El Gobierno denunció penalmente a miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y a trabajadores de la firma Intercargo por los presuntos delitos de «privación ilegítima de la libertad», «extorsión» y «entorpecimiento del transporte aéreo» a partir de una asamblea sorpresiva que produjo un caos en Aeroparque y que dejó demoras, valijas acumuladas y cientos de pasajeros «atrapados» en los aviones.

«La medida responde a una serie de asambleas gremiales que, según la denuncia, mantuvieron a 2.100 pasajeros en los aviones durante varias horas en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza», señalaron en el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich.

Según la denuncia, por las asambleas, más de 900 personas a bordo de seis aviones en Aeroparque quedaron atrapadas, que se suman a otras 1.300 en vuelos detenidos en Ezeiza, ocasionando un grave perjuicio a los pasajeros y a la operativa aeroportuaria. Oficialmente la denuncia fue presentada por el abogado Fernando Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad.

«Nos encontramos ante un ‘piquete aéreo’ que impidió a miles de personas descender de las aeronaves, entre ellos mujeres embarazadas y niños, quienes debieron soportar más de dos horas en cabinas sin ventilación adecuada, situación que derivó en complicaciones de salud para algunos pasajeros», precisa la denuncia.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que varias personas debieron ser asistidas por el servicio de emergencia pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«La situación motivó la intervención de Fuerzas Federales de Seguridad para permitir el desembarque de los pasajeros tras varias horas de operativo. Según el escrito presentado ante la Justicia, las acciones del personal sindical también violarían el Código Aeronáutico Nacional, que considera la actividad aerocomercial como un servicio esencial», indica el comunicado del ministerio de Seguridad de la Nación.

Y remarcaron que el Gobierno ampliará la denuncia con información adicional proporcionada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y testimonios de los pasajeros afectados.

La medida de fuerza comenzó minutos después de las 11 de la mañana y se originó por el despido de un empleado de Intercargo. Fuentes aeronáuticas informaron a Clarín que fue echado un coordinador, acusado de demorar la operación durante el fin de semana en la terminal porteña.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, calificó la medida de «salvaje» e informó que coordinó con Patricia Bullrich para que «la PSA pueda asistir a los pasajeros que han sido tomados de rehén por esta runfla de delincuentes» y que se presenten las denuncias penales correspondientes contra los responsables del conflicto.

A su vez, como titular de la firma Intercargo, Mogetta también denunció penalmente a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) por privación ilegítima de la libertad de los pasajeros de 10 vuelos de las empresas Flybondi, JetSMART y LATAM.

Ante esto, la empresa Intercargo denunció ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al sindicato que, a través de una medida unilateral e inconsulta, puso en riesgo la salud de cientos de pasajeros, entre los que se encontraban embarazadas y niños, obligándolos a permanecer varados dentro de las aeronaves por un largo período de tiempo.

El Gobierno calificó a la medida como «paro encubierto», y desde Intercargo adelantaron que descontarán las horas no trabajadas y la presencialidad a los empleados que participaron de la medida de fuerza.

Antes de que el Ministerio de Seguridad informara de la denuncia, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que la PSA iba a rescatar a los pasajeros que quedaron atrapados en los aviones.

«En segundo lugar, contarles que la Policía de Seguridad Aeroportuaria está actuando para rescatar, aproximadamente, 1500 pasajeros que fueron secuestrados por empleados de Intercargo en 10 aviones de Jetsmart y Flybondi. También se están acercando refuerzos de Gendarmería y Prefectura, en estos momentos, para colaborar, por supuesto, para dar apoyo. Es decir, en este momento, mientras estamos acá, hay personas de rehén, con ataques de pánico y descompuestas, familias que estuvieron encerradas durante horas por culpa del delirio terrorista sindical. Un terrorismo sindical que para no perder sus privilegios, desde hace meses pretende poner en jaque el sistema aerocomercial de la Argentina», sostuvo Manuel Adorni en conferencia de prensa.

Y adelantó: «El gobierno va a ir a la Justicia por abandono y secuestro de personas, intimidación pública y bloqueo. El que las hace las paga».