POLITICA
Vialidad: los tres jueces que revisan la condena contra Cristina Kirchner llegan al fallo en situaciones particulares
Los jueces que revisarán la condena a 6 años de prisión que le fue impuesta a Cristina Kirchner por corrupción integran la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema de Justicia y la propia expresidente intentó apartar a dos de ellos de la causa sin éxito.
Hornos es el juez mas antiguo de Cámara de Casación y la integra desde su creación en 1995. Intervino e causas de impacto político como la condena a la exsecretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray. Pasaron además por sus manos las causas como Cromañón, el accidente de LAPA o la voladura de la fábrica militar de Río Tercero.
Firmó la apertura de la investigación de la denuncia del fiscal Alberto Nisman presentada días antes de su muerte contra la expresidenta Cristina Kirchner y dejó firmes las prisiones preventivas de los dueños de Oil Combustibles, luego absueltos. Actuó en la ratificación de la condena del caso Ciccone, donde Amado Boudou fue sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión y que fue confirmada por la Corte Suprema.
Cristina Kirchner lo recusó pero fue rechazada esa recusación. Lo impugnó por sus visitas a Mauricio Macri a la Casa Rosada cuando fue presidente. Hornos explica que fue por razones de su cargo, no por causas en trámite.
Hornos llega a esta causa con turbulencias. En plena deliberación fue denunciado por violencia de género, en una causa que fue archivada, y que la mujer involucrada no instó la acción penal. Sus colegas citaron a una reunión extraordinaria del cuerpo para analizar su caso y el Consejo de la Magistratura aún no cerró la investigación administrativa.
Mariano Borinsky es el actual presidente de la Cámara de Casación, fue fiscal de juicio que pidió la condena al expresidente Carlos Menem. Es el coordinador del equipo que realizó las reformas al Código Procesal Penal, un trabajo que acaba de concluir.
Intervino en las causas mas sensibles contra el kirchnerismo, y Cristina Kirchner intentó que no la juzgara ya que le critica que hubiera visitado a Macri en la Quinta de Olivos cuando era presidente. Borinsky explicó que lo visitó cuando ya estaba elaborando la versión anterior del nuevo Código Penal.
En estos momentos, en plena deliberación por la confirmación de las penas de Vialidad, el nombre de Borinsky, cuando empezó a sonar como candidato a ser postulado por el Gobierno de Javier Milei para la Procuración General de la Nación. Para acceder a ese cargo es necesario el voto de los dos tercios de los senadores, lo que incluye necesariamente a los kirchneristas.
En ese período, Borinsky apareció con frecuencia en fotos con funcionarios del Gobierno que viajaron con el camarista a París y Singapour en las tareas previas a la aprobación de la evaluación que superó la Argentina en el GAFI sobre lavado de dinero.
Diego Barroetaveña fue juez de tribunal oral y desde ese lugar, y tras intervenir en 2012 en la condena por la muerte del trabajador ferroviario tercerizado Mariano Ferreyra, accedió a la Cámara de Casación. En ese juicio fue condenada la cúpula de la Unión Ferroviara a cargo de José Pedraza a la pena de 15 años de prisión por ser partícipes necesarios del crimen de Ferreyra, hecho que tuvo lugar el 20 de octubre de 2010 cuando participó de una movilización con tercerizados del ferrocarril Roca para reclamar por su paso a planta permanente.
Barroetaveña es dirigente de la Asociación de Magistrados, donde integra la lista Bordó que fue de las más críticas con el kirchnerismo y actualmente es concejero de la magistratura en representación de los jueces.
Barroetaveña fue uno de los jueces que firmó las dos sentencias que permitieron reabrir dos causas contra Cristina Kirchner que estaban ya cerradas. Son Hotesur y Los Sauces y el caso por la firma del Memorándum con Irán. Su decisión instó a que esos expedientes, donde la expresidenta había sido absuelta sin juicio oral, regresen a los tribunales orales para que se realicen ambos juicios contra Cristina Kirchner.
Barroetaveña llega a firmar esta sentencia contra Cristina Kirchner en momentos en que aún resuena el eco del fallo que firmó con sus colegas Carlos Mahiques y Daniel Petrone que le evitó al primo de Mauricio Macri Angelo Calcaterra afrontar el juicio oral por el caso de los cuadernos de las coimas.
