La Corte Suprema de Justicia citó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a una audiencia el próximo 22 de agosto en el contexto del conflicto de coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, originado durante el gobierno de Alberto Fernández.

La audiencia, que se realizará a las 11 horas, estará dirigida por Alejandro Rodríguez, secretario de Originarios de la Corte Suprema, sin la participación de los jueces del tribunal.

El conflicto se remonta a septiembre de 2020, cuando el gobierno porteño presentó una demanda contra el Estado Nacional bajo el mandato de Alberto Fernández, argumentando la inconstitucionalidad del decreto 735/20, que redujo el porcentaje de fondos correspondientes a la Ciudad en la coparticipación de recursos públicos.

Específicamente, la Ciudad exige el restablecimiento inmediato de su derecho a percibir el 3,5% de participación, tal como lo establecen el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y el decreto 257/18. Además, solicita la restitución de los fondos que fueron retenidos de manera ilegítima, junto con los intereses correspondientes. La postura del gobierno porteño es que la Casa Rosada no tenía la facultad de modificar unilateralmente el monto de los fondos coparticipables, ya que dichos montos siempre se habían establecido mediante un acuerdo entre la Ciudad y el Estado Nacional, que debía ser ratificado por vía legislativa.

A finales de 2022, la Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires, ordenando al Estado Nacional que le transfiriera el 2,95% de la masa de fondos estipulada en el artículo 2° de la ley 23.548. Este porcentaje había sido reducido inicialmente por un decreto del entonces presidente Alberto Fernández y posteriormente por una ley sancionada en el Congreso. Sin embargo, a inicios de 2023, el Gobierno Nacional impulsó un juicio político contra los jueces de la Corte Suprema y no cumplió con el fallo.

Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, el gobierno de Jorge Macri esperaba avances en las negociaciones. Finalmente, el 19 de julio, se produjo una reunión en el Palacio de Hacienda entre Caputo, Jorge Macri, la subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial, Valeria Sánchez, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo. Tras el encuentro, Macri anunció que a partir del 1° de agosto se comenzaría a cumplir con la cautelar de la Corte.

No obstante, el cumplimiento de este compromiso se llevó a cabo de una manera que no satisfizo al gobierno porteño. Según fuentes de ese sector, existen tres puntos de desacuerdo clave. 

Primero, la Nación decidió pagar la diferencia entre los porcentajes de manera semanal, en lugar de hacerlo mediante el “goteo” diario, como establecía la sentencia de la Corte Suprema, que no fue acatada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) considera que debe respetarse el sistema vigente para todos los distritos, es decir, mediante transferencias diarias.

En segundo lugar, la administración central pretende transferir el monto adicional como una partida separada del volumen total de la coparticipación, asignándolo de manera discrecional a las arcas porteñas. Además, aún no se ha presentado ningún plan para devolver los aproximadamente USD 4.000 millones que fueron retenidos durante la gestión anterior.

El jueves pasado, la Procuración porteña envió una nota a la Corte Suprema señalando que la Nación continúa incumpliendo la cautelar y reiterando la solicitud urgente de que se efectivice el “goteo” automático del 2,95% de los fondos coparticipables, tal como lo ordena la medida cautelar. El viernes pasado, la Nación volvió a realizar una transferencia “de manera discrecional, unilateral e inconsulta” de otros 20 mil millones de pesos.

En este contexto, la Corte Suprema, a través de la Secretaría de Asuntos Originarios, convocó a las partes a una audiencia de mediación. Al igual que en las audiencias que se llevaron a cabo al inicio del conflicto, durante los gobiernos de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, los jueces de la Corte Suprema no estarán presentes, aunque serán ellos quienes resolverán el fondo de la cuestión si no se alcanza un acuerdo.