El Gobierno busca un puente sobre aguas turbulentas que le permita llegar al receso legislativo con la menor cantidad de bajas. La orden del oficialismo al Congreso es que no haya más sesiones. Todo lo que llega a la agenda desde las diversas tribus de la oposición -las hay de todos los gustos- sabe a amargura.

El Gobierno ha impuesto el método del transaccionismo como única forma de cohabitación con la oposición. Do ut des (doy para que me des) es la norma que mueve a los partidos y los bloques, y el resultado es de baja rentabilidad para todos. Nadie tiene mucho poder y no se puede dar lo que no se tiene.

El poder es el combustible la política. Para ejercer el oficio hay que tener poder. Un ejemplo de transaccionismo extremo es el pedido de sesión especial este martes para tratar dos proyectos tóxicos para el oficialismo: la ley que reglamenta los DNU y el decreto 846 que le facilita al Gobierno los canjes de deuda.

Este pedido es un entendimiento multipartidario del radicalismo opositor de Pablo Juliano, disidente del bloque de Rodrigo de Loredo; Encuentro Federal-Pichetto conducción; y Unión por la Patria, el frente de todos los peronismos que en el mundo han sido.

Están interesados en quitarle al Gobierno la herramienta de los DNU según la versión 2006 (Kirchner conducción) que admite la sanción ficta con el silencio del Congreso. Si sale, con que a un DNU lo rechace una de las Cámaras, pierde validez. El proyecto es de la oposición amigable, pero el peronismo -oposición de bloqueo – sólo apoyaba el pedido y aportaba el quórum y el número para aprobarlo si se agregaba la derogación del 846 que facilita los canjes de deuda.

Hasta este domingo la oposición tenía entre 131 y 135 votos para arrancar la sesión. Durante el fin de semana hubo forcejeos para redondear un dictamen que cuente con los votos necesarios: 129 según el régimen especial de la Constitución (art. 23° de la ley 26122, de 2006). Hay votos si se ponen las dos condiciones para voltear un DNU:

1) Que lo rechace una de las Cámaras.

2) Si no es tratado en un plazo de 90/120 días.

Los negociadores del quórum por la multipartidaria, Oscar Agost Carreño por el bloque de Pichetto, y Paula Penacca, por el peronismo, acordaron ya que haya una sesión corta y con pocos discursos y distracciones.

La presión funcionó porque el Gobierno ya está ofreciendo canjes de bonos amparados en esa norma, que algunos creen que no es conveniente para la salud de la tesorería (ejemplo, «Llamado a licitación de Boncer y Conversión de Boncer T2X5 en el marco del artículo 2 del Decreto 846/2024, publicado en el portal www.argentina.gob.ar del 5 de noviembre).

Advertido de esto, el peronismo del Senado intentará forzar para el jueves de esta semana una sesión de la Cámara para darle un mandoble al 846. Pero el Gobierno contraataca sobre los gobernadores, que han salido con gusto amargo de sus reuniones con Javier Milei.

El territorio de los acuerdos es el debate del nuevo presupuesto. Los gobernadores amigables coinciden en bajar sus pretensiones de poner en esa ley de 2025 una mejora de la movilidad de las jubilaciones y aumentar los fondos para las universidades.

Imaginar que los jubilados y los profesores son unos degenerados fiscales que se roban la plata es una fantasía senil de Olivos. Los gobernadores saben que el Gobierno siempre retrocede en sus agresiones y va a ponerles plata a los abuelos y a los docentes. De lo que no se bajan es de un pliego de reclamos que incluye:

1) Solventar el déficit de las cajas de jubilaciones no transferidas de acuerdo con los Pactos Fiscales.

2) Pagar las compensaciones pendientes del Pacto Fiscal de 2017.

3) Repartir el porcentaje del impuesto a los combustibles que iba a obras que no se hacen y a subsidiar el transporte, y que se lo está quedando la Nación.

4) Repartir el porcentaje de la coparticipación que se lleva la AFIP ahora que la achican.

5) Repartir con las provincias los ATN retenidos por Nación.

