La Fundación Apolo presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la UATRE durante su intervención judicial y pidió que se profundice en posibles operaciones irregulares que habrían afectado tanto al sindicato como a su obra social OSPRERA. La presentación sucede en medio de los reclamos de distintas seccionales del gremio que piden que se separe del cargo al secretario general, el kirchnerista José Voytenco.

La ONG, vinculada al partido Republicanos Unidos cuyos dirigentes más destacados son el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán, y el legislador Yamil Santoro, apuntaron con su presentación también contra la ex ministra de Trabajo de Alberto Fernández, Raquel “Kelly” Olmos, el polémico juez federal José Baric y Néstor Acuña, hombre cercano al magistrado.

Baric fue quien mantuvo una intervención judicial de OSPRERA de marzo de 2023 al 30 de junio de este año, cuando le restituyó el control al gremio. Acuña, en tanto, fue el designado para la administración de la obra social durante ese lapso.

La denuncia lleva las firmas del jefe del equipo de legales de la ONG, José Magioncalda; del abogado Ignacio Falcón; y del diputado de la provincia de Buenos Aires Sebastián Pascual.

Entre los hechos señalados se destacan posibles violaciones a los artículos 210, 268 y 248 del Código Penal Argentino. Uno de los puntos centrales es el accionar de Baric quien habría intervenido en resoluciones que avalaron asambleas con irregularidades, además de tomar medidas judiciales que habrían favorecido a determinados sectores en perjuicio del conjunto de los trabajadores.

A su vez, se puso el foco en la intervención de UATRE, la designación de Acuña y las decisiones tomadas en el marco de la intervención de OSPRERA tras el asesinato del chofer del vicepresidente del sindicato.

La denuncia también señala irregularidades vinculadas a la gestión de José Voytenco, actual secretario general de UATRE. Se lo acusa de haber convocado elecciones con serios cuestionamientos en 2023 y de mantener relaciones comerciales con empresas privadas, como Surco Compañía de Seguros y Reservin Patagonia SRL, que habrían beneficiado económicamente a su entorno.

Además, se apunta contra despidos arbitrarios y persecuciones políticas dentro de la estructura sindical, en particular el desfinanciamiento de OSPRERA en las jurisdicciones que no apoyan a su conducción.

Otro de los señalados en la denuncia es la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, quien, según los denunciantes, habría tenido un rol pasivo frente a los múltiples reclamos judiciales relacionados con estos hechos.

La presentación judicial sugiere que su inacción podría estar vinculada a un entramado de negocios irregulares que involucraría tanto al sindicato como a otros actores políticos.

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación intervino en agosto pasado la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA) y en pocas semanas encontró irregularidades millonarias. Mientras crecía el escándalo, con un fallo del polémico juez Juan José Baric, el gremio trató de frenar la medida del Poder Ejecutivo que busca regularizar la situación de una obra social en estado crítico.

Virginia Montero fue quien asumió como administradora provisoria de OSPRERA, a partir del decreto del presidente Javier Milei que estableció la intervención por 180 días con la posibilidad de prorrogarla.

Montero empezó a revisar los contratos que tenía OSPRERA, la segunda obra social más grande del país, y encontró graves anomalías en el manejo de fondos.

Pero dos semanas después, un sorpresivo fallo judicial le pidió a la Superintendencia de Servicios de Salud que retrotraiga la intervención y le devuelva el manejo de la obra social al gremio, en manos del kirchnerista José Voytenco.

El respaldo al pedido de Voytenco fue firmado por el polémico juez federal de La Pampa, Juan José Baric, quien había mantenido una intervención judicial de OSPRERA de marzo de 2023 al 30 de junio de este año, cuando le restituyó el control al gremio.

El magistrado había designado su propio administrador en ese lapso: Néstor Horacio Acuña. Ahora, ante la medida del Gobierno, accionó contra funcionarios con acusaciones de supuestos delitos como asociación ilícita y tráfico de influencias. Y requirió que se presenten los informes en los que se basaron para decidir la intervención.