Un nuevo proyecto de ley tendiente a derogar las jubilaciones de privilegio es impulsado en el Congreso. Lo suscriben los diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Eduardo Falcone y Oscar Zago, a quienes el presidente Javier Milei –quien anunció su renuncia a recibir ese beneficio cuando concluya su mandato– dijo que apoyará.

Mediante la derogación de varias normas, la renovada iniciativa busca eliminar esos enormes estipendios previstos para quienes, entre otros exfuncionarios, hayan ejercido la presidencia y la vicepresidencia de la Nación. El objetivo es equiparar sus beneficios previsionales con los del resto de la población, es decir, que pasen a formar parte del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Si bien esta iniciativa le asigna al presidente que termina su gestión una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración de un mandatario en ejercicio (hoy es mucho más alta porque se encuentra equiparada a la de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), el proyecto estipula que se invite formalmente a los expresidentes y exvicepresidentes a renunciar a todo privilegio y obliga, dentro de los 60 días de promulgada la norma, a que el Poder Ejecutivo publique en el sitio argentina.gob.ar la nómina actualizada de los exfuncionarios que decidan no ceñirse a ella y mantener sus ampulosas prerrogativas.

Naturalmente, por el principio que indica que las leyes no se pueden aplicar con retroactividad, de aprobarse el nuevo sistema no afectará las jubilaciones de privilegio de sus actuales beneficiarios: expresidentes, exvicepresidentes, cónyuges y hasta hijos en determinadas situaciones. Es decir, de no aceptar esos privilegiados beneficiarios igualarse con el resto de los acreedores a haberes jubilatorios ordinarios, Cristina Kirchner seguirá cobrando los casi 28 millones de pesos mensuales que recibe hoy por la irregular percepción duplicada de su jubilación y de la pensión como viuda de otro expresidente, Néstor Kirchner. Del mismo modo, Alberto Fernández continuará cobrando alrededor de 14 millones de pesos mensuales (ya le fue abonado un retroactivo de 32 millones de pesos), y alrededor de 11 millones de pesos seguirán recibiendo Mauricio Macri y el más que fugaz expresidente Adolfo Rodríguez Saá, quien estuvo a cargo del Poder Ejecutivo tan solo siete días en 2001. Eso, solo por citar a quienes se encuentran en el vértice de la pirámide de mayores ingresos según la normativa vigente.

En reiteradas ocasiones hemos criticado duramente desde estas columnas la brutal diferencia de quienes cobran semejantes montos habiendo ejercido un cargo público por tiempo limitado respecto de millones de jubilados que perciben magros ingresos tras haber aportado durante décadas. También hemos señalado la barbaridad de que un exvicepresidente con condena firme como Amado Boudou sea acreedor de semejante privilegio. Y hemos visto con buenos ojos el pedido realizado a principios de año para que no se le otorgara a Alberto Fernández la pensión vitalicia que se encargó de gestionarse un día antes de dejar el cargo de presidente. Aquel pedido había sido impulsado por los legisladores porteños Graciela Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata, del bloque Confianza Pública, quienes consideraban que, en aquel momento, Fernández no solo no vivía en el país, sino que carecía de “las condiciones éticas y morales suficientes para gozar de semejante privilegio”, pues contaba con 108 denuncias penales en su contra y había mantenido una “conducta aberrante y ofensiva” en lo que se conoció como el Olivosgate, la festichola celebrada en la quinta presidencial mientras el resto del país estaba encerrado en sus casas como consecuencia de la cuarentena impuesta por el propio Fernández, que impedía hasta despedir a los muertos. Si se suman las últimas denuncias que le inició su expareja por golpes, abusos y maltratos mientras ejercía la presidencia, se entiende todavía menos que siga cobrando una jubilación de privilegio.

Es cierto que el nuevo proyecto derogatorio de un sistema jubilatorio tan inequitativo no es el primero que se conoce. A lo largo del tiempo hubo iniciativas similares de varias bancadas de procedencias ideológicas disímiles, pero ninguna prosperó, cuando son muchos de sus potenciales beneficiarios quienes deben votarla.

En junio pasado, un proyecto presentado por diputados de la Unión Cívica Radical también proponía la eliminación de las asignaciones mensuales vitalicias destinadas a presidente y vicepresidente de la Nación. Si bien fue aprobado en general, el artículo 11, referido a ello, fue rechazado en particular por 111 votos contra 109, por los bloques de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal y otras bancadas minoritarias.

El jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, lo justificó en estos términos: “Voy a pedir la supresión del artículo 11. Le están dando vuelta al tema y nadie lo dice. Esto determina la supresión de la jubilación o la pensión de los presidentes. Se prohíbe, se limita que los presidentes de acá en más tengan ningún beneficio por parte del Estado. El que diseñó esto, el que pensó esto tiene una visión de la antipolítica muy perversa, cree que la política es para narcos delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender a la Argentina, y piensa que el presidente, cuando termina su mandato, tiene que ir a pedir trabajo a una fábrica”. Su comentario desencadenó fuertes reacciones. ¿Acaso es una deshonra salir a buscar trabajo tras haber desempeñado la primera magistratura? ¿Puede considerarse todavía más deshonroso pedirlo en una fábrica?

Otro de los proyectos fue presentado en agosto pasado por diputados de Pro. Propicia que se suspendan todos los beneficios de privilegios hasta tanto no medie una sentencia firme en el caso del procesamiento de los exfuncionarios que los reciben.

Quienes pregonan que es escaso el ahorro que implicaría derogar estos beneficios absolutamente excepcionales pierden de vista un aspecto esencial que va más allá de lo económico: el de la solidaridad con millones de argentinos que están padeciendo los efectos sumamente dañinos de las erradas políticas de muchos de los exfuncionarios que hoy se benefician con esos suculentos ingresos.

Como bien ha dicho Ocaña, resulta inconcebible. No solo constituye una afrenta al más elemental sentido moral de alteridad y colaboración, sino que conculca lisa y llanamente la igualdad ante la ley que garantiza nuestra Constitución nacional, que no admite en nuestra tierra prerrogativas de sangre ni de nacimiento ni fueros personales ni títulos de nobleza.