POLITICA
El Gobierno echó a un funcionario por la polémica designación de la influencer Constanza Bravi
El ministro de Defensa, Luis Petri, decidió remover a Raúl Marino, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, tras la polémica por la designación de la abogada e influencer libertaria Constanza Martina Bravi, cuyo nombramiento fue dejado sin efecto a menos de 24 horas. Bravi había sido nombrada para coordinar las exportaciones e importaciones de materiales estratégicos para la Defensa.
Según explicaron desde el Ministerio, la salida de Bravi y Marino se debió a “diferencias en las metodologías de trabajo” y la falta de ajuste del perfil de la influencer al cargo. Bravi, abogada de 27 años y activa en redes sociales, es conocida por sus críticas al kirchnerismo y su apoyo a la gestión libertaria de Javier Milei. En plataformas como Instagram y X, cuenta con miles de seguidores, donde difunde opiniones políticas y organizó colectas y redes de fiscales para las elecciones de 2023.
La remoción de Marino, ingeniero y doctor en matemáticas, se suma a la lista de cambios en la gestión de Defensa. Marino, quien había sido designado al inicio del gobierno de Milei, estaba encargado de supervisar las empresas estatales vinculadas a la industria de la defensa, como Fabricaciones Militares, Fadea, Tandanor y Coviara.
Además, la salida de Marino y Bravi coincidió con la renuncia de Alicia Caballero, presidenta de la Agencia I+D+i, lo que elevó a 70 el número de funcionarios que dejaron el gobierno de Milei en sus primeros diez meses de gestión. Caballero lideraba el organismo encargado de promover la ciencia y tecnología en el país.
Bravi, cercana a Petri y con experiencia en la subtenencia de Reserva, había sido nombrada mediante una designación transitoria, pero sus declaraciones polémicas en redes sociales y su perfil no encajaron con las expectativas del Ministerio de Defensa.
POLITICA
Masacre de pingüinos en Punta Tombo: «Se trató de un daño ambiental irreparable»
Lucas Michelaud, asesor legal de Greenpeace, explicó en detalle las circunstancias del caso. La Regina fue acusado de destruir nidos de pingüinos y flora nativa en su propiedad privada, lindante a la reserva natural Punta Tombo. Este hecho ocurrió entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre de 2021, cuando el ganadero utilizó una retroexcavadora para alterar el terreno y destruir más de 2 mil metros cúbicos de flora nativa. «La sentencia va a estar en los próximos días, nosotros como parte acusadora pedimos cuatro años de prisión efectiva», afirmó el abogado.
Michelaud explicó que la propiedad de La Regina, conocida como Punta Clara, se encuentra en una zona de alta fragilidad ecológica y forma parte de un ecosistema protegido, «es una zona de reserva UNESCO de biosfera Patagonia Azul, de importancia internacional para las aves, como el pingüino magallánico». A pesar de la importancia de la zona, el productor ganadero siguió adelante con la destrucción de nidos de pingüinos y la remoción de plantas en una época crítica para la fauna local.
El abogado agregó que el daño causado no sólo fue físico, sino también temporal, afectando a los pichones y los huevos de los pingüinos, que en ese período estaban comenzando a eclosionar. «Lo hizo en la etapa crítica, donde los pichones ya tienen menos de un mes de vida o los huevos están comenzando a eclosionar», detalló el abogado. Este acto fue realizado con una retroexcavadora de 8 mil kilogramos, lo que provocó la destrucción de miles de nidos.
La Regina argumentó que su intención era dividir el campo entre familiares y mejorar su propiedad. Sin embargo, Michelaud subrayó que el daño fue intencional y que el uso de maquinaria pesada en esa zona no fue una simple mejora. «Esto no fue una mejora en su propiedad, fue un proceso de fuerte antropización en el ecosistema», dijo, remarcando que los métodos empleados no eran los adecuados para el tipo de trabajo que el productor planteaba.
La defensa de La Regina trató de desmentir la fecha de los hechos, pero la acusación presentó pruebas contundentes para refutar esta versión. Michelaud explicó: «Nosotros logramos probar que los hechos ocurrieron entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre, a través de imágenes satelitales proporcionadas por un cartógrafo de la National Geographic». Estas pruebas confirmaron la destrucción del ecosistema en el tiempo exacto señalado por la acusación.
Una de las acciones más graves de La Regina fue la construcción de un alambrado electrificado que dificultaba el acceso de los pingüinos a su hábitat natural. «Puso un alambrado de seis hilos, algunos a 15 o 20 cm de altura, impidiendo que los pingüinos puedan transitar», relató Michelaud. Este alambrado no sólo obstruía el paso de la fauna, sino que también fragmentaba el hábitat natural de los animales, lo que generaba un impacto negativo en su reproducción.
El caso de La Regina es un ejemplo claro de cómo la propiedad privada no otorga el derecho a destruir los ecosistemas y la fauna que habitan en ellos. «El dominio sobre el terreno no da la titularidad sobre el ecosistema», destacó el letrado, quien subrayó que este juicio se centró en la defensa del ambiente, más allá de los derechos sobre la propiedad.
La condena a La Regina es un paso importante en la lucha por la protección del medio ambiente en Argentina, enviando un mensaje claro sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas. «La sentencia es histórica porque es la primera vez que se condena por daño agravado en un caso de esta naturaleza», concluyó Michelaud. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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