POLITICA
La denuncia contra Alberto Fernández, un ejemplo más del rol político de los celulares
Hay tantas dimensiones en lo que estamos viendo en el caso de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. A mí me interesa una, que excede este caso, pero que está muy presente en esta historia, que es el papel político del teléfono celular.
Aparece el tema de los negocios de María Cantero con su esposo, que eran Bonnie y Clyde, porque cuando uno mira los textos, el nivel de hiperactividad de esa mujer en favor de los beneficios de su marido es impresionante. Lo sabía todo el mundo.
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Te dicen: “Bueno, lo odiaba a Kicillof porque había bajado los brokers de la provincia de Buenos Aires”. Me resulta imposible entender que Alberto Fernández no lo supiera. O lo sabía el cuarta línea del Gobierno, porque era muy estridente ese trabajo a favor de los seguros de Martínez Sosa.
Ahora bien, el 29 de febrero, el expresidente dice: “Yo no sabía nada, fue un exceso de confianza”. Y el 5 de marzo se allana la casa de Martínez Sosa y María Cantero y les toman los celulares.
Yo me pregunto si ese celular no fue cargado a propósito con toda esta información, una vez que Cantero se entera de que el presidente le soltó la mano. “Ah, ¿no sabías nada? Bueno, ahora te vas a enterar porque se lo voy a dar a la Justicia”, sería la lógica.
Entonces, uno dice, ¿cómo es que tenía todo ese material sobre Fabiola y no lo borró? Sobre esto, se monta una segunda historia, que es que llegan los que allanan el departamento de Alberto Fernández y le dicen: ¿Usted nos quiere entregar el teléfono abierto o cerrado? Uno diría, está cargado con secretos de Estado, lo entrego cerrado, ya de que de esta forma, el dispositivo tiene que ir a la empresa en donde se fabrica, en Estados Unidos, y es muy probable que nos pasemos meses sin saber nada.
Sin embargo, el expresidente lo entregó abierto. Y yo me pregunto: ¿Fue un gesto de transparencia o fue una venganza después de ver que, por ejemplo, el texto de Cristina Kirchner? En ese escrito, termina con la relación con Fernández, porque habla de la golpiza, le da la razón a Fabiola, además de decir que fue un mal presidente.
Entonces, yo no sé si no fue una venganza compulsiva de un hombre que está en un estado de gran confusión, que dice “no puedo hablar de los mensajes con mi exmujer porque no sé cómo se borraron”.
Hoy, este celular de Alberto Fernández en manos de la Justicia, de Ercolini, del fiscal González, del fiscal Rívolo, es la bomba atómica, porque está todo lo que puede haber de conversaciones entre funcionarios y el expresidente, las cosas que él decía de Cristina, que aparentemente también lo decía por chat. Es decir, es dinamita.
Por eso, hay una cantidad de exfuncionarios -amigos de Fernández- que dicen “tenemos que hacer lo que sea” y hasta algunos le hablaron a Cristina para ver si puede ejercer alguna influencia para sacar a Ercolini de la causa. ¿Por qué? Porque Fernández y Ercolini tenían una relación muy cercana.
Fernández se pelea con Julián Ercolini porque él procesa a Cristobal López y a Fabián De Sousa, que lo empleaban a Alberto como abogado. Hay un homenaje a Esteban Righi, en septiembre de 2019, donde el ex jefe de Estado dice “es un juez indigno y por eso no lo quiero nombrar, no quiero recordar que fue adjunto”.
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Y después aparece el viaje a Lago Escondido, donde también es un tema de celulares, pero en este caso por izquierda porque el tema del celular de Cantero y de Fernández es todo con intervención judicial, pero acá lo que hubo fue el gobierno de Alberto Fernández usando información clandestina en dos temas: el ataque a esos jueces -entre los cuales está Ercolini- y el ataque a la Corte, que también tiene que ver con teléfonos y política.
Hay que acordarse que Alberto Fernández inicia el juicio político y después lo delega en el peronismo en el Congreso, basándose en intervenciones clandestinas de funcionarios de la Corte. Antes la revolución se hacía con armas y barricadas, y hoy podés voltear un sistema con un dispositivo. Los celulares están haciendo en contra de la casta más de lo que ha hecho Javier Milei.
Fabiola Yáñez, Alberto Fernández
POLITICA
Tras la salida de la Gendarmería Nacional, la Policía de la Ciudad desemabarcó en la villa 1-11-14
Se trata de una zona caliente en el millonario negocio del narcomenudeo. Durante años, los vecinos de este barrio popular estuvieron a merced de los hermanos Fernando y Marco Estrada Gonzáles, más conocidos como Piti y Marcos, capo narcos que a fuerza de balas y terror ganaron el territorio en su disputa con otras organizaciones criminales. Hace 13 años y medio, la seguridad y las tareas de prevención en la zona conocida como villa 1-11-14 pasaron a estar a cargo de la Gendarmería Nacional, como parte del denominado Operativo Cinturón Sur. Hoy, los gendarmes le dejaron su lugar a personal de la Policía de la Ciudad.
Así lo informaron a LA NACION fuentes del los ministerios de Seguridad de Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y de la Ciudad, conducido por Waldo Wolff.
