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POLITICA

Ahorristas argentinos, los verdaderos prestamistas de última instancia

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El país está en concurso de acreedores. Dos décadas de kirchnerismo nos legó un Estado al borde de la quiebra y en consecuencia también a quienes lo financiaron: Banco Central, sistema previsional, sistema financiero, seguros y ahorristas y acreedores con títulos de deuda pública al borde del default.

La respuesta de los argentinos ha sido hasta ahora refugiarse en el dólar como único activo alternativo para preservar el poder adquisitivo de sus salarios y ahorros.

Impulsados por el blanqueo, crecen a ritmo sostenido los depósitos privados en dólares

Para que arranque el sistema y barajar de nuevo en un país dolarizado de hecho, resulta necesario que aumente sostenidamente la oferta de dólares para salir del racionamiento de la demanda de dólares representada por el cepo.

Hace décadas que la oferta de dólares proviene de las exportaciones agropecuarias, ahora soja, sujeta a las vicisitudes del clima. Pero esta se agota rápidamente en la demanda de dólares proveniente de las importaciones, el giro de utilidades y dividendos y, sobre todo, en la demanda de ahorro precautorio en dólares de los argentinos.

Hasta tanto tengan efecto las reformas estructurales que se están por implementar, el disparador de la reactivación debería ser que la oferta de dólares provenga de fuentes distintas al sector agropecuario.

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La Argentina necesita un prestamista de última instancia que provea la oferta de dólares necesaria para que la reactivación sea rápida y en v corta. El economista inglés Walter Bagehot, fundador de la revista The Economist, recomendó en su libro Lombard Street (1873) que ante una crisis, el Banco Central actúe como prestamista de última instancia proveyendo liquidez con una penalidad y absorba y/o redistribuya las pérdidas originadas en la depresión económica.

Pero nuestro Banco Central apenas garantiza la provisión de pesos al sistema financiero que son rechazados por el ahorrista a menos que se ejerza represión financiera. Más aún, el Banco Central argentino es un deudor de última instancia ya que se encontraba quebrado a diciembre de 2023 con reservas netas negativas.

La crisis del patrón de desarrollo argentino

Asimismo, el recurso continuo a la represión financiera se ha agotado. En efecto, se llegó al límite de colocación de deuda pública en los bancos, además de empresas de seguros y en el sistema previsional (FGS), para absorber los pesos de los ahorristas para que no se vayan a dólares, explotando el monopolio estatal sobre los pocos vehículos de ahorro formales que quedan.

Por lo tanto, las instituciones que canalizan el ahorro nacional hacia la inversión no están disponibles para aumentar la oferta de dólares.

La opción de recurrir al ahorro externo proveniente de los acreedores privados no residentes tampoco está disponible ya que la Argentina no accede a los mercados voluntarios de crédito.

Para proveerse de dólares, la Argentina ha recurrido al FMI y al mecanismo de swaps con China. Pero debido a su frecuente incumplimiento, estos prestamistas de última instancia no están disponibles más que para “rollear” la deuda existente.

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El FMI no quiere prestar hasta tanto la Argentina muestre no solo superávits fiscales irreversibles sino sobre todo no termine utilizando los fondos para sostener el mercado cambiario. Asimismo, China exige “implícitamente” swaps de deuda por el capital de los argentinos: bases militares, puertos y otras infraestructuras como por ejemplo sucedió con Grecia.

De esta manera, la Argentina no puede recurrir al ahorro externo, sino que se exige que los ahorristas argentinos sean los primeros en retomar la confianza y proveer los dólares que el país necesita.

Como sucedió en las crisis previas, la oferta de dólares únicamente aparecería por el blanqueo de capitales de los argentinos que están fuera del sistema financiero (en el exterior, el colchón o en las cajas de seguridad de los bancos).

Curiosa inconsistencia intertemporal de los incentivos perversos que generan las instituciones disfuncionales argentinas empujando a los ahorros de los argentinos a la informalidad e ilegalidad para luego blanquearlos ante la crisis de las finanzas públicas.

La clave para que funcione es la confianza de que de ahora en más no hay posibilidad de que un futuro gobierno populista viole el secreto del blanqueo.

El ahorrista argentino es el verdadero prestamista de última instancia de su economía.

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POLITICA

Al igual que con CFK, se oficializó la quita de la jubilación de privilegio de Amado Boudou

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El Gobierno oficializó este viernes la quita de la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, quien percibía $6.814.272 mensuales. La decisión se formalizó a través de una resolución del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, en el marco de una política para anular las asignaciones especiales de ex funcionarios condenados por la Justicia.

La Casa Rosada fundamenta la medida en la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias, y en el artículo 53 de la Constitución Nacional, argumentando que estas asignaciones son incompatibles con el “mal desempeño” demostrado por sentencias judiciales firmes. En 2020, la Corte Suprema confirmó la condena de Boudou por la causa Ciccone, lo que lo convirtió en el primer vicepresidente en ser sentenciado por corrupción.

El Gobierno oficializó la quita de la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner

El Ejecutivo anticipa posibles acciones judiciales por parte de los afectados, como Boudou y Cristina Kirchner, a quien también se le revocó su pensión y jubilación. La defensa jurídica de estas decisiones recaerá en el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. En el Gobierno consideran que las condenas por delitos en el ejercicio de la función pública son razón suficiente para retirar estos beneficios, incluso sin un juicio político formal.

Según el texto de la resolución, la jubilación de privilegio debe estar vinculada a una conducta ejemplar durante y después del ejercicio del cargo. “La asignación de privilegio resulta jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en perjuicio del Estado Nacional”, detalla el documento.

Desde sectores críticos se cuestiona la validez de la medida, argumentando que la ausencia de un juicio político impediría retirar la pensión. Sin embargo, el Gobierno insiste en que las condenas judiciales por corrupción son prueba suficiente de una “conducta deshonrosa” incompatible con estos beneficios.

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