsable de salud pública, no iba a “quitarle las vacunas a nadie”.
Abogado medioambiental
Kennedy también cuenta con una amplia trayectoria como activista y abogado de defensa de causas medioambientales. Desde los años 1980 ha ejercido como asesor y letrado de organizaciones como Riverkeeper y Natural Resources Defense Council (NRDC), litigando en defensa de los derechos medioambientales de particulares y colectivos frente a grandes compañías.
En 1999 fundó la Waterkeeper Alliance, una organización que agrupa a cientos de grupos que luchan por la protección de cuerpos de agua en todo el mundo. A través de su firma de abogados, Kennedy & Madonna LLP, asumió casos importantes de contaminación ambiental.
En 2007, fue nominado como “Abogado del año” por la organización Public Justice tras lograr un veredicto por US$396 millones contra la empresa DuPont por contaminación en Virginia Occidental.
También destaca el acuerdo que obtuvo en 2017 por US$670 millones de dólares contra Monsanto, después de que una planta de esta multinacional alimentaria dañara la salud de residentes de Ohio y Virginia Occidental.
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