Decidieron que los pagos que realizó al kirchnerismo era un asunto de aportes de campaña no declarados y no de sobornos. El tribunal propio tribunal revisando esa decisión, pero aún no fallo. Barroetaveña regresará para firmar estos fallos desde Washington, donde asistió la semana pasada, con otros colegas jueces a observar las elecciones norteamericanas.
POLITICA
Qué ideas tiene Elon Musk sobre la eficacia del gobierno y qué se puede esperar del nuevo Departamento de Eficiencia creado por Trump
Donald Trump le ha encargado a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, la dirección del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Trump afirmó en redes sociales que Musk y Vivek Ramaswamy, excandidato en las primarias del Partido Republicano, “desmantelarán la burocracia gubernamental, reducirán las regulaciones excesivas, recortarán los gastos innecesarios y reestructurarán las agencias federales”.
El empresario tecnológico cuenta con una larga experiencia de liderazgo corporativo para cumplir ese objetivo que lleva meses defendiendo. Pero su rol también le otorgaría una importante influencia sobre la política gubernamental y el entorno regulatorio en el que operan sus compañías, lo que plantea dudas razonables.
Qué se sabe del DOGE
De momento se conocen pocos detalles concretos sobre el próximo Departamento de Eficiencia Gubernamental, al que Trump llamó en un comunicado “el Proyecto Manhattan de nuestro tiempo”.
El presidente electo ha adelantado que el DOGE funcionará como una especie de consejo asesor que operará de forma externa mediante una asociación con la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB).
El departamento, anunció Trump, “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala y crear un enfoque empresarial para el gobierno nunca antes visto”.
“Espero que Elon y Vivek realicen cambios en la burocracia federal con miras a la eficiencia y, al mismo tiempo, para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Es importante destacar que eliminaremos el despilfarro y el fraude masivos que existen en nuestro gasto gubernamental anual de US$6,5 billones”, agregó.
Y, en principio, no será permanente: Trump estima que el órgano completará su trabajo en 18 meses, y Musk cree que lo hará “mucho más rápido”.
Por su parte, Musk afirmó en un mitin del entonces candidato republicano en octubre que el presupuesto del gobierno estadounidense podría reducirse en “al menos” US$2 billones de un total de US$6,5 billones.
También ha sugerido con frecuencia que el número de empleados gubernamentales se puede reducir de forma significativa.
Por su parte, Ramaswamy expresó en el pasado su deseo de eliminar una serie de oficinas federales, entre ellas el Departamento de Educación, la Comisión Reguladora Nuclear, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI.
El precedente de Twitter/X
En todo caso, la forma en la que Musk ha dirigido sus propias empresas puede dar pistas de lo que los estadounidenses pueden esperar que haga en el DOGE.
En octubre de 2022 se hizo cargo de la plataforma de redes sociales Twitter, a la que rebautizó como X, en un acuerdo de US$44.000 millones.
Musk renunció a las políticas de moderación de contenido y eliminó el veto a los usuarios considerados infractores de las reglas sobre discurso de odio y desinformación.
Uno de los usuarios a los que restituyó fue Trump, cuyo perfil había sido censurado tras el motín del Capitolio en enero de 2021 por seguir afirmando que las elecciones de 2020 habían sido amañadas en su contra.
La adquisición de Musk trajo cambios radicales a X, como la reducción de plantilla de unas 8.000 personas a 1.500.
En abril de 2023 le dijo a la BBC que su razonamiento para tomar esta medida era que “si toda la empresa se hunde, entonces nadie tendrá trabajo”.
“Su idea de eficiencia era despedir a mucha gente”, afirma Alex Waddan, profesor de política estadounidense en la Universidad de Leicester.
Como respuesta al éxodo de anunciantes por relajar las políticas de libertad de expresión de la plataforma, el empresario monetizó algunas funciones para aumentar los ingresos.
Convirtió las marcas azules, que antes indicaban que una cuenta de una figura pública era auténtica, en un modelo de suscripción y vinculó los pagos de publicidad a usuarios “verificados” con la cantidad de interacciones recibidas.
Pero estos cambios tuvieron algunas consecuencias no deseadas.
