El Gobierno modificó por decreto la ley que obligaba a pagar un canon a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) por reproducir o ejecutar música en eventos de carácter privado. La normativa que se publicó ayer en el Boletín Oficial establece una serie de modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual.

El decreto 765/2024 hace especial hincapié en los medios tecnológicos y digitales que son parte del uso cotidiano en gran parte de la población y que son de fácil acceso. Por medio del Boletín Oficial, se informó que fue remplazado el artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual (11.723), que establecía originalmente que se entendía como representación o ejecución pública “aquella que se efectúe en cualquier lugar que no sea un domicilio privado y, aún dentro de éste, cuando la representación o ejecución sea proyectada o propalada al exterior”. De esta manera, para la ley el ámbito privado queda completamente excluido de esta normativa.

“Se considerará ejecución pública de una obra musical o cinematográfica, discos, films sonoros, transmisiones radiotelefónicas y su retransmisión o difusión por altavoces la que se efectúe por ejecutantes o por cantantes, así como también la que se realice por medios mecánicos, electrónicos o digitales, incluyendo Internet”, agrega el escrito.

Es decir, a la hora de organizar o llevar a cabo un evento privado no existe ejecución pública de las obras. Cabe destacar que hata ahora era requisito el pago de un canon a SADAIC, sin embargo, tras esta nueva normativa esa erogación quedará eximida en los casos de los eventos de ámbito privado. Es decir, que por ejemplo, los salones de fiestas no deberán abonar ningún porcentaje a la entidad.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó el motivo de la modificación: “La confusión había provocado el absurdo de que se cobraran derechos por la mera existencia de televisores en la habitación de un hotel (aun si el cuarto estaba vacío), lo que encareció significativamente la prestación de los servicios”.

Clarín consultó a SADAIC al respecto y desde la entidad no ven con buenos ojos la nueva reglamentación. “Nosotros, como representantes de los autores y compositores, estamos totalmente en contra de este decreto, porque es una agresión injustificada a los derechos. Los autores cuando cobran están cobrando por el uso de las composiciones que son de su propiedad”, aseguró Guillermo Ocampo, director del organismo.

Para Ocampo, solo se benefician los dueños de los salones de fiestas y otros espacios afectados. “Las consecuencias son básicas. Primero, hay una consecuencia filosófica, que es un agravio a la propiedad intelectual de los autores y compositores. En segundo lugar, obviamente como consecuencia de eso, hay la afectación a la recaudación de SADAIC y eso significa pagar menos a los autores y compositores”, remarcó.

A su vez, respecto a este contexto, la Unión de Músicxs Independientes (UMI) emitió un comunicado en contra del decreto. “Vemos con gran preocupación el decreto 765/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial con respecto a la Propiedad Intelectual”, indica el escrito.

“Dicho decreto no sólo pretende avanzar en la administración de los derechos intelectuales de los artistas (es una propiedad más genuina que la de los bienes materiales) sino que su redacción confusa deja abierta múltiples interpretaciones que podrían dar origen a demandas judiciales de amplia duración en su resolución”.

A su vez, pide al Poder Ejecutivo derogar “inmediatamente” la normativa ya que sus derecho intelectuales son “de carácter alimentario”. “Lo hacemos responsable de las consecuencias que semejante irresponsabilidad normativa pueda causar”, sostiene.

“Desde la UMI nos organizaremos para impedir, tanto en términos legales como así también para alcanzar los consensos políticos y derogar dicho decreto publicado hoy”, concluye el comunicado.