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POLITICA

Pablo Blanco: “La UCR debe ser la alternativa frente a los dos extremos que polarizan el país”

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Pablo Blanco expresó su rechazo a los vetos presidenciales que afectaron la movilidad jubilatoria y el financiamiento de las universidades. “Comparto la decisión de rechazar ambos vetos. La educación y la jubilación forman parte de la plataforma histórica de la UCR, y quienes no respetan estos principios deberían reconsiderar su permanencia en el partido”, sostuvo con firmeza.

El miembro del Senado de la Nación Argentina también se refirió a la conducta de algunos legisladores radicales que votaron en disidencia, lo que, según él, empaña la imagen del partido. “Hay una campaña interesada en mostrar que cuatro diputados representan a todo el radicalismo, lo cual es falso. La mayoría de los legisladores acompañó el rechazo a los vetos, pero los medios se enfocan en los que votaron en contra”, comentó, haciendo hincapié en que estas acciones individuales afectan a la fuerza política en su conjunto.

Blanco enfatizó la importancia de que la UCR actúe como un contrapeso a los extremos representados por el kirchnerismo y los libertarios. “La Unión Cívica Radical debe trabajar para ser la alternativa frente a estos dos polos que no le hacen bien al país. El camino está en un centro moderado, donde podamos construir una alternativa junto a otros espacios políticos”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de sanciones internas dentro de la UCR, Blanco apoyó la idea de que aquellos que no sigan la plataforma partidaria sean sancionados. “Me parece bien que se analicen sanciones para quienes no respetan la plataforma del partido. Al asumir una candidatura, se asume también un compromiso con la plataforma y con los ideales del partido”, remarcó.

En cuanto a la relación con el Pro, Blanco señaló que quienes se alejaron de los principios de la coalición Juntos por el Cambio fueron los dirigentes del Pro, no la UCR. “El Pro, y en particular su presidente, están utilizando su poder para promover intereses personales, dejando de lado los ideales que nos unieron en un principio”, explicó. Además, advirtió sobre la especulación de una posible alianza entre el Pro y La Libertad Avanza, lo que, según él, confirmaría este alejamiento.

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Finalmente, el senador criticó la virulencia del discurso del presidente Javier Milei, advirtiendo que sus declaraciones generan un clima de violencia y confrontación. “La mayor responsabilidad la tiene el presidente, quien está fomentando una agresión permanente. La política debe basarse en el diálogo y no en la violencia, y es preocupante que se siga echando leña al fuego”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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Al igual que con CFK, se oficializó la quita de la jubilación de privilegio de Amado Boudou

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El Gobierno oficializó este viernes la quita de la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, quien percibía $6.814.272 mensuales. La decisión se formalizó a través de una resolución del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, en el marco de una política para anular las asignaciones especiales de ex funcionarios condenados por la Justicia.

La Casa Rosada fundamenta la medida en la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias, y en el artículo 53 de la Constitución Nacional, argumentando que estas asignaciones son incompatibles con el “mal desempeño” demostrado por sentencias judiciales firmes. En 2020, la Corte Suprema confirmó la condena de Boudou por la causa Ciccone, lo que lo convirtió en el primer vicepresidente en ser sentenciado por corrupción.

El Gobierno oficializó la quita de la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner

El Ejecutivo anticipa posibles acciones judiciales por parte de los afectados, como Boudou y Cristina Kirchner, a quien también se le revocó su pensión y jubilación. La defensa jurídica de estas decisiones recaerá en el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. En el Gobierno consideran que las condenas por delitos en el ejercicio de la función pública son razón suficiente para retirar estos beneficios, incluso sin un juicio político formal.

Según el texto de la resolución, la jubilación de privilegio debe estar vinculada a una conducta ejemplar durante y después del ejercicio del cargo. “La asignación de privilegio resulta jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en perjuicio del Estado Nacional”, detalla el documento.

Desde sectores críticos se cuestiona la validez de la medida, argumentando que la ausencia de un juicio político impediría retirar la pensión. Sin embargo, el Gobierno insiste en que las condenas judiciales por corrupción son prueba suficiente de una “conducta deshonrosa” incompatible con estos beneficios.

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