POLITICA
El call center, la cara mas oscura de Cuenta DNI
En los últimos días, este medio difundió varios artículos en torno a las condiciones laborales que tienen lugar en el call center de Provincia NET, la empresa que integra Grupo Provincia y depende del gobierno de Axel Kicillof. A través de estos informes, se expusieron las prácticas abusivas y la explotación a la que son sometidos cientos de empleados tercerizados. Hoy, nuevos testimonios aportan información aún más alarmante sobre la situación dentro de la empresa.
Un trabajador, que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias, relató a este medio el nivel de explotación que enfrentan a diario: «Nos tratan como si fuéramos una sucursal, pero sin los recursos, ni el salario acorde. En mi caso, trabajo de lunes a sábados, de 8.00 a 14.00, manejando miles de llamados de clientes que se quejan porque el sistema no funciona, el Banco de la Provincia de Buenos Aires no responde o la Cuenta DNI se cae. Somos nosotros quienes recibimos los insultos y, para colmo, nos obligan a trabajar los fines de semana, cuando las sucursales están cerradas«. Esta denuncia deja en claro la sobrecarga laboral que padecen, con tareas que exceden la capacidad operativa del personal y una falta total de apoyo para gestionar los reclamos de los clientes.
Otra de las problemáticas más graves que enfrenta el personal es la imposición de turnos sin ninguna consideración por las necesidades personales o familiares: «Nos dan opciones para las vacaciones, pero al final nos asignan la que ellos quieren. No les importa si tenés pareja o hijos y querés coincidir con sus tiempos. Y encima, te avisan solo quince días antes, lo que hace imposible planificar cualquier cosa». Esto evidencia una violación de los derechos básicos del trabajador, como la posibilidad de organizar su tiempo personal.
Los problemas de salud derivados del trabajo también son una constante en Provincia NET, empresa que conduce Juan Ignacio Balasini. Los empleados denuncian que, a pesar de las largas horas frente a una pantalla, desarrollando problemas físicos como tendinitis y dolores cervicales, la cobertura médica es limitada. «En ART te cubren solo hasta cierto punto, pero si volvés a tener molestias y necesitás más certificados, Banco Provincia los anula directamente», compartió otro empleado, en referencia a la entidad que preside Juan Cuattromo, en un accionar que refleja una grosera falta de cuidado por la salud de los trabajadores, priorizando la productividad sobre su bienestar.
Una de las prácticas más abusivas denunciadas por los empleados es la falta de pago por horas extras. «Si me cae un llamado a las 13.57 y tengo que cargar veinte desconocimientos, me quedo hasta terminar, aunque mi horario termine a las 14.00. Ese tiempo adicional no se paga ni me permiten salir antes al día siguiente. Regalo tiempo sin recibir compensación alguna». Además, los trabajadores deben presentarse una vez al mes en la sede de Calderón, donde tienen su sede central, para una jornada presencial que no mejora su desempeño diario. Esto implica para muchos empleados largos viajes, que puede demorar horas, sin viáticos ni compensaciones.
Pero el relato no termina ahí. Los empleados son evaluados por sus llamadas, pero la auditoría que realizan los supervisores se enfoca en los peores casos, con la obvia intención de penalizar a los operadores con sanciones y descuentos salariales. «Te eligen las peores llamadas para auditarlas y ahí vienen las sanciones, que siempre terminan en un apercibimiento o un descuento. Así es como se maneja la empresa». Este tipo de prácticas genera un ambiente de trabajo insostenible, marcado por la presión constante y la inseguridad laboral.
La situación en el call center de Provincia NET pone en evidencia la necesidad urgente de una intervención gubernamental y sindical para proteger a los empleados que, sin recursos ni condiciones laborales dignas, sostienen el funcionamiento de este call center. Mientras tanto, las denuncias de abuso laboral continúan acumulándose, esperando que las autoridades bonaerenses tomen cartas en el asunto y regulen un sector que parece operar al margen de la ley y los derechos humanos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
El Gobierno oficializó la quita de la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner
El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial la medida que oficializa la quita de la jubilación y pensión de privilegio a la expresidenta Cristina Kirchner.
Según señaló el Poder Ejecutivo los privilegios son incompatibles con la condena que confirmó la Cámara de Casación en segunda instancia por la causa Vialidad.
En concreto, en la resolución 1092/2024 la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consideró que los beneficios otorgados devienen “jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.
Cristina Kirchner criticó a Milei luego de la quita de su jubilación: “A Videla le tuve miedo, vos me das lástima”
“La circunstancia obliga a evaluar diversas contingencias que transcurren durante el tiempo que el respectivo beneficio es percibido, lo que conlleva suponer que no se encuentra alcanzado por las particularidades del derecho adquirido o su inmutabilidad, en tanto si posteriormente el beneficiario resulta condenado por hechos que hubieren acontecido durante su gestión pública”, añadieron.
Además, detallaron que es “una particular circunstancia que otorga legitimidad de percepción a sus beneficiarios le viene dada por ciertas conductas que tienen que acreditar en función del ejercicio de altos cargos en la Administración Pública, siendo que esa premisa no solo tiene que acreditarse al cese en el cargo sino también durante la percepción del beneficio”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había indicado este jueves que “significa para los argentinos un ahorro de unos 21.827.624 pesos”. Sin embargó, señaló que Cristina Kirchner “va a poder seguir cobrando una pensión y una jubilación de acuerdo a sus aportes, y no por un adicional por los privilegios”.
El Gobierno dio de baja más de 200 pensiones por invalidez laboral cobradas irregularmente por presos
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