Tras el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario que tendrá un nuevo round en el Congreso, donde la oposición buscará revocarlo, el Gobierno dejó trascender que trabaja en otro cambio para las universidades. Se trata de un proyecto de ley que propone habilitar que se les cobren aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.
El cambio ya había sido propuesto en el capítulo de Educación de la Ley Bases y ahora fue trabajado en un proyecto de ley entre el mentor de esa meganorma Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación del Estado, y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, en cuyo ministerio recaen la Secretaría de Educación.
El cambio, que según supo Clarín estaría siendo visado por la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia para ser mandando a tratamiento de comisiones en la Cámara de Diputados, apuntaría a un nuevo alumnado.
Es que hasta ahora, para que un extranjero pueda estudiar en universidades públicas debe tramitar su DNI, por ende, acceder a algún tipo de residencia, al menos precaria. Con ello, accede también a principios básicos de igualdad con estudiantes argentinos.
Fuentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le confirmaron a Clarín que «todas las universidades públicas del país exigen la realización del trámite de residencia para el ingreso. Incluso, en el caso de los estudiantes de intercambio«, que cursan un semestre o un año.
En el mismo sentido se expresó el diputado macrista Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación. «Soy profesor en la UBA y en la Universidad de La Matanza y cuando tengo extranjeros, tengo DNI noventa y pico de millones», ejemplificó en diálogo con TN para remarcar el punto.
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Pero el cambio, de aprobarse, abriría una alternativa a las universidades y la posibilidad -si en su autonomía lo consideran- de cobrarle a extranjeros no residentes, es decir, sin exigirles la tramitación de un documento argentino o que no quieran acceder a esos papeles.
«Universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes» era el título de uno de los once cambios que el Gobierno resumía que planteaba la ley Bases original con respecto a la educación.
La discusión parlamentaria hizo que aquel capítulo, que ahora retomaron los ministros de Milei, quedara fuera de la votación.
«En ese proyecto se incluye una modificación de un artículo que habilitaría a que las universidades puedan arancelar a extranjeros no residentes», sostuvo una alta fuente de Educación a Clarín. Se referiría a la necesidad de hacer esa modificación en la ley de Educación Superior vigente.
«A futuro», contestó otra voz oficial, sin dar más detalles, sobre a qué alumnado extranjero le cabría el arancelamiento, si es que una universidad toma la opción.
Martín Menem habló de los extranjeros en universidades y aportó confusión
Como fuera, el cambio tendrá tratamiento legislativo. En ese sentido, en la noche de este jueves salió a hablar en televisión Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que generó más ruido que certezas con el cambio normativo que está en análisis y camino al Congreso.
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Menem definió como «una medida razonable» que se le empiece a cobrar un arancel a extranjeros no residentes que vengan a estudiar a las universidades públicas, anticipando el debate que llegará a las comisiones de Diputados.
«Estoy totalmente de acuerdo, me parece una medida razonable porque vienen de otras partes a estudiar. No es gente que se ha quedado acá, no han pagado ningún impuesto durante toda su vida». argumentó.
Y comparó, en una entrevista por TN: «Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y la justicia, me parece razonable que quienes utilicen estos servicios que por lo menos paguen un arancel. En sus países no debe ser tan accesible la educación».
Las consideraciones de Menem dieron lugar a que se interpretara que el arancelamiento impactaría en actuales alumnos extranjeros, que tramitaron sus residencias para poder inscribirse.
El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires acordaron iniciar el proceso de traspaso del Servicio Penitenciario Federal a la administración porteña, una demanda que la Ciudad venía solicitando debido a la sobrepoblación en comisarías. El acuerdo se cerró en una reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien expresó la necesidad de que el distrito se encargue de la “responsabilidad de los presos de su distrito y así profundizar su autonomía”.
La transferencia de competencias implica que el Gobierno porteño asuma el cuidado y la gestión de las cárceles en su territorio para presos involucrados en delitos no federales. El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y otros funcionarios participaron en el acuerdo para iniciar el traspaso gradual.
El Gobierno disolvió oficialmente el Procrear y habilitó las hipotecas divisibles: todos los cambios
La sobrepoblación en las alcaidías de Buenos Aires generó varios problemas de seguridad, incluyendo doce fugas en los primeros meses del año. El Gobierno porteño utilizó cárceles contenedores en barrios como Chacarita y Saavedra como medida temporal para aliviar la situación, ya que las comisarías estaban desbordadas. Jorge Macri y otros funcionarios porteños insistieron en que las comisarías “no están preparadas para la cantidad de detenidos”, solicitando que la administración nacional se encargue de los reclusos hasta ahora.
Para la Ciudad, este traspaso implica la creación de un servicio penitenciario propio. Actualmente, solo el 5% de los presos en territorio porteño son juzgados por tribunales locales, mientras que el resto sigue bajo jurisdicción federal y nacional. Aún no se transfirió el Poder Judicial en la Ciudad, lo que plantea un desafío en la gestión de estos detenidos, quienes permanecen bajo juicio federal.
El Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos de la Justicia porteña informó que, al primero de abril de 2024, había casi 2.000 detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad, cifra que dobla la capacidad ideal de estas instalaciones. Este contexto de hacinamiento y las demandas reiteradas llevadas al gobierno porteño a buscar una solución concreta a través de la gestión del sistema penitenciario local.