El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, creó un comando unificado para la final de la Copa Libertadores 2024, para poder gestionar la coordinación interfuerzas del operativo de seguridad a implementarse entre el 26 de noviembre y el 1° de diciembre.

La conformación se hizo oficial a través de la resolución 897/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. De acuerdo con la normativa, el comando estará integrado por la cartera de seguridad, la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y por los representantes de los cuerpos policiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires, que deberán designar a las autoridades competentes.

“Los funcionarios designados poseerán, en el marco de la ley, capacidad decisoria sobre el personal y los medios afectados al operativo de seguridad”, especificó el Gobierno. Este comando iniciará sus operaciones el 26 de noviembre a las 00 horas y se disolverá una vez cumplido su objetivo.

Hasta el momento, se desconoce cuál será la sede de la final de la Copa Libertadores 2024, solo se sabe que se realizará en Buenos Aires. Por esto mismo, la resolución menciona como posibles sedes al estadio MÁS Monumental, CABA; Estadio Único de la Ciudad de La Plata, La Plata; o el estadio Libertadores de América, partido de Avellaneda.

El Gobierno considera que “la magnitud del evento hace necesario establecer con la debida anticipación un mecanismo de planificación y estrategia en seguridad”, pese a no estar definido todavía dónde se disputará.

De esta manera, la normativa indica que “la Coordinación General del Comando Unificado Final de la Copa Libertadores de América 2024 estará a cargo de la máxima autoridad de la jurisdicción y podrá ser delegada en quien ella designe” y agrega: “Tendrá a su cargo la conducción de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales correspondientes”.

En el considerando de la norma, resaltaron que este acontecimiento “excede el plano futbolístico y cobra ribetes culturales y sociales, es menester desplegar una logística especial a efectos de preservar la seguridad de las personas que intervengan directa e indirectamente en el evento y proteger los bienes materiales comprometidos”.

En este contexto, invitaron a los ministros de Seguridad de la Ciudad y de la Provincia a elegir un representante de los cuerpos policiales, otro correspondiente al área de vialidad y tránsito, y otra persona en representación del cuerpo de bomberos de cada jurisdicción. También solicitaron que la Secretaria de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Dirección General de Aduanas (DGA), al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) designen a un delegado.

Sobre la convocatoria de los organismos destinados a la coordinación del transporte y la aviación, el Gobierno alega que durante las últimas finales “la concurrencia de público aumentó los niveles de tránsito aéreo de carácter comercial, particular, y servicios aéreos chárter”. “En ocasión del desarrollo de la final del torneo continental referido, la ciudad anfitriona del acontecimiento que finalmente sea designada, las localidades aledañas, las zonas fronterizas y las provincias de tránsito, recibirán un número considerable de simpatizantes y aficionados”, señala.

El Ejecutivo se ampara en la Ley de Ministerios en la que se establece que “es competencia del Ministerio de Seguridad asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático, y en particular: 14. Entender en la determinación de la política criminal y en la elaboración de planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito”.