“Era lo programado y acordado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya comenzaron los relevos en el territorio. La fuerza de seguridad porteño ya modula el número de emergencias 911″, explicó a LA NACION un colaborador de la ministra Bullrich.
Desde la cartera conducida por Wolff dijeron que la intención es continuar con la misma cantidad de uniformados que había desplegado la Gendarmería Nacional para controlar el territorio. Sin embargo, no se precisó el número exacto.
“Gendarmería Nacional ya hizo entrega de las instalaciones a las autoridades de la Policía de la Ciudad”, sostuvo, cerca del mediodía de hoy, a LA NACION una fuente al tanto de los detalles del traspaso.
Además, Wolff recorrió esta tarde los puntos estratégicos de la villa 1-11-14 -rebautizada como Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli-, explicaron desde la Ciudad.
Por el momento, no hubo información oficial sobre si la seguridad y las tareas preventivas van a estar a cargo de una unidad especial o si habrá una reasignación de oficiales que estaban en otros destinos dentro de la ciudad de Buenos Aires, que hoy cuenta con más de 26.000 uniformados activos.
“La Policía de la Ciudad se hará cargo de las tareas de prevención y protección de la 1-11-14 que, hasta ahora, estaba bajo la custodia de la Gendarmería Nacional. Hoy comenzó una transición de fuerzas y se mantendrá la cantidad de efectivos destinados a esta jurisdicción”, dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.
Y desde Nación explicaron: “Fue un proceso acordado con Ciudad de varios meses. Fue gradual la salida de los gendarmes y hoy se retiraron los que faltaban”.
Tampoco hubo declaraciones respecto del traspaso. La ministra Bullrich estuvo en la provincia de Corrientes, donde en la ciudad de Ituzaingó inauguró el Paso Internacional Yacyretá.
“Hoy marcamos otro hecho histórico en la gestión del gobierno de Javier Milei porque apostamos al crecimiento de nuestro país, de su gente y su economía”, sostuvo en un acto donde estuvo acompañada del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y del ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera.
Un plan de Cristina Kirchner y Nilda Garré
El denominado Plan Unidad Cinturón Sur había sido presentado por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su ministra de Seguridad, Nilda Garré, en junio de 2011.
El programa de seguridad no solo contemplaba el despliegue de gendarmes en la villa 1-11-14, sino también de prefectos en las villas 21-24 y Zavaleta, en el límite de los barrios de Nueva Pompeya y Barracas. En total, eran 2500 uniformados de las fuerzas federales.
Además, la Prefectura Naval tenía a su cargo el patrullaje en Puerto Madero, desde su creación como un nuevo barrio en la ciudad.
Esto ocurrió hasta marzo de 2021, cuando la Prefectura le dejó su lugar a la Policía de la Ciudad en Puerto Madero, y, tres meses después, hizo lo propio en las villas.
El traspaso, en ese caso, se hizo después de un año de negociaciones entre el entonces vicejefe de Gobierno porteño (que tuvo a su cargo también el Ministerio de Seguridad) Diego Santilli y Sabina Frederic, que fue ministra de Seguridad de la Nación en la primera parte de la presidencia de Alberto Fernández.
En ese momento se había postergado el traspaso de las tareas de la prevención y patrullaje en el asentamiento en el Bajo Flores por una cuestión táctica, ya que se habían sucedido una serie de ajustes de cuentas en la guerra narco entre las bandas que operan en la zona.
En septiembre de 2021, cuando Aníbal Fernández asumió en lugar de Frederic, fue uno de los primeros temas que tuvo que definir. Estaba previsto que el traspaso quedara completado en noviembre de 2022, pero todo se retrasó hasta hoy.
Submundo narco
En 2020, en los alegatos del juicio donde Marcos Estrada Gonzáles fue condenado a la pena única de 24 años de cárcel, el fiscal Diego Velasco sostuvo, como lo hizo en varias resoluciones cuando era juez federal, el ahora integrante de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Sergio Torres, la venta de droga en la villa 1-11-14 estaba divida por turnos entre Marcos y Piti.
La banda narco, históricamente liderada por los hermanos Estrada Gonzáles, llegó a “facturar” entre 500.000 y 900.000 pesos cada 24 horas (cuando el dólar cotizaba muy por debajo del precio actual).
“En la villa 1-11-14 manda el que tiene el arma con el calibre más grande”, llegó a decir en un momento un detective judicial que investigaba una serie de homicidios en la zona del Bajo Flores vinculados la disputa.
La guerra narco en la 1-11-14 fue despiadada. Por ejemplo, en abril de 2022 hubo un doble crimen: Jhon Henry Sosa Farfán, más conocido como Chayanne o Loco e integrante de la banda liderada por Marcos, fue ejecutado por siete sicarios armados con pistolas calibre 9 y 45.
La otra víctima fue Julio César Huaris Pereyra, que acompañaba a Chayanne en el momento de la emboscada.
El ataque a tiros ocurrió tres días después de que el juez federal Ariel Lijo procesara con prisión preventiva a siete integrantes de la organización narco que opera desde la villa 1-11-14. “Un ajuste de cuentas vinculado al negocio narco”, había dicho un investigador.
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