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Después de dos semanas de impasse, donde todo indicaba que el Gobierno había tirado la toalla, los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema volvieron a entrar en circulación en el Senado. La Casa Rosada y la bancada oficialista de la Cámara alta reactivaron gestiones y conversaciones con distintos senadores y terminales políticas. Cerca de Javier Milei aseguraron en las últimas horas que están a dos votos de conseguir dictamen para Lijo, mientras que el de García-Mansilla estaría más lejos de juntar las voluntades necesarias en la Comisión de Acuerdos.

Siempre según fuentes del Poder Ejecutivo y del oficialismo en el Congreso, el pliego de Lijo habría juntado siete de las nueve firmas que necesita para obtener dictamen de comisión, el paso previo para que la candidatura del juez federal pase al recinto, donde necesita dos tercios de los votos. El caso de García-Mansilla es más complicado: hasta ahora, solo juntó cuatro voluntades y está a cinco firmas del dictamen.

En el Gobierno insisten que “son los dos o ninguno”. Es decir que no prosperará el pliego de Lijo sin el de García-Mansilla, por lo que la tarea para el oficialismo todavía es ardua.

“Avanzamos… en esta semana o la que viene habrá novedades”, dijo a LA NACION una fuente del Gobierno. Las gestiones políticas para obtener los dictámenes -y, luego, para juntar los dos tercios del Senado- están encabezadas por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Él trabaja en tándem con el presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche, que es vocal en la comisión de Acuerdos. El Poder Ejecutivo quiere evitar involucrar a la vicepresidenta Victoria Villarruel -que ya dijo que no concuerda con la postulación de Lijo- y prefiere trabajar con otro enlace en la Cámara alta.

Según pudo reconstruir LA NACION, entre las firmas que acompañarían el pliego de Lijo se encontrarían -según fuentes del oficialismo- los senadores que integran el nuevo interbloque “Las Provincias Unidas”, conformado por diferentes bloques provinciales y presidido por el peronista Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), de buena relación con la Casa Rosada, en particular con Santiago Caputo (jefe político de Amerio). En la Comisión de Acuerdos participa, además de Espínola, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

Además, en La Libertad Avanza creen poder contar con el aval de la tucumana Beatriz Ávila (Por la Justicia Social) y del misionero Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social).

Para alcanzar las nueve firmas del dictamen, se descuenta, el oficialismo necesita el voto de algunos de los senadores peronistas. La gran expectativa de la Casa Rosada, de todas formas, está puesta en el senador Maximiliano Abad (UCR). Hasta ahora, el radical siempre dijo que se iba a ceñir a la decisión de su partido, que es la de garantizar la participación de mujeres en el máximo tribunal.

Si bien Lijo avanzó con casi todos las firmas, no ocurre lo mismo con el pliego de García-Mansilla, el decano de Derecho de la Universidad Austral y es el candidato de Milei para la Corte más afín a su ideario. “Tiene que avanzar García Mansilla también y a él le faltan más firmas”, se sinceró un funcionario al tanto de los pormenores de las tratativas.

De esta manera, los ánimos en el Gobierno viraron en las últimas horas. Hace dos semanas, las gestiones se habían frenado completamente. Si los pliegos que envió el Presidente no son votados antes de fin de año, la Corte Suprema deberá funcionar a partir de enero con tres jueces. Todo un desafío para un tribunal que está partido y que necesitaría unanimidad para dictar cada fallo porque, si no la consigue, debería recurrir a conjueces.

Los dictámenes de comisión son apenas el primer paso en el largo camino que tienen las candidaturas de Lijo y García-Mansilla. En el oficialismo reconocen a Cristina Kirchner como contraparte ineludible de cualquier negociación para integrar el máximo tribunal. Ella controla una porción muy importante de los bloques Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, votos imprescindibles para alcanzar los dos tercios que los pliegos necesitan en la Cámara alta.

La expresidenta quiere una ley que amplíe la Corte Suprema y que garantice que habrá más sillas disponibles. En esas vacantes -se especuló con un tribunal de nueve miembros, el modelo estadounidense- la expresidenta quisiera impulsar a mujeres afines a su sector.

“Lo que quiere Cristina es la ampliación de la Corte. Nosotros no vamos a ceder. Estamos dispuestos a discutir la ampliación de la Corte si ellos primero nos aprueban los pliegos”, repiten, una y otra vez en la Casa Rosada.

Los senadores kirchneristas no están dispuestos a negociar sin un acuerdo de cúpula y una instrucción de su jefa política.

Según pudo reconstruir LA NACION, los libertarios están dispuestos a darle garantías al Instituto Patria, con un plan paso a paso. Proponen que primero haya media sanción a la ampliación de la Corte en Diputados y que, apenas este expediente sea girado a la Cámara alta, aparezcan los votos para Lijo y para García-Mansilla. De esa forma, todos saldrían ganando.