Entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre de 2021, sin autorización administrativa sobre impacto ambiental y usando una retro excavadora, Ricardo Adolfo La Regina produjo con pleno conocimiento de causa actos de crueldad animal y daños irreversibles sobre fauna y flora autóctonas en una estancia propia lindante con el Área Natural Protegida Punta Tombo, a 110 kilómetros de Rawson, en la provincia de Chubut.

Masacró 105 especímenes de pingüinos Magallanes y arrasó 292 nidos, aplastando huevos y pichones en su paso frenético y acabando con toda posibilidad de vida. Buscaba trazar dos caminos e instalar un alambrado de 900 metros en el interior de su propiedad, y estaba convencido de que ser dueño de ese gran lote costero le otorgaba derechos sobre la vida de las especies nativas que allí existen. La Regina ahora sabe que estaba equivocado. Pero una fiscal del Sur del país tuvo que hacérselo entender, con elementos y pruebas contundentes. La Regina ya no puede tener dudas porque este lunes comenzaron a juzgarlo por el crimen que cometió y frente a una posible pena de cuatro años de prisión efectiva.

Es la primera vez que un caso de “ecocidio” llega a esta instancia en Latinoamérica. Por eso han llegado al sur del país enviados de todo el mundo. El concepto de “ecocidio” no es nuevo, pero desde 2021 tiene una definición jurídica. Describe «cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente».

Las organizaciones ambientales Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) figuran como querellantes en un juicio que tiene carácter histórico, que aborda los cargos de daño ambiental agravado y crueldad contra los animales y podría marcar un antes y un después en la defensa de la biodiversidad en Argentina.

La responsable de sostener y justificar esa figura fue María Florencia Gómez, titular del Ministerio Público Fiscal de Rawson. La funcionaria ha llegado bien alto con su investigación. Recibió primero el peritaje dramático de un experto, luego las denuncias de tres organizaciones ambientales y ya nada lo detuvo. Gómez ha realizado una recolección de pruebas pocas veces vista en instrucciones de este tipo. Durante dos años, ha “droneado” el área hasta el cansancio y convocado a geógrafos, cartógrafos y especialistas en biología marina para dimensionar la matanza.

Un día, después de enviarle 128 mensajes, logró dar con Sam Guilfort, director de National Geographic. Eso significó un hito para el caso porque la organización internacional, a partir de ese momento, se puso bajo las órdenes de la fiscal, facilitando fotografías y peritajes. Pero más definitorio todavía ha sido el rol que jugó una de las personas que más sabe sobre pingüinos en el mundo, Pablo Borboroglu, fundador de la Global Penguin Society.

Borboroglu y su esposa vieron la masacre todavía palpitante. Aquel 26 de noviembre, llegaron a la estancia horas después del aplastamiento. “Por el iris del ojo de las aves, podés ver cuánto tiempo pasó desde que se produjo el deceso. No había pasado nada. Pero había muchos indicios más. No había ni siquiera olor. Todo estaba fresco. Después lo pudimos saber, en base imágenes de Google Earth: habremos llegado tan solo 4 horas después del desastre”, recordó el experto ante Clarín.

La velocidad con que procedió Borboroglu fue determinante para todo lo que ocurrió después. Las autoridades provinciales, por su lado, y Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados Ambientales, por el otro, se plantaron como querellantes. Comenzó, entonces, el camino judicial de la historia.

Se trata de una oportunidad histórica para la justicia ambiental. Aunque algunos casos ambientales han llegado a la Justicia, la mayoría son archivados o se resuelven con juicios abreviados que no llegan a juicio oral. Este proceso es clave no solo para este caso particular, sino para abrir la puerta a una mayor aplicación de la ley en los crímenes ambientales.

La masacre de los pingüinos de Punta Tombo expone las graves falencias en la protección de áreas naturales y la debilidad del sistema jurídico para abordar adecuadamente los delitos ambientales. Las organizaciones resaltan que la matanza de pingüinos es un símbolo de la urgencia con la que se deben actualizar leyes para proteger la biodiversidad.

La deuda pendiente es la creación de un capítulo específico de delitos ambientales en el Código Penal, que contemple sanciones a los daños causados a los ecosistemas y la fauna. Medidas cautelares inmediatas para garantizar la protección de la colonia de pingüinos durante el juicio, incluyendo la implementación de monitoreos estrictos y la prohibición de actividades que alteren el hábitat. Un proceso judicial justo, transparente y ejemplar que siente las bases para la persecución efectiva de delitos ambientales en el futuro.

Este juicio representa un punto de inflexión en la justicia ambiental argentina. Las organizaciones querellantes están comprometidas en hacer que este caso no solo obtenga justicia para los pingüinos y su hábitat, sino que también genere un cambio sistémico en las políticas de conservación. La participación activa de la sociedad civil es fundamental para asegurar que este proceso legal sea una victoria no solo para los pingüinos y el ambiente, sino para la ciudadanía en su conjunto.

La Reserva Punta Tombo, ubicada en la provincia de Chubut, alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. En el año 2021, fue escenario de una masacre sin precedentes. Se utilizó maquinaria pesada que pasó por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo para trazar caminos, lo que provocó a su vez el desmonte de vegetación nativa.

Además, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.

Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. El pingüino Magallánico, cuyo estado de conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, principalmente la industria petrolera, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.