POLITICA
Batalla judicial: la UBA pidió a la Justicia que impida a la SIGEN comenzar una auditoría externa de sus gastos
En el marco de la pelea con el presidente Javier Milei, la UBA pidió a la justicia del fuero contencioso en lo administrativo federal que declare la inconstitucionalidad de un artículo de la reglamentación de la ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control del sector público nacional.
En un escrito de 64 páginas al que tuvo acceso Clarín, la casa de altos estudios también solicitó una medida cautelar para impedir la SIGEN, que depende del gobierno, comience a auditarla, mientras reivindica ese rol para la Auditoría General de la Nación (AGN) que depende del Congreso y pide una acción declarativa de certeza.
El escrito está firmado por Ricardo Gelpi en su carácter de rector de la UBA con el patrocinio letrado de Sergio Pascale y así comienza esta batalla judicial por quién debe ser el auditor externo de la UBA, luego de que Milei vetó la ley de financiamiento universitario.
Además, hizo reserva de caso federal para ir eventualmente hasta la Corte en defensa del “principio de división de poderes y la autonomía y autarquía de la Universidad de Buenos Aires, consagradas en el art. 75 inc.19 de la Carta Magna”.
La UBA solicita al juez el que le caiga la causa por sorteo que “decrete una medida cautelar a fin de que el PEN y la SIGEN se abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno, particularmente considerando que decidió unilateralmente la realización de una auditoría a partir del próximo 28 de octubre, careciendo de competencia para ello”.
Asimismo, pidió se “ajuste la conducta al respeto irrestricto de la normativa aplicable en esta Universidad (Resoluciones (CS) Nº 8237/13 y 1920/18) y también a la interpretación pacífica de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuración del Tesoro de la Nación hasta el dictamen que luce en IF-2024-112489009- APN-PTN y de la reflejada en los actos de la propia SIGEN al menos desde el año 2013”.
Así la UBA reivindica el dictamen del ex procurador K Carlos Zannini que dispuso que solo la AGN podía auditar a las universidades públicas que fue anulada la semana pasada por su sucesor Rodolfo Barra.
“Todo ello hasta tanto se dicte sentencia de fondo pasada en autoridad de cosa juzgada. 6.- Oportunamente, se haga lugar a la demanda promovida, en todas sus partes, en los términos y alcances precisados, y se declare la inconstitucionalidad del art. 8 del Decreto 64 Reglamentario 1344/07 y la incompetencia de la SIGEN para realizar el control interno, en el marco de la ley 24.156, de esta Universidad, con expresa imposición de costas”, agrega el escrito de la UBA.
POLITICA
Javier Milei busca eliminar las PASO y asestarle otro golpe a Mauricio Macri
Las PASO han sido una de las peores iniciativas que impulsó el kirchnerismo en contra de sus propios intereses. Lo que inicialmente fue imaginado como un instrumento de disciplinamiento interno terminó convirtiéndose en una herramienta fundamental para la coalición opuesta, Cambiemos o Juntos por el Cambio, ya que le permitió aglutinar en un mismo frente electoral a diversos partidos y expresiones políticas. Para el cristinismo, en cambio, significó una instancia superflua, ya que la verticalidad del liderazgo generalmente terminó expresándose en listas únicas, sin participación popular en su definición.
Por el contrario, para radicales, socialistas y Pro, las PASO significaron la posibilidad de establecer debates de cara a la sociedad, cerrar alianzas facciosas internas y negociar porciones de poder. Más aún, mientras que generalmente el cristinismo se imponía en las PASO, las elecciones generales mostraban habitualmente una preferencia por la opción alternativa que garantizara la derrota de Cristina y su séquito, a excepción de los comicios de 2019. En este último caso se dio la paradoja de que la fórmula Fernández – Fernández obtuvo muchos más votos en las PASO que en las generales, en la inteligencia social de que era necesario desplazar a Mauricio Macri sin conceder un poder institucional excesivo a Cristina.
Pero las elecciones de 2023 archivaron ese modo de hacer política, permitiendo que una nueva fuerza, liderada por un ignoto panelista televisivo que nada hacía por ocultar su adhesión al autoritarismo, sumara a su capital político a los votos de JxC en el balotaje. A partir de entonces, la negociación democrática fue suplantada por presiones, chantajes y concesiones que confirmaron la presencia protagónica de dos fuerzas verticales, con liderazgos autocráticos, aplastando a los actores y fuerzas moderadas.
Así las cosas, no sorprendió que el gobierno promueva la eliminación de las PASO para destruir al Pro, obturando cualquier mecanismo de negociación de candidaturas. El argumento es el habitual: el ahorro.
Hasta aquí, diversos sectores del peronismo estarían de acuerdo, no por el tema del ahorro sino porque las PASO les han resultado funestas. El problema surge de otro lado: la sustancial reducción de los aportes a los partidos políticos en la etapa preelectoral, acompañados de un sustancial incremento del porcentaje de financiamiento privado admitido, y la reducción o supresión de los espacios publicitarios gratuitos. De este modo, los partidos terminarían siendo privatizados en beneficio de sus sponsors, por lo que el ideal del bien común se cambiaría por la acción de representantes convertidos en brokers corporativos. Nada que no se haya visto, pero ahora en el marco de la legalidad.
El macrismo ve la iniciativa como un certificado de defunción: sin posibilidad de coalición política con La Libertad Avanza y con la lapicera violeta en manos de Santiago Caputo, prevé una fuga masiva de votos hacia los candidatos de Javier Milei.
Por ahora todas son especulaciones y el tiempo apremia. Salvo que se habiliten extraordinarias para tratar el tema, algo que a Mauricio Macri le provoca escozor. Recordemos que no puede haber modificación de la legislación electoral en años de comicios. Si no es ahora, el gobierno debería esperar hasta 2026, pero no aparenta tener tanta paciencia. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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