Un juicio que se transformó en el mayor escándalo judicial de la provincia de Santiago Del Estero. Popularmente conocido como el «Caso Mottola» cobró magnitud por una serie de intrigas político judiciales qué llevaron a un policía federal de Buenos Aires, con actividades comerciales en el campo de la peluquería, a ser sindicado como un sicario contratado para asesinar al mecánico Eduardo Móttola.

A Fernández lo acusaban de haber sido un «sicario» contratado para cometer el asesinato del mecánico. Es por ello que fueron fundamentales las declaraciones de la testigo clave Lucía Gabriela García supuesta autora, durante la instrucción, de la frase «lo vi, era un hombre alto, canoso y tenía tonada porteña» con la que los medios locales escribieron sistemáticamente decenas de páginas apuntando contra el policía federal Fernández y también de las declaraciones sus compañeros de trabajo en los cursos de peluquería Fabiana Penalva, Juan Pablo Herrera y Martín Alapon.

A pesar de la condena la defensa de Fernandez insistió desde siempre en que su defendido es un «perejil» puesto a dedo por un acuerdo politico judicial y para cubrir la «pista narco» que compromete a las cercanias de la Gobernación de la provincia incluidos Daniel Zamora, hermano del Gobernador, y el hermano del mecánico asesinado.

Frente al tribunal compuesto por los jueces, Dr. Raúl Santucho, Dra. Gabriela Campos Nitinger y la Dra. Graciela Viaña Alvendaño la testigo Lucía García negó rotundamente haber dicho esas frases y a pesar de la presión ejercida por las fiscales Celia Mussi y Luciana Jacobo, sostuvo uno y otra vez, que jamás vio ni dijo algo acerca del imputado Fernández desvinculandolo del hecho investigado.

Asimismo, además de los testigos, quien declaró fue el Perito en Telecomunicaciones, el Ingeniero Oscar Campastro, que demostró que la geolocalización presentada en la causa fue apócrifa y digitada: «El teléfono de Fernández jamás estuvo donde los peritos oficiales quisieron colocarlo», sostuvo el experto.

Este caso, y sobre todo por la inclusión de un «perejil» como supuesto sicario para correr de la escena la «pista narco» tuvo su punto más álgido tras la conmoción que generó la filtración de un audio en el que se escucha a la primera fiscal del caso, la Dra. Aída Farrán Serlé, reconociendo que Fernández fue inculpado por que necesitaban cerrar la causa.

«Cómo llegan a tu marido me parece una locura. ¿Cuál es la justificación de que el hombre lleve cuatro años detenido?. Toda detención tiene un plazo razonable y se han cumplido”. Y sigue: «Yo sé cuál es la línea investigativa que esa causa tendría que haber seguido, no este coso. Mira si voy a contratar un sicario y ¿le voy a depositar la plata en la cuenta del sicario? El es un pobre hombre que le ha tocado esta situación porque han necesitado cerrar una causa», reconoce allí la fiscal Aída Farrán Serlé, hablando con Angela Marin la esposa de Fernández.

Con la viralización de esos audios, Farrán Serlé, el juez Darío Alarcón, y el fiscal coordinador Julio Mariano Gómez, fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura, donde se los acusó de “omisión de deberes, denegación de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. 

Asimismo el Ministerio Público Fiscal imputó a Farrán Serlé: el fiscal Mauricio Abramczuk ya le tomó declaración indagatoria y le pidieron a la defensa del policía que aporte la conversación completa donde la fiscal denosta el accionar corrupto de jueces, fiscales y abogados. A pesar de ello el fiscal Abramczuck planchó la causa y aún no investiga el «cohecho» manifestado por la fiscal sobre la transacción de dinero entre el Dr. Diego Lindow, quien fuera despedido por el policía de su defensa y el Juez Darío Alarcon.

A pesar de esta prueba irrefutable el audio del escandalo arbitrariamente no fue aceptado durante el juicio.

