La relación entre Argentina y Venezuela atraviesa un momento crítico tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro de emitir una orden de captura internacional contra el presidente argentino Javier Milei, su hermana Karina Milei, quien también ejerce como secretaria general de la presidencia, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La medida surge tras una solicitud del Ministerio Público venezolano, que acusa a los tres altos funcionarios de múltiples delitos, entre ellos, robo agravado, legitimación de capitales y privación ilegítima de libertad.

El origen de estas acusaciones se remonta a un incidente en junio de 2022, cuando un avión de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo fue inmovilizado en Argentina. La aeronave, que llevaba 19 tripulantes venezolanos e iraníes, fue detenida bajo sospechas de vínculos con el terrorismo internacional.

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En ese momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reclamó el avión, argumentando que podría haber sido utilizado para operaciones encubiertas en la región, lo que generó un conflicto judicial que escaló a nivel diplomático.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, fue quien anunció el inicio de los trámites legales contra Milei y sus funcionarios la semana pasada. En un comunicado oficial, Saab detalló que las acusaciones también incluyen interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil y la inutilización de aeronaves, lo que añade un tinte de mayor gravedad a los ya complejos cargos.

“El presidente argentino se ha convertido en un peligro brutal para todo el hemisferio”, aseguró Saab en una conferencia de prensa, además de señalar que las investigaciones también podrían derivar en cargos por crímenes de lesa humanidad. Saab hizo referencia a las protestas recientes en Argentina, en las que hubo denuncias de represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad, argumentando que las acciones del gobierno de Milei representan una amenaza para los derechos humanos tanto en su país como a nivel internacional.

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Por su parte, el Gobierno argentino ha reaccionado con desdén ante las declaraciones de Caracas. “Es una ridiculez total. En una dictadura no entienden la división de poderes, pero la decisión sobre el avión es estrictamente judicial y no tiene nada que ver con el presidente Milei”, declaró el portavoz presidencial, Manuel Adorni. Además, Adorni reiteró que en Argentina “impera la independencia de los jueces”, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, donde el poder judicial está controlado por el gobierno de Maduro.

A pesar de las tensiones, el Gobierno de Argentina ha buscado desmarcarse de la controversia en torno al avión de Emtrasur. Las autoridades argentinas recalcaron que el caso fue manejado por el poder judicial de manera independiente y que no hay intervención directa del Ejecutivo. Además, la Cancillería argentina ha elevado recientemente una solicitud ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que se emita una orden de detención contra Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno, acusados de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela.

Este nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre Argentina y Venezuela agrava las ya tensas interacciones diplomáticas entre ambos países, marcadas por enfrentamientos retóricos y posturas diametralmente opuestas sobre temas de derechos humanos y gobernabilidad.