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Gabriela Neme: «En Formosa estamos ante un régimen que replica el modelo de Nicolás Maduro»

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Según Gabriela Neme, Formosa se encuentra bajo un «régimen Insfrán» que replica modelos autoritarios de otros países, como el de Venezuela, donde se simula una democracia en los papeles, pero en los hechos, el poder está completamente concentrado. “Hace treinta y siete años que Gildo Insfrán controla todo, desde la Justicia hasta la policía, lo que hace imposible la oposición”, declaró la diputada. A su vez, criticó la intervención de los organismos autárquicos desde 1999 y el control de los medios de comunicación.

La diputada relató que ser parte de la oposición en Formosa es un desafío constante, no sólo por la represión directa, sino por el control absoluto del sistema judicial y electoral por parte del gobernador Insfrán. «Tengo en mi historial personal dos detenciones, un brazo roto y 27 causas penales», relató Neme, quien aseguró que la policía y el aparato judicial local persiguen a los opositores como si fueran criminales. 

Neme también abordó el tema de la reciente reforma constitucional impulsada por Insfrán, una medida que, según ella, busca garantizar la perpetuidad de su poder. La reforma, ya aprobada, intenta restringir el uso de redes sociales y la libertad de expresión, apuntando a frenar la oposición y burlar el fallo de la Corte Suprema que podría limitar las reelecciones del gobernador. «Están buscando legislar sobre derechos digitales para controlar la información y continuar en el poder», afirmó.

La situación económica de la provincia también fue uno de los puntos más críticos de la conversación. La legisladora denunció que, a pesar de que Formosa cuenta con recursos naturales como petróleo, litio y una estratégica ubicación fronteriza, la pobreza en la provincia es alarmante. “Formosa podría ser una de las provincias más ricas del país, pero está sumida en la pobreza, con un 72 por ciento de la población viviendo bajo la línea de pobreza”, explicó. Según ella, la falta de infraestructura básica, como un plan hídrico para enfrentar inundaciones y sequías, y el abandono de sectores productivos clave, como el algodón y la banana, son reflejos de un modelo de gestión que empobrece a la población mientras mantiene a las elites políticas y económicas del poder.

Neme concluyó la entrevista resaltando la urgente necesidad de una intervención federal que restablezca la independencia del poder judicial en Formosa. La diputada insiste en que el gobierno de Insfrán ha logrado un control absoluto sobre todos los estamentos del poder, haciendo casi imposible la competencia electoral y la rendición de cuentas. «Nos conformamos con que intervengan la Justicia, porque sin ella no podemos garantizar un futuro democrático para Formosa», finalizó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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El Gobierno traspasa el Servicio Penitenciario a CABA para tratar la sobrepoblación en las comisarías

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El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires acordaron iniciar el proceso de traspaso del Servicio Penitenciario Federal a la administración porteña, una demanda que la Ciudad venía solicitando debido a la sobrepoblación en comisarías. El acuerdo se cerró en una reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien expresó la necesidad de que el distrito se encargue de la “responsabilidad de los presos de su distrito y así profundizar su autonomía”.

La transferencia de competencias implica que el Gobierno porteño asuma el cuidado y la gestión de las cárceles en su territorio para presos involucrados en delitos no federales. El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y otros funcionarios participaron en el acuerdo para iniciar el traspaso gradual.

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La sobrepoblación en las alcaidías de Buenos Aires generó varios problemas de seguridad, incluyendo doce fugas en los primeros meses del año. El Gobierno porteño utilizó cárceles contenedores en barrios como Chacarita y Saavedra como medida temporal para aliviar la situación, ya que las comisarías estaban desbordadas. Jorge Macri y otros funcionarios porteños insistieron en que las comisarías “no están preparadas para la cantidad de detenidos”, solicitando que la administración nacional se encargue de los reclusos hasta ahora.

Para la Ciudad, este traspaso implica la creación de un servicio penitenciario propio. Actualmente, solo el 5% de los presos en territorio porteño son juzgados por tribunales locales, mientras que el resto sigue bajo jurisdicción federal y nacional. Aún no se transfirió el Poder Judicial en la Ciudad, lo que plantea un desafío en la gestión de estos detenidos, quienes permanecen bajo juicio federal.

El Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos de la Justicia porteña informó que, al primero de abril de 2024, había casi 2.000 detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad, cifra que dobla la capacidad ideal de estas instalaciones. Este contexto de hacinamiento y las demandas reiteradas llevadas al gobierno porteño a buscar una solución concreta a través de la gestión del sistema penitenciario local.

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