A la par de esto, se viralizaron nuevos audios que probarían que los armados de las causas eran moneda corriente como operatoria de una asociación ilícita entre jueces, fiscales y abogados corruptos. Los investigadores también involucran en las maniobras a la anterior defensa de Fernández, quienes ya fueron despedidos, como es el caso de Malena Bustos, hija de la Jueza de Apelación, Sandra Generoso.

Así mismo una denuncia realizada por el Dr. Edgardo Taboada señaló una “negativa sistemática a cualquier planteo o pedido realizado”, mansillando las garantías constitucionales.

Viendo la brutal contaminacion judicial Juan Pablo Fernández contrató una nueva defensa técnica que está siendo ejercida por el Dr. Osvaldo Perez Roberti.
Ahora, ante organismos de Derechos Humanos, la familia de Fernandez denució apremios ilegales contra el policía en momentos en que la Camara de Casación de la provincia le dio «Admisivilidad» al recurso de apelación.

Segun trascendió el funcionario Ramiro Santillán, actual Subsecretario de Justicia y exdirector del penal donde está alojado Fernandez, dio ordenes expresas para «hacerle la vida imposible» por pedido de «arriba» y digitado por el exabogado del policía Diego Lindow a quien ya habían denunciado por prevaricato y por venderse a los intereses del Gobernador Zamora.

La connivencia político judicial, a medida que fue transcurriendo el juicio, dejó a las claras inclusive que «los abogados del poder», así se presentan ellos en los pasillos de los tribunales santiagueños, el Dr. Diego Lindow y el Dr. Gabriel Coronel Chalfon, habrían trabajado conjuntamente con la fiscal Farrán Serlé para encubrir la «pista narco» y perjudicar al policía y estilista Juan Pablo Fernández. 

En relación al abogado Coronel Chalfon fue célebre en este juicio por haber recibido de parte del Dr. Alfredo García Kalb un grito lapidario en el recinto que recitaba «Calláte gordo, anda a estudiar» lo que causó la risa de todos los presentes.

Según fuentes cercanas a sus estudios jurídicos la «sociedad» se complicó tras un incidente, entre el despedido abogado Dr. Diego Lindow y su socio el Juez Dr. Darío Alarcón, atribuidos a un problema de «polleras» entre ambos y que fuera viralizado en las redes de sus entornos familiares por la mujer en cuestión.

Independientemente de las denuncias ante los organismos de Derechos Humanos (Amnistía Internacional/The Human Right Now) por la arbitraria situación del policía Fernández, también se presentaron sumarios ante ENACON, FOPEA y ADEPA por la extorsión realizada por el periodista de el diario «El Liberal» conocido como «el lechuga Gallardo» que fue al lugar de detención de Fernández y le pidió dinero para no seguir atacandolo en las publicaciones de El Liberal, Nuevo Diario Web y el Noticiero de Canal 7 conducido por el periodista Mario Gomez que, sugestivamente, solo le brindaron decenas de notas a la querella sin ningún derecho de réplica para la defensa de Fernandez.

Allí se presentaron audios, videos y capturas de los envíos de dinero a las cuentas del periodista denunciado. El caso ha despertado el interés de los medios nacionales y de las plataformas internacionales (Paramount/Netflix) por la circunstancia que Juan Pablo Fernández, en carácter de supuesto sicario, esta detenido desde hace más de cuatro años con prisión preventiva, algo totalmente ilegal.

Los tribunales de Santiago Del Estero cuentan con la presencia masiva de los medios de comunicación nacionales que han logrado que un hecho local, y por las irregularidades que presenta, se haya transformado en un caso emblemático nacional de la industria del «armado de causas» en las provincias argentinas.

Mientras Juan Pablo Fernández resiste, el poder político intenta callarlo para que no salgan a la luz los verdaderos motivos de este trascendente homicidio que escandaliza a la provincia de Santisgo Del Estero. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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