“Pasan cosas raras”, escribió en reiteradas ocasiones Fabiola Yañez a una persona de su entorno el día miércoles, cuando la justicia española cerró el exhorto que se había impulsado para poder hacer una extracción de la información contenida en su teléfono celular. Ese día, la ex primera dama dio marcha atrás a una decisión que había manifestado explícitamente ante el fiscal federal Ramiro González respecto de la predisposición de entregar su dispositivo electrónico para que se extraiga, únicamente, todo lo relacionado a Alberto Fernández.

“Se me hizo saber que la señora Yáñez no se había presentado ni el día pactado ni el día de la fecha, pese a los distintos intentos realizados para que se lleve a cabo la medida requerida y que con motivo de ello se devolvería el exhorto internacional en ese estado”, planteó el fiscal federal Ramiro González en un dictamen cuando los plazos estaban vencidos.

A última hora del jueves, sin embargo, la exprimera dama hizo llegar una breve carta a la fiscalía, en la que pidió a González que “me otorgue garantías de seguridad expresas respecto a que solamente se accederá y revisará el intercambio de chats que mantuve con Alberto Fernández, de los que surgen sus actos de coacción, amedrentamiento y violencia». Esa solicitud despeja las dudas sobre el «miedo» que había dicho sentir en un enigmático posteo en redes sociales.

Después de un extenso y burocrático trámite vía Cancillería para establecer pautas de seguridad y los alcances de la medida de prueba en el marco de un convenio de colaboración con la justicia española-, se había esperado durante 48 horas a que Yañez llevase su celular en la sede de la justicia de Madrid. El exhorto detallaba cómo se iba a realizar la extracción forense del celular, y estipulaba la garantía de que se lo devolverían en el momento. La información iba a viajar en una valija diplomática a nuestro país. Nada ocurrió.

Si bien la ex primera dama había manifestado estar dispuesta a colaborar en la medida de prueba con la entrega de su celular, con la certeza de que el procedimiento se iba a realizar frente a ella y con un PIN que ella debía modificar en ese instante para después recuperar su contraseña original, no se presentó. El desconcierto respecto a su comportamiento, en la justicia federal, era total.

En un comienzo se hizo llegar una versión de que habría tenido alguna dificultad práctica con su hijo Francisco. Pero nada de eso fue corroborado ni manifestado directamente por Yañez.

Según pudo reconstruir Clarín, el martes por la mañana, Yañez comenzó a comunicarse con su abogada, Mariana Gallego, para manifestar inseguridad respecto a la entrega de su celular. No lo dijo explícitamente, pero dejó entrever lo que después ocurrió: nunca acudió a la cita fijada por el Ministerio Público Fiscal argentino.

Al día siguiente, con los plazos vencidos, la justicia madrileña le informó al fiscal Ramiro González que ante la consecutiva ausencia de Fabiola Yañez, el exhorto se cerraba y esa medida de prueba no se iba a realizar.

En otras conversaciones con personas allegadas, Yañez repitió en unos mensajes: “Pasan cosas raras”. En esa expresión -una vez más, sin precisiones- reiteró que había movimientos poco habituales fuera de su vivienda.

De fuentes judiciales, Clarín pudo saber que la fiscalía buscará obtener la información del celular de Yañez por otros medios. En principio, le dejaron abierta la posibilidad de que ella “cuando esté preparada, entregué la información bajo la metodología que le sirva más”. Hay un antecedente que en la justicia federal no se desconoce: en las causas por hechos de violencia de género no es habitual pedir el teléfono de la víctima.

“¿Y si está encubriendo a alguien, por eso no entregó el celular?”, es otro interrogante que fuentes allegadas al expediente penal, plantearon durante las últimas horas. La hipótesis sostiene que la información podría comprometer a otras personas, pese a que se explicó que lo único que es relevante para la causa son los intercambios con Alberto Fernández.

Lo único que por el momento garantizó la exprimera dama es que en las próximas semanas iría ante un notario a certificar al menos el cruce de conversaciones con Alberto Fernández, pero sin entregar el dispositivo electrónico a la justicia. La fiscalía aguarda a que cumpla con esa decisión, pero de todos modos fuentes judiciales aseguran que “el caso no se retrasa y la próxima instancia, después de otras medidas de prueba, será la indagatoria” del ex presidente, imputado por nueve hechos de violencia de género.

Por estas horas la ex primera dama manifiesta a personas de su entorno serios problemas económicos después de que la justicia federal ordenara un embargo de los bienes y recursos de Alberto Fernández. Dio detalles sobre la posible falta de pago de la prepaga el último mes y una expresa preocupación por los bajos ingresos que está teniendo.

“Son expresiones sin explicaciones”, deslizó una fuente judicial a Clarín al ir recolectando algunos de los planteos que no se encuentran incorporados en la causa penal. Durante las últimas horas, la psicóloga que acompaña a Fabiola Yañez ha tenido mayor presencia en su rutina.