POLITICA
Fabiola Yañez declara en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género
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Por su parte, al considerar los últimos ajustes paritarios del personal civil de la nación, al mes de julio señalan una recomposición del 96% desde diciembre frente a un 81% para los trabajadores universitarios. Incluso puede destacarse que la evolución de los salarios docentes resulta todavía más desfavorable que la de aquellos trabajadores no registrados. Es decir, se ubica por debajo del conjunto de trabajadores que no poseen una actualización en su sueldo vía negociación colectiva ni amparo de ninguna de las distintas instituciones laborales, como por ejemplo, el salario mínimo.
En moneda constante, el programa presupuestario Desarrollo de la Educación Superior presenta una caída real en lo que va del año del 31,5% respecto al año anterior y de casi un 25% en referencia a igual período en 2022. Esta evolución se encuentra fuertemente influida por la dinámica del desembolso acumulado en salarios docentes y en menor medida por la evolución de los salarios no docentes. A pesar del refuerzo mencionado, los gastos de funcionamiento también presentan una caída acumulada del 35% interanual real, que incluso supera al descenso del 25% real en la asistencia financiera a hospitales universitarios.
Resulta imprescindible generar los acuerdos necesarios para asignar los recursos al sistema universitario en forma urgente. La continuidad de un servicio que ostenta muy alta valoración por parte de la ciudadanía (incluso del propio gobierno) requiere no sólo un presupuesto de funcionamiento acorde, sino una rápida actualización en los haberes de sus docentes e investigadores, artífices de la calidad educativa brindada. Mirando los números, la decisión de ningún modo obliga a eludir las restricciones fiscales existentes. Por el contrario, sólo exige priorizar la generación de conocimiento y adicionar algo de voluntad política a su resolución.
El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) es un organismo de doble dependencia (UBA y CONICET) dedicado a la investigación académica de alto nivel en el área de la economía y se dedica al estudio de cuestiones referidas a la macroeconomía, finanzas públicas, protección social, integración internacional, desarrollo productivo, empleo y distribución, sustentabilidad, redes y sistemas complejos, historia económica y epistemología.
Informe completo:
Alberto Fernández, Fabiola Yáñez
POLITICA
El Gobierno avanza en la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio con un nuevo decreto
El Gobierno de Javier Milei avanzó en su plan de privatización de empresas estatales con la firma del decreto que convierte a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima.
La medida, que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial, busca sanear la empresa y prepararla para su eventual venta al sector privado.
Yacimientos Carboníferos Río Turbio, ubicada en la provincia de Santa Cruz, es una de las nueve empresas estatales incluidas en la Ley Bases como candidatas a privatización. La decisión de avanzar en su transformación fue diseñada por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y avalada por el presidente Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
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El Gobierno nacional informó la medida al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, antes de hacerla pública, en un intento de evitar un conflicto político.
Sin embargo, la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en Sociedad Anónima generó malestar en la provincia, ya que Vidal busca mantener el control de la empresa y teme que el traspaso al sector privado termine afectando a los trabajadores.
Desde la Nación aseguran que, por el momento, la venta de Yacimientos Carboníferos Río Turbio no tiene una fecha definida, pero que el objetivo es poner en orden sus cuentas, mejorar su estructura administrativa y aumentar la productividad. Se espera que en los próximos meses se presenten los balances contables, se revisen los reglamentos internos y se implementen medidas para optimizar el funcionamiento de la empresa.
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Durante la gestión de Alberto Fernández, la empresa fue conducida por Aníbal Fernández y se mantuvo en un estado de producción irregular. Actualmente, su principal dificultad es la superpoblación de trabajadores, un problema que se arrastra desde hace años debido a acuerdos sindicales que ampliaron la plantilla sin mejorar la producción.
En diciembre pasado, el Gobierno despidió a Thierry Decoud, exinterventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, por sospechas de corrupción. En su lugar asumió Pablo Sebastián Gordillo Arraigada, un hombre cercano a Vidal, lo que marcó el inicio de una fuerte disputa política sobre el futuro de la empresa.
Privatización en debate y desafíos logísticos
Si bien aún no hay una fecha oficial para la privatización, tres grupos empresarios ya manifestaron interés en adquirir la mina y su infraestructura energética. Sin embargo, la venta de Yacimientos Carboníferos Río Turbio enfrenta varios obstáculos. Uno de ellos es su ubicación geográfica: el yacimiento se encuentra a 300 kilómetros del mar, lo que encarece los costos logísticos y dificulta la exportación del carbón.
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Otro desafío es la capacidad productiva de la mina. En la actualidad, Yacimientos Carboníferos Río Turbio no logra alcanzar la demanda mínima requerida por el mercado internacional, especialmente en países como China, que exigen una producción de al menos 30.000 toneladas mensuales. Hoy, la mina solo puede producir alrededor de 20.000 toneladas en su mejor escenario.
A pesar de estos problemas, el Gobierno de Milei mantiene su postura de que la privatización es la mejor opción para garantizar la viabilidad del yacimiento y reducir el déficit estatal. Desde la Casa Rosada descartan cualquier tipo de subsidio para mejorar la producción, ya que consideran que eso solo prolongaría la crisis de la empresa sin resolver sus problemas estructurales.
El futuro de Yacimientos Carboníferos Río Turbio sigue siendo incierto. Mientras el Gobierno avanza en su transformación y evalúa posibles compradores, en Santa Cruz crece la preocupación por el impacto que la privatización podría tener en los trabajadores y en la economía de la provincia.
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