La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentó un recurso de reposición ante el Consejo de Estado después de que su demanda inicial fuera rechazada el 30 de julio, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana W Radio.

Acemi había cuestionado las resoluciones 2364 y 2366 del Ministerio de Salud, que obligan a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a destinar el 5% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para crear equipos básicos de salud.

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Estas resoluciones, emitidas el 29 de diciembre de 2023, también fijaron el valor de la UPC para 2024 y definieron nuevas responsabilidades para las EPS, con el objetivo de fortalecer la atención en las zonas más alejadas del país.

El recurso de Acemi se fundamenta en dos argumentos principales: primero, la imposición de una carga financiera adicional sobre un sector ya afectado por las deudas acumuladas durante la pandemia de Covid-19; segundo, que las resoluciones no fueron publicadas de manera correcta en el sitio web del Ministerio de Salud, lo cual, según la asociación, debería invalidarlas.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, enfatizó que “los actos acusados fueron expedidos en forma irregular al no ser publicados en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social”, argumentando que esto afecta la legalidad del proceso.

A pesar de estas objeciones, el Consejo de Estado negó la solicitud de Acemi para suspender la aplicación de las resoluciones. Sin embargo, Acemi asegura que la medida cautelar impuesta por la Corte Constitucional, que suspendía temporalmente la aplicación de estas normativas, aún sigue vigente.

Esta medida había sido adoptada hasta que el Consejo de Estado emitiera su decisión. Ahora, las EPS deben comenzar a cumplir con la disposición de destinar el 5% de la UPC a los equipos básicos de salud, aunque Acemi continúa explorando vías legales para revertir esta decisión.

En respuesta a la determinación del Consejo de Estado, Acemi ha afirmado que su fallo no revoca la decisión cautelar de la Corte Constitucional, tomada mediante el auto 875 de 2024, que suspendía el descuento del 5% de la UPC hasta que se resuelvan los procesos judiciales en curso.

Además, la asociación está avanzando en otros procesos de nulidad con el objetivo de cuestionar la normativa que considera perjudicial para el sector.

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El recurso de reposición presentado por Acemi busca una revisión de la decisión del Consejo de Estado, con la esperanza de que se reconsideren las preocupaciones planteadas sobre las resoluciones del Ministerio de Salud.

La asociación sigue firme en su posición de que las nuevas obligaciones financieras impuestas a las EPS representan un desafío significativo para un sector ya en dificultades, y persiste en su intento de invalidar estas disposiciones a través de los mecanismos legales disponibles.