Tras un aluvión de críticas, X asignó marcas de oro o plata a las cuentas oficiales para evitar que se confundieran con falsas, lo que significa que las marcas azules solo indican que una cuenta es de pago.
Incentivar a los usuarios con una parte de los ingresos publicitarios también aportó una vía para que las llamadas “granjas de bots” ganaran dinero con interacciones a su contenido generado automáticamente. Musk ha dicho que su equipo ha eliminado de forma repetida las cuentas de bots.
Los críticos sostienen que sus cambios han dado prominencia al discurso de odio y la desinformación, aunque él sostiene que la red social es políticamente neutral.
“Como ‘empresario en serie’, Musk ha sido implacable en su intento de mejorar la eficiencia institucional en sus propias compañías”, evalúa Thomas Gift, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de Política Estadounidense en el University College de Londres.
Añade que, aunque el papel principal de Musk será “reducir la maraña de burocracia que es el gobierno federal de Estados Unidos”, su puesto también le aportará influencia en la nueva administración.
“Si bien su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental será más informal, no hay duda de que Trump lo escucha, al menos por el momento”, sentencia.
Musk contra las regulaciones
Elon Musk “es extremadamente antirregulaciones y odia que el gobierno o cualquier otra persona le diga qué hacer”, describió la periodista de investigación Kristen Grind en el podcast The Daily del diario estadounidense The New York Times.
El acrónimo DOGE ideado por Musk hace referencia a un meme de un perro Shiba Inu que luego dio su nombre a la criptomoneda Dogecoin. Él ha mencionado ambos con frecuencia.
Christopher Phelps, profesor de historia política moderna de Estados Unidos, interpreta que el nombre es “un guiño a la desregulación de las criptomonedas como parte de sus planes”.
Los precios de las criptomonedas aumentaron después de la elección de Trump, lo que hace pensar que el presidente entrante creará un entorno regulatorio relajado.
Pero los llamamientos desregulatorios de Musk también pueden atribuirse en parte a las frustraciones que ha padecido con sus otras empresas comerciales: la compañía de vehículos eléctricos Tesla y la firma de cohetes SpaceX.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado repetidamente a Tesla de intentar evitar que sus trabajadores se sindicalicen, lo que en algunos casos podría infringir la ley federal.
Musk, cuyo patrimonio neto estimado alcanza los US$290.000 millones, ha afirmado anteriormente que “no está en contra de todos los sindicatos”, pero que el sindicato de trabajadores automotrices “tiene un historial de destrucción de productividad que impide a una empresa competir”.
En septiembre, Musk amenazó con demandar a la Administración Federal de Aviación por sus planes de multar a su compañía SpaceX con US$633.000 por supuestas infracciones de licencias relacionadas con algunos de sus lanzamientos de cohetes desde Cabo Cañaveral, en Florida.
Acusó a la agencia de “extralimitación regulatoria”.
También ha dicho en repetidas ocasiones que quiere colonizar Marte, y el programa Starship de SpaceX es un intento de hacer esto posible.
Pero en septiembre escribió que esto solo era una posibilidad “siempre que no se vea sofocada por la burocracia” y afirmó que la creación del DOGE era “el único camino para extender la vida más allá de la Tierra”.
¿Altruismo o interés?
Entonces, ¿hasta qué punto su motivación para asumir el rol en el gobierno responde a sus intereses comerciales?
Musk “se beneficiará personalmente de gran parte de la desregulación que promociona”, opina el profesor Phelps.
“Creo que poner a alguien que es multimillonario y dirige grandes corporaciones a cargo de un proyecto federal de desregulación es algo, por naturaleza, lleno de conflictos de intereses”.
Por su parte, el profesor Gift apunta que “no hay duda de que Musk tiene importantes intereses creados en el panorama regulatorio de Estados Unidos como resultado de sus muchas empresas comerciales”.
Al mismo tiempo, matiza, “es difícil afirmar que este sea el único motivo que lo impulsa”.
“Musk ha asumido enormes riesgos personales y políticos al salir del armario a favor de Trump, y muchas de sus actividades y retórica parecen mostrar a un individuo ideológicamente comprometido con causas en las que cree”.
El profesor Waddan coincide con este punto de vista: “es evidente que tiene algo en juego y un interés propio, pero igualmente puede creer sinceramente que hay demasiada regulación y demasiada burocracia gubernamental”.
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