El clima en la Cámara de Diputados comenzó a calentarse tras el ingreso del proyecto de Presupuesto 2025 y el bloque de Unión por la Patria busca convocar a los gobernadores para sumar poder y frenar el plan de cuentas del Gobierno, que prevé un superávit del 5% y un importante ajuste para las provincias, que de acuerdo a lo confirmado por el oficialismo rondará los US$ 20 mil millones.

Los diputados del bloque K que integran la comisión de Presupuesto se reunieron para definir un plan de labor y, en principio, coincidieron en que reclamarán «un debate profundo». Buscan evitar que se repita lo ocurrido con la Ley Bases, en cuyo tratamiento el oficialismo acordó las modificaciones con los denominados bloques dialoguistas para juntar los votos.

Además, la bancada peronista, que tiene 20 diputados sobre un total de 48 que integran la comisión que preside José Luis Espert, exigirá la presencia de «todos los funcionarios», incluyendo al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y al ministro de Economía, Luis Caputo, quien como informó este diario habría acordado no ir al Congreso y en su reemplazo enviaría a los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas).

La intención del kirchnerismo es convocar a los gobernadores para analizar los alcances del ajuste que reclama el Gobierno. Desde el interior de la bancada que comanda Germán Martínez ya anticiparon que «es inviable» para las provincias. Así lo reflejó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que hizo circular la diputada Julia Strada.

Vale recordar que en un principio, el Presidente había anunciado en su discurso ante el parlamento que el ajuste sería de US$ 60 mil millones, pero luego tuvo que salir a aclarar Espert que el gasto público entre la Nación, las provincias y los municipios fue estimado en unos US$ 600 mil millones. Pero de esa cifra, que representa el 33 % del PBI, la Nación gasta el 16% y las provincias el 14%, lo que sumado equivale a unos US$ 64 mil millones, en consecuencia, los gobernadores deberán resignar US$ 20 mil millones.

Los K quieren alertar a los gobernadores que ese ajuste que prepara el Gobierno equivale al 35% de las transferencias previstas para las provincias en 2025. También le apuntarán sobre la caída en la recaudación que derivó en una baja en la transferencia de los recursos nacionales.

Además jugarán con lo firmado en el Pacto Mayo, el acuerdo que 18 mandatarios provinciales sellaron con Milei el 9 de julio, en los festejos por el Día de la Independencia en Tucumán, y que en su artículo 3 estableció una reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI. Eso ubicaría a la Argentina entre países como Tailandia, Egipto y Malasia.

Dentro de los argumentos que le plantearán a los gobernadores está el artículo 27 del proyecto que amparándose en la emergencia declarada a través de la Ley Bases, el Ministerio de Economía pide la suspensión del artículo 9 de la Ley de Educación Pública, que justamente es el que establece que el Estado debe garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional.

Los K sospechan que el Gobierno busca transformar esos gastos automáticos en discrecionales. A eso se suma que el proyecto también plantea una suspensión de las actualizaciones de las asignaciones familiares, uno de los temas que fue señalado por Cristina Kirchner en el acto que hizo el fin de semana pasado en Merlo.

Pero no es sólo que cuestionan el ajuste. También advirtieron que el Gobierno hace «una subestimación de la inflación» en el proyecto de Presupuesto al estimar un alza de 104,4% para diciembre de este año, lo que implica una suba promedio de 1,2% mensual para los cuatro meses que restan, cuando en agosto se ubicó en el 4,2 %.

Los analistas del bloque de Unión por la Patria alertaron que se viene otro frente de conflicto el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque según aseguraron, el Gobierno «esconde» la deuda del Tesoro. Al parecer la bola de stock de Leliqs que fueron transferidas del Banco Central superarían los $ 20 billones, pero no están incluidas en el déficit.

Otro de los ejes que seguramente generará tensión con la oposición, no sólo con la bancada peronista, es el que tiene que ver con el artículo 54 que habilita al Ministerio de Economía a tomar deuda sin tener que pasar por el Congreso, algo que ya había intentado Caputo cuando se presentó la Ley Bases, en su versión original. En ese momento, presionado por las críticas, el ministro tuvo que bajar el articulado para avanzar en la negociación del proyecto madre de la administración de Milei.

Para el próximo año, la Argentina tiene que pagar vencimientos por unos $ 17 mil millones entre el FMI y otros organismos internacionales. El Gobierno buscará reestructurar la deuda, pero para eso tendrá que tener la aprobación del parlamento.

El presupuesto también prevé un aumento en la presión fiscal porque con la reincorporación de la cuarta categoría de Ganancias pasará del 4,42 del PBI al 5,05 en 2025, mientras que los derechos de exportación pasará de 0,96 % al 1,43 % del producto. Los más afectados fueron los monotributistas que pasarán del 0,04 al 0,09 %.

El kirchnerismo busca también convocar a los intendentes y otras organizaciones para que se sumen al debate por el Presupuesto 2025, que aún no tiene un cronograma para su tratamiento.