El Gobierno planea derogar el DNU 823/21, que obligaba a los ministerios y organismos estatales a contratar pólizas a través de Nación Seguros, según informaron fuentes oficiales. Esta norma permitió la creación de un esquema de corrupción relacionado con el pago de comisiones a intermediarios vinculados al ex presidente Alberto Fernández y otros políticos de su gobierno.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha solicitado a su equipo que prepare la derogación de este controvertido decreto, que sigue en vigor a pesar de las investigaciones judiciales que involucran al ex presidente Fernández en maniobras con pólizas del Estado, beneficiando principalmente al broker Héctor Martínez Sosa, según una investigación de Clarín.

Cuando Nicolás Posse estaba al frente de la Jefatura de Gabinete, se examinó la cuestión y el 11 de abril se dictó una resolución que prohíbe la incorporación de “brokers” en los seguros de organismos públicos, pero el decreto no fue derogado.

En ese momento, el argumento oficial era que anular el decreto podría afectar los convenios vigentes y que no era necesario para prevenir posibles irregularidades. Sin embargo, la reciente difusión de chats relacionados con el escándalo y las filtraciones judiciales sobre el ex mandatario y ex funcionarios como Alberto Pagliano han reavivado la polémica sobre la vigencia de una normativa que no prohíbe de manera estricta la intervención de intermediarios en estos convenios.

Desde Nación Seguros, la unidad del Banco Nación encargada de proveer pólizas a organismos oficiales, no consideraban necesaria la derogación del decreto en ese momento. No obstante, el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, comparte una visión similar a la de Nación Seguros y sigue insistiendo en la necesidad de derogar el decreto en cuestión.

Además de la derogación del DNU 823/21, que permitió el esquema de corrupción con los seguros, Sturzennegger ha incluido en su plan la derogación de varios decretos que favorecían a empresas del Estado en las compras de la administración pública nacional.

Según ha confirmado Clarín, el nuevo decreto que ya está en manos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia incluye la derogación del Decreto 1187, firmado en julio de 2012 por Cristina Kirchner, que obligaba a la administración pública nacional a pagar los salarios de sus empleados a través de cajas de ahorro del Banco Nación.

También se derogará el Decreto 1189 del mismo año, que establecía que el Estado Nacional debía comprar combustible para todos sus vehículos, camiones, aviones y barcos exclusivamente de la petrolera YPF.

El Decreto 1191/2012, que obligaba a todas las reparticiones nacionales a adquirir pasajes de cabotaje y vuelos internacionales exclusivamente de Aerolíneas Argentinas, también será anulado.

Según los funcionarios involucrados en la redacción del nuevo decreto, todas las contrataciones de seguros, el pago de haberes y la compra de pasajes y combustibles deberán realizarse a partir de ahora mediante licitaciones públicas, permitiendo la competencia de cualquier oferente.