Los gobernadores creen que si Nación no accede a estos puntos demostrará que no quiere tener presupuesto 2025 porque le conviene seguir gastando sin controles a cuenta de una nueva prórroga. Es la hipótesis de Nicolás Massot.

En la semana más turbulenta del año los frentes se agravan para todos. El gobierno arriesga en Diputados sus capacidades para seguir gobernando por DNU y canjear bonos a su aire. La oposición peronista juega su crédito ante sus votantes (44% hace menos de un año) a la suerte judicial de Cristina de Kirchner.

En un país de dirigentes débiles, la solución para capear las crisis es confiar en que el tiempo las remedie. El oficialismo confía en que si le aprueban los recortes a las facultades extraordinarias de legislar con la birome, tenga efectos recién a mediados del año que viene, entre la aprobación de este martes, el receso de un Congreso sin sesiones extraordinarias (ya lo comunicó Martín Menem a jefes de bloque de Diputados), la revisión en el Senado y el minué del veto. Toda una vida.

La Casación comunicará el miércoles la decisión en torno al caso Vialidad con condenas que la encartada y su militancia confía en entrarán en el limbo de las apelaciones a la Suprema Corte. Toda una vida, también.

Los efectos de lo que resuelva la Casación explican con claridad las razones de Cristina para entrar en el barro del PJ sin abrirles el juego a sus adversarios internos. El peronismo que representa, el del AMBA, perdió en 2023 por no abrirse al peronismo del interior. Prefirió jugar la misma ficha con tal de asegurarse lo antes posible el control del partido. Pero Cristina es una dirigente que recorta, hacia afuera y hacia adentro. Esa es su fuerza y su debilidad.

Lo llama a Ricardo Quintela desde la noche cuando se conoció la sentencia de María Servini que la ungió como jefa. El riojano no le responde porque sabe que la foto de unidad le conviene ahora a ella más que a él. Si se rinde, Quintela desperdiciará todo el peronismo que logró juntar, aportado por gobernadores y dirigentes anticristinistas del Norte.

En la lista que intentó parar en cancha estaban dirigentes del Chaco como Magda Ayala, intendenta de Barranqueras, Alberto Rodríguez Saá, Roque Álvarez, presidente del bloque PJ de Tucumán, Carlos Caserio y Olga Riutort de Córdoba, bonaerenses como Victoria Tolosa Paz, «Cacho» Álvarez, Santiago Cafiero, Fernando Galmarini, Osvaldo Nemirovsci, Eduardo Di Cola, y sciolistas como Manino Iriart y Alberto Pérez, entre otros.

Un barrido de peronismo no-K tan amplio que honra la consigna del llorado Julio Mera Figueroa cuando armaba menemismo a finales de los años ’80, y que el apoderado quintelista Jorge Yoma no ha olvidado: “Menos fierros calientes y serpientes venenosas, agarramos de todo”.

El martes, un día antes de la comunicación de la sentencia, se la espera a Cristina las 12 en la sede de SMATA, gremio que operó su exaltación como jefa del PJ. Es un acto inusual que sirve como pretexto de una exhibición de fuerza, consiste en una entrega de diplomas a los 113 consejeros (75 titulares, el resto suplentes) consagrados por la Junta Electoral.

Haber desplazado de la lista de Ricardo Quintela le permite a Cristina mostrarse en esta nueva función antes de la sentencia sin esperar al 17, fecha cuando iban a abrirse las urnas. Cualquiera que sea la decisión de la Casación, tendrá como blanco a la jefa del principal partido de la oposición. No a una vecina del barrio de San Telmo. Un regalo para cualquier dirigente en problemas.

El entusiasmo de sus adversarios por verla entre rejas despierta entre sus militantes la imagen de una nueva Lula, el hombre que del calabozo pasó al poder. Ella ya hizo campaña antes con la bandera de la proscripción. Ahora renovará los títulos para la pelea del 2025.

El expediente irá a la Corte sin que nadie pueda negarle los derechos civiles y electorales. Podrá ser candidata a diputada por Buenos Aires el año que viene. La Suprema Corte ya se los protegió antes a Carlos Menem, que pudo ejercer la banca de senador hasta su muerte con la presunción de inocencia.

Las nubosidades que la amenazan son, según sus abogados, por ahora, leves. En 2017 el juez Ariel Lijo detuvo a Amado Boudou apenas se le comunicó una condena en Casación, sin esperar a las apelaciones. Argumentó que el condenado podría contar con «la información relevante, los contactos y la capacidad de acción con suficiente entidad para evadir el accionar jurisdiccional, dificultar la producción de pruebas y el recupero de los activos por los cuales se lo está intimando”.

Podría aplicársele a Cristina, que fue más que Boudou. La protege el nuevo código procesal penal, extendido a todo el país, que determina que hay que agotar todas las instancias de revisión. Nadie imagina que el tribunal de Casación, en caso de confirmar la condena por defraudación, le niegue el acceso a la apelación a la Suprema Corte. Ni que el tribunal escuche al fiscal que apeló la absolución por el delito de asociación ilícita.

A finales de la década del ’90 la Corte liberó a Menem de esa carátula, sobre la base de una argumentación del penalista Raúl Zaffaroni: un gobierno no se forma para delinquir indiscriminadamente (en eso consiste una asociación ilícita). Se constituye para gobernar, y si sus miembros cometen delitos, deberán ser abordados desde el código que pena delitos con autor específico.

El peronismo alimenta otra de las disfuncionalidades de este turno institucional. Dejó el gobierno hace un año, pero en el colegio de auditores son todos peronistas, salvo el radical Alejandro Nieva. El organismo lo preside el peronista Juan Manuel Olmos, que ha llevado a la cúpula de la AGN a funcionarios del grupo de Alberto Fernández: Julio Vitobello, Vilma Ibarra, Cecilia Todesca, Raúl Rigo y otros.

Sin representación de los diputados, pasó 2024 con el peronismo auditando al gobierno peronista que se fue. Las sesiones las convoca el diablo y las disparan los necios. La pretensión del mileísmo de imponer a un miembro de la Auditoría General de la Nación en representación de un bloque sin partido -es decir sin territorio, sin programa ni mandato, nada más que ocupar cargos- lo expone a que alguien plantee en la sesión del martes la votación de los representantes de los Diputados en la AGN.

El peronismo tiene la primera minoría en la Cámara, y con 99 diputados más una alianza con cualquier bloque podría tener dos de los tres auditores -tiene dos candidatos, Juan Forlón y Guillermo Michel-. Si se alía con el PRO puede ponerlo a Jorge Triaca, candidato de Macri. Si se alía con alguno de los bloques del radicalismo puede ponerlo a Mario Negri.

Este exdiputado había logrado, antes de la división de las bancadas, la nominación del conjunto, al que se sumaba el bloque Encuentro Federal de Pichetto. Si se alía con el mileísmo, podría imponer al abogado Santiago Viola. Nadie mueve piezas para evitar la foto equivocada.

El oficialismo alienta esta situación como si existiera un pacto no escrito, al prolongar la vacancia de la representación de los diputados. También le retacea los fondos necesarios para que la Bicameral de la AGN pueda funcionar.

Martín Menem, que no ha integrado la representación de la Cámara que preside, aportó apenas un tercio de los fondos para pagar su funcionamiento y contratos de asesores con especialidad en auditorías complejas. El Senado a cargo de Victoria Villarruel no aportó aún nada.

El formoseño José Mayans, que integra la Bicameral, llegó de su provincia con 15 bolsas de chipá. Amenaza, sino sueltan fondos para la Bicameral, con que se va a apostar en la puerta del Senado a vender esa delicia de la repostería formoseña para solventar su funcionamiento.

La Comisión Bicameral que controla a la AGN tiene al frente un cuarteto poderoso al que el oficialismo le niega el pan y la sal. Lo preside Miguel Pichetto, Mariano Recalde es el vicepresidente y hay dos secretarios, uno por cada Cámara: Álvaro González, del PRO larretista, y Juan Carlos Romero, el cacique que creó el grupo de «Los 39» que desalojó al cristinismo del control